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El Congreso cerró esta semana un 2025 convulso que estuvo marcado por las peleas, la conmoción por el asesinato de Miguel Uribe y la negativa de las mayorías a tramitar varios proyectos del Ejecutivo. Durante todo el año, la única victoria grande del Gobierno fue la aprobación del Presupuesto de 2026 por COP 546,9 billones. Sin embargo, fue un triunfo parcial, ya que el monto original era de COP 10 billones más y las bancadas cedieron porque no querían darle luz verde al Ejecutivo para decretar el monto.
Cuando el Gobierno llevó al Legislativo un articulado para conseguir COP 16,3 billones que faltaban en ese mismo presupuesto, las comisiones económicas le cerraron la puerta. Además de la falta de una figura que liderara el debate, esa reforma tributaria se cayó por su carácter impopular, pues los congresistas señalaron que era muy complejo convencer a sus demás compañeros de autorizar más impuestos en plena Navidad y antes de elecciones.
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Los cuatro proyectos en vilo
Las reformas comprometidas para la segunda parte de esta última legislatura son la Jurisdicción Agraria, el Ministerio de la Igualdad, la ley de competencias y la ley de sometimiento. La más enredada es la última, ya que los resultados de la paz total y la escalada violenta en varias regiones han golpeado esta política que busca diálogos con grupos armados y bandas criminales.
El Ministerio de la Igualdad y la Jurisdicción Agraria siguen vivos, pero se enfrentan a una oposición que ha visto en ambas propuestas una manera de cobrar la mala ejecución del Gobierno. En las plenarias y comisiones no ha habido ambiente para discutir ambos temas y, al igual que el resto de iniciativas, tiene una pequeña esperanza entre marzo y junio del próximo año.
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La principal preocupación del equipo de gobierno es que el regreso de las sesiones ordinarias está programado para el 16 de marzo; es decir, cuando ya se haya elegido un nuevo Congreso y todas las toldas estén con el acelerador a fondo para las presidenciales del 31 de mayo.
La ley de competencias, que desarrolla la reforma al Sistema General de Participaciones, considerada uno de los mayores cambios al Estado en los últimos años, apenas fue radicada esta semana. En el Gobierno y algunos partidos creen que el debate se dará porque es un pedido de las regiones e implica llevar más dinero a las regiones, aunque algunos sectores temen que el factor elecciones también enrede el trámite.
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Entre tanto, el presidente Petro y varios de sus alfiles han reforzado la idea de tomar vías que no vayan hacia el Capitolio. Una de estas, por ejemplo, sería la emergencia económica para responder al hundimiento de la tributaria, a la que se sumaría la propuesta de una constituyente.
“La decisión de la Comisión Séptima fue apelada, aún el Congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia, si no, se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo Congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”, dijo el presidente Gustavo Petro esta semana.
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