El Gobierno adelanta un proyecto de ley de sometimiento, o de acogimiento, que planea presentar en dos semanas al Congreso para que este entre en trámite. A la cabeza de la elaboración del documento que se presentará están el ministro Rodrigo Lara (Interior) y el ministro Iván Cancino (Justicia). El martes, durante una sesión en el Legislativo, ambos presentaron los lineamientos de este proyecto.
El ministro Cancino, aseguró que "la política del Gobierno es el acogimiento voluntario al Estado de Derecho, una oferta del Estado con condiciones fijadas en la Constitución y en la ley y no una negociación abierta, demorada, intrascendente con quienes delinquen y no la cumplen".
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Además, aclaró que "en principio, el acogimiento no procede para quienes ya se encuentran privados de la libertad. En lo general, no habrá excarcelaciones por esta vía. Quien esté detenido, debe responder ante la justicia en las condiciones que esta haya determinado o que determine. No hay reconocimiento político, no lo va a haber".
Por otro lado, respecto a la aspersión de cultivos -que el gobierno suspendió tras una orden judicial-, Cancino aseguró que desde el Ejecutivo se planea "intentar hasta que se pueda desarrollar las aspersión aérea, las aspersión terrestre, las aspersión por drones, respetando cada uno de los criterios establecidos por la Corte Constitucional". Y agregó: "Nosotros respetaremos el derecho al medio ambiente, el principio de precaución, la protección de la población civil, la protección de los cultivos y de las áreas donde haya población civil, pero no se les puede olvidar que los cultivos ilícitos también violan todos los derechos fundamentales de Colombia".
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Además, desde el Ministerio del Interior, se precisó que "el Gobierno nacional en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, presentará un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento para que las organizaciones que expresen su voluntad de desmovilizarse puedan entregar las armas. También presentará ante el Congreso un estatuto antiterrorista con normas especiales para atacar a estas organizaciones, sus rentas criminales y establecer un régimen penitenciario especial para sus cabecillas".
Por otro lado, respecto al proceso de desmovilización que adelantaba la administración anterior con Comuneros del Sur, y en la que ya había 99 personas en una Zona de Ubicación Temporal, Cancino dijo: "lo que sucede hoy con las personas que estaban ya con un proyecto [de desmovilización], el Estado ya lo retomó, ya entramos en conversaciones con la Defensoría del Pueblo, con las agencias del Estado, con la Fiscalía y ya empezó ese proceso que esperamos que en las próximas dos semanas sea una primera muestra de la política de sometimiento dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella".
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"Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es, me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias. No quiero apresurarme para decir cuáles van a ser las sanciones, ya hay unos marcos internacionales que están, por supuesto que entendemos que tienen que haber un trato diferenciado, pero ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada", puntualizó.
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