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La disputa por más de 1.400 hectáreas de unas tierras que están en una suerte de limbo jurídico entre Barranquilla y Puerto Colombia acaba de destapar un duro pulso en pleno corazón del Atlántico. Tal es la tensión que el presidente Abelardo de la Espriella cargó públicamente contra el bloque político de Euclides Torres, empresario con varios lazos contractuales con el Estado y financiador del expresidente Gustavo Petro. La decisión final quedará en manos de un Congreso que numéricamente le responde al oficialismo y la barranquillera casa Char –muy cercana al actual mandatario– tiene en juego sus propios intereses.
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Se trata de un litigio por terrenos conocidos como Corredor Universitario, Ciudad Mallorquín y Villa Campestre, zonas que comprenden uno de los más exclusivos sectores de la región. Allí se ubican varias de las instituciones educativas más reputadas de la Costa, como las universidades del Caribe, del Atlántico, Libre, del Norte y la Sergio Arboleda, entre otras. Pero, además, es el escenario de un desarrollo residencial donde el valor del metro cuadrado puede superar los COP 6 millones. Censos regionales y públicos calculan que ya hay más 35.000 habitantes en un área que, según los congresistas que conocen del tema, puede identificarse con “alto potencial de crecimiento”.
Barranquilla, el epicentro del poder para De la Espriella, apunta a que los más de COP 100.000 millones que la alcaldía de Puerto Colombia calcula que se reciben anualmente por tributos derivados de la zona en disputa. Y ahí aparece la figura de los Torres, pues en el municipio que ahora mismo recibe esos dividendos funciona su centro de operaciones, por lo cual quieren que esta contienda de poder se resuelve a favor de una zona donde, incluso, está el lugar de residencia de quien comanda a este grupo.
El Instituto Geológico Agustín Codazzi (Igac) emitió en agosto pasado un concepto con el que la delimitación geográfica favoreció a la capital del Atlántico, lo que motivó a De la Espriella a decir que la ciudad recuperó unos territorios históricos. Sin embargo, el litigio lo tienen que resolver de forma definitiva las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara, las cuales tienen en sus jefaturas a dos congresistas del Centro Democático.
Eso es lo que el jefe de Estado ligó al dardo que le mandó a los Torres: “Siguen intentando meterle mano al proceso que ya definió el asunto de delimitación territorial; no vayan a permear la independencia del Congreso". El Espectador buscó al senador Carlos Meisel y al representante Daruin Castellanos Romero, quienes están al frente de las células legislativas que tienen a cargo el expediente.
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De entrada, negaron que sean objeto de presiones indebidas. Incluso, aseguraron que habrá consultas directas con las comunidades de la zona, se pedirán más conceptos técnicos y de paso ratificaron que ni quienes rodean a De la Espriella ni los que hacen lo propio con los Torres, ambos sectores con curules en el Capitolio, podrán interferir en su decisión.
En todo caso, al ser el partido del expresidente Álvaro Uribe, con quien los Defensores de la Patria y Salvación Nacional han chocado por ganarse el espacio de la derecha –lo cual aún mantiene heridas abiertas– genera expectativa de hasta dónde una decisión de límites entre municipios puede permearse por intereses políticos.
Eso sí, en esas células de decisión –que están compuestas por 27 legisladores de diferentes partidos– se reconoce que la disputa que ahora tomó una senda política y electoral no es nueva. En efecto, de acuerdo con el Igac, el antecedente de este expediente se remonta a 1913. Además, en el concepto de agosto que calentó el pulso y que consta de más de 400 páginas, se identificaron varios “errores de procedimiento” a lo largo del proceso; varios de ellos, según esa entidad, se originaron en los concejos municipales y en la asamblea departamental, como el que derivó en un pronunciamiento de 1999 que –sin competencias– había dado un primer veredicto en favor de Puerto Colombia.
Los Torres quieren que todo vuelva hacia ese pronunciamiento y que sea en su zona de influencia donde se mantengan los límites. Durante la administración anterior creció su participación en el sector transporte –incluyendo procesos de licenciación, multas e infracciones– después de lograr cercanía con el ahora expresidente Petro. Y ahora, por instrucción de De la Espriella, eso debe cambiar; eso explica por qué se le ordenó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera –ligada a la casa Char–, expedir un nuevo Código de Tránsito.
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Fuentes políticas de la región aseguraron que otro de los intereses de los Char es buscar cómo expander a Barranquilla, por lo que esas 1.400 hectáreas en disputa serían claves. Hospitales, centros comerciales y más predios residenciales son la guinda de un pastel por el que ese grupo enfila baterías en el Congreso y su contraparte, los Torres, toma medidas.
El Igac ya dijo que 1.036 de esas hectáreas son de Barranquilla y que las 366 restantes quedan en manos de Puerto Colombia, pero los dos bandos quieren la totalidad de los terrenos. Y De la Espriella ya tomó partido.
Según el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez (Partido Liberal), habría una afectación directa al desarrollo de su municipio. Dijo que el cambio de límites implicaría que más del 60 % de los COP 176.000 millones del presupuesto anual de ese municipio se fueran hacia Barranquilla. Esto lo respaldó el representante Jaime Santamaría (Pacto Histórico), oriundo del epicentro de por de los Torres.
El pronunciamiento del Igac de agosto surgió por un paso que hace cerca de un año dio la Alcaldía de Barranquilla. En ese momento, le pidió a esa entidad que redefiniera los límites basándose en fallos judiciales y administrativos que le daban la “soberanía” sobre esas tierras a la capital Atlántico, pero que dejaron al final en claro que la competencia es de las comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso. Ahí está la génesis de esta nueva disputa.
El senador Meisel confirmó este proceso y agregó que el concepto del Agustín Codazzi no es vinculante, razón por la que ese litigio aún puede tardar varios meses en resolverse. No obstante, este legislador del Centro Democrático reconoció que debe darse un pronunciamiento de fondo antes de agosto de 2027 o ahí sí lo dicho por el Igac quedará en firme.
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En todo caso, legisladores de las casas Char y Torres aseguraron que su interés, más allá del pulso político al que entró también el jefe de Estado, es potenciar la estabilidad fiscal de Barranquilla y de Puerto Colombia.
Mientras todo esto se resuelve, y las dos casa políticas también se alistan para las elecciones regionales del próximo año, está sobre la mesa un dato no menor que llegó al despacho presidencial que De la Espriella tiene de manera alterna en Barranquilla. En efecto, en los comicios pasado, Puerto Colombia fue uno de los pocos municipios del Atlántico donde el “charismo” no ganó. Hay expectativa por el desenlace de este litigio, en cual también tienen puestos sus ojos diversos sectores empresariales por el mapeo de inversión que ya se hizo en la zona.
Consulte uno de los documentos emitidos por el IGAC
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ANA CELINA(11609)•16 de septiembre de 2026 – 14:27Jaime Santamaría (Pacto Histórico), oriundo del epicentro de por de los Torres. ¿Qué significa este galimatías?
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Dunkel Damn(84992)•18 de septiembre de 2026 – 06:38Secundo, Ana…..
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ANA CELINA(11609)•16 de septiembre de 2026 – 14:24expandir, mientras que expander es una incorrección y no es un verbo válido en español. [1] (https://www.rae.es/dpd/expandir)
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Martha(69929)•16 de septiembre de 2026 – 07:40Asco de gobierno!! Vergonzante
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Gonzalo(86653)•16 de septiembre de 2026 – 07:21Politiqueros sucios y cobardes todos ellos, incluyendo al señor presidente y su manada de congresistas bastardos. Que tal si se pelean el suroccidente de la ciudad para ayudar a sus habitantes. Es allí donde se concentran los mayores índices de informalidad laboral y necesidades básicas insatisfechas. Sectores completos: El Bosque, La Sierrita, Carrizal, y los sectores de invasión. Quien puede creer en congresistas tan evidentemente corruptos?