Dos exministros del gobierno de Gustavo Petro —Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla— tienen una medida de aseguramiento encima por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sumado a ellos, congresistas también fueron salpicados en medio del escándalo y continúan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad.
Dos de ellos ya están cumpliendo, por su lado, una medida de internamiento preventivo: el senador Iván Name (Alianza Verde) y el representante Andrés Calle (Partido Liberal), y ya perdieron su investidura. Ambos, de acuerdo con declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, habrían recibido pagos de COP 3.000 millones y COP 1.000 millones para aprobar las reformas del mandatario en el Legislativo cuando eran presidentes de sus cámaras.
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Los que están en campaña
Otros cuatro están en este momento en campaña. La senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) se lanzó por a la curul indígena por su partido, Mais. Es una de las señaladas por la Fiscalía de, presuntamente, haber participado en la formación de una red de “cupos indicativos” en el Congreso para aprobar la reforma pensional. Además, habría mantenido reuniones con López y Pinilla por su interés en un contrato para el mantenimiento de pozos profundos en La Guajira. Ella ha negado cualquier implicación y ha dicho que es una “persecución política”.
Otro es el representante Wadith Manzur (Partido Conservador), quien quiere aterrizar en el Congreso. Como a otros congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, se le señala de haber suscrito un acuerdo para participar en contratos de la Ungrd en el Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena. Aparece mencionado en los chats de la exasesora de Bonilla María Alejandra Benavides y ha negado su implicación.
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A él se suma la representante Karen Manrique, en busca de la reelección en la curul de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). De acuerdo con López, la congresista habría actuado como emisaria del Gobierno en la Cámara de Representantes cuando era presidente de la Comisión Tercera para pactar contratos que certificaran apoyos para las reformas. En todo momento, la congresista ha dicho que no ha tenido nada que ver con la red de corrupción.
Por último, está el senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U). Aparece como uno de los principales beneficiarios políticos y es señalado de haber recibido proyectos de infraestructura y agua a cambio de apoyar las reformas del Gobierno. Su caso lo lleva la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana por el presunto direccionamiento de contratos en Sahagún y otros municipios de Córdoba. Chagüi mantiene que es inocente y que se defenderá en el proceso.
Los que no seguirán en el Congreso
Sumados a ellos, hay otros tres que no buscarán una reelección en el Legislativo: los senadores Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo y Julián Peinado (ambos del Partido Liberal). Además, está el exrepresentante Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Todos ellos han negado su implicación en los hechos y han insistido en que son inocentes.
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Las investigaciones siguen avanzando y, de acuerdo con la Fiscalía, fueron cerca de COP 612.237 millones los que entraron en ese entramado de corrupción. Sin embargo, hay dos prófugos de la justicia en todo el caso: el exdirector del Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González y el exdirector de la Función Pública, César Manrique.
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