En medio de la controversia, una vez más, por la propuesta de ponerle fin a la ley de garantías, este miércoles la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales insistieron en sus llamados y se unieron a las voces que piden derogar la norma, que prohíbe la contratación cuatro meses antes de elecciones para evitar que los mandatarios salientes terminen beneficiando con la chequera del Estado a ciertos candidatos.
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Según argumentaron las agremiaciones territoriales, se “ha demostrado” que la ley “está desactualizada, no corresponde al escenario actual y ha creado más limitaciones y desincentivas a la gestión pública que cualquier otro beneficio”.
Los gremios llamaron la atención por el impacto económico de la pandemia, recordando que tres millones de colombianos han regresado a la pobreza, a lo que se suma, dicen, las restricciones para ejecutar sus planes de desarrollo. De acuerdo con las organizaciones, las gobernaciones y alcaldías se encuentran en un proceso de recuperación y reactivación, por lo que “es imperativo” que se puedan ejecutar recursos, continuar obras, y desarrollar proyectos de reactivación económica.
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“Hoy más que nunca los alcaldes y gobernadores necesitan afianzar la descentralización y superar los obstáculos y barreras que les dejó la pandemia por medio del desarrollo de convenios y proyectos que permitan no solo contribuir al desarrollo económico y social de la población sino superar una posible interrupción de las inversiones que se están haciendo en los diferentes departamentos y municipios”, explicaron.
Este mismo miércoles, el presidente Iván Duque, desde Nueva York, cambió de opinión y dio su espaldarazo a que se le ponga fin a la iniciativa. “Hay que recordar las cosas en contexto. En Colombia ya no hay reelección, al no haber reelección tenemos una circunstancia distinta”, fueron las palabras del primer mandatario, que recordó que los mandatarios locales comenzaron en enero de 2020 y no tuvieron un tiempo prudencial para llevar a cabo sus proyectos debido a que a los pocos meses enfrentaron la pandemia.
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Según el presidente, además de este año y medio de retrasos en la ejecución por la situación sanitaria, la ley de garantías le agregaría casi un año más a esta imposibilidad de desarrollar la contratación. “Si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que tendrían que enfrentar seis meses antes de su elección, esto quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que han sufrido a la pandemia”, argumentó el primer mandatario.
Sin embargo, el presidente ha sido cuestionado debido a que tuvo una posición totalmente distinta cuando fue senador y ya se había revocado la reelección presidencial. Son varias las ocasiones en las que el ahora primer mandatario se expresó contra la propuesta del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos de eliminar la ley de garantías debido a que ya no existía la reelección.
En noviembre pasado, ante el llamado de alcaldes para derogar la ley en la discusión del Código Electoral, alegando que limitaba su gestión y dificulta la recuperación en tiempos de pandemia, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), alertó que se abriría la puerta al clientelismo.
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“Ahí se puede abrir la compuerta para el clientelismo y a que se les pueda meter mano a los bienes y recursos del Estado para favorecer campañas. Imagine quitar la prohibición de inaugurar obras o dar inicio a programas sociales con presencia de candidatos o sus voceros. Frente a los reclamos hay que recordar que estamos en un sistema presidencialista, y eso significa que tenemos certeza de cuáles son las fechas de las elecciones. Cuando se tiene esa certeza hay algo que se llama planeación”, explicó en su momento Barrios.
