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La Ley de Garantías vino de la mano de la reelección presidencial como una forma de equilibrar el tablero ante la posibilidad de tener un presidente-candidato. Desde su origen, en el primer gobierno de Álvaro Uribe en 2005, hubo sectores que se oponían a esta. Algo que se acentuó aún más con la reforma de 2015 que eliminó de tajo esa reelección.
En ese momento, fue el propio presidente Juan Manuel Santos el que pidió que esta ley fuera derogada, pues no encontraba sentido a que se mantuviera cuando su principal razón había desaparecido. Por eso, incluso antes de que el fin de la reelección llegara a buen puerto, el entonces primer mandatario se embarcó en la cruzada para acabar con esta ley.
“Esa norma que les exige a los alcaldes y al Gobierno fue establecida para la reelección, pero como ya no hay reelección, ni de gobierno nacional, ni de alcaldes. Hay que derogar urgente esa Ley de Garantías”, fue la orden que le dio el entonces presidente Santos a quien ejercía como su ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. El pronunciamiento lo hizo durante un encuentro de Fedemunicipios en Cartagena.
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En este mismo sentido, señaló que derogar dicha ley permitiría que se aprovechara el presupuesto y se llevara a su ejecución completa, pues siempre quedaba un amplio porcentaje sin invertir por los períodos que no podían llevar a cabo la contratación directa y la celebración de convenios administrativos e interadministrativos, que es lo que determina la norma.
Curiosamente, los que más se opusieron en ese entonces a la propuesta de Juan Manuel Santos fueron los que hoy proponen derogarla. “Tumbar Ley de Garantías es recurso de malos perdedores para conseguir victorias fraudulentas. Eliminar la Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”, expresó en una intervención pública el expresidente Álvaro Uribe, ya convertido en férreo contradictor de Santos.
El líder del Centro Democrático también dijo en ese momento que lo que estaba haciendo el entonces jefe de Estado era una “trampa” con el único fin de eliminar “cualquier norma o institución que le impida entregar el país a Farc”. En esta misma línea se pronunció el actual presidente, Iván Duque.
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En ese momento era senador, y en varios espacios, incluyendo Twitter, fue un acérrimo contradictor de la propuesta que venía del Ejecutivo, pero que era en respuesta a un pedido de hace varios años de Fedemunicipios. “‘He eliminado la reelección’, usted podría decir. Pero usted está habilitando con esto la reelección de los partidos. Esta poniendo en situación de indefensión a los partidos minoritarios como lo vivió México durante 70 años con un régimen de partido”, dijo Duque ante el Congreso.
“Se permite que la contratación estatal se adecue en función de los intereses del partido de Gobierno y eso lacera a la democracia colombiana. Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga porque da ejemplos de la contratación estatal y evita que el partido de Gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus efectos. Estaremos eliminando los partidos minoritarios con vocación de oposición”, dijo el hoy primer mandatario cuando hacía parte de la bancada uribista en el Senado.
En una entrevista con medios recalcó: “La idea de que con esto se va a estimular la economía es un falso dilema. Hay que reconocer que un alcalde que ha hecho una buena planificación, sabiendo que tiene Ley de Garantías, ha debido presupuestar ese gasto desde el año anterior. Hay que recordar que esta no es la primera vez que se dan elecciones regionales con la Ley de Garantías, así ocurrió en 2007 y 2011″. Y concluyó Duque diciendo que la intención era “liberar gasto que puede traducirse en mermelada”.
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Seis años después, curiosamente, el ahora presidente de la República está del lado de los que proponen derogar la ley. Incluso, han sido varios los momentos de su gobierno en los que se ha intentado quitar las restricciones en la contratación durante la época electoral. El primer anuncio en contra de la Ley de Garantías vino en una reunión con Fedemunicipios en 2020. Allí, el mandatario, en línea con los alcaldes del país, les dijo que, en efecto, se necesitaba derogarla.
Varios días después, en la reforma al Código Electoral, se incluyó un punto que buscaba tumbar los principales efectos de la mencionada norma: evitar la contratación directa y los convenios administrativos e interadministrativos en los cuatro meses anteriores a un proceso electoral. En este momento hubo polémica, y la oposición amenazó con retirarse de la discusión en el Congreso si se incluía este punto.
Al final, no se incluyeron en la iniciativa los cuestionados artículos, pero ello no disminuyó el interés del partido de Gobierno, el Centro Democrático, por derogar la Ley de Garantías. Por eso, el pasado 20 de julio se radicó un proyecto en el que, supuestamente, se trata de borrar la palabra reelección de todo el ordenamiento colombiano, pero lo cierto es que el principal punto es quitar los efectos restrictivos en la contratación durante la época electoral.
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“Deróguese los artículos 4º, 6º, 9º, 27, y 33 de la Ley 996 de 2005”, se lee en el primer apartado del proyecto. Y precisamente el artículo 33 es el que establece que “durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”.
En un sentido parecido, la iniciativa del uribismo también entra a modificar el artículo que establece las prohibiciones de los servidores públicos durante los procesos electorales. En la reforma propuesta por el Centro Democrático y otros partidos afines, se elimina la restricción a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas para que estos no puedan “celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos” en los cuatro meses anteriores a un proceso electoral, sea nacional o regional.
Sin embargo, este proyecto no ha tenido el trámite necesario para que tenga efectos para las elecciones del próximo año. Por eso, ahora se ha intentado afectar la Ley de Garantías a través del Presupuesto General para 2022. Como este tiene mensaje de urgencia del mismo presidente Duque, y debe salir sí o sí antes del próximo año, sería la fórmula ideal para que se cumpla con la intención que ha perseguido desde hace un tiempo el partido de gobierno.
Sin embargo, en esta ocasión, no se entraría a afectar a totalidad las restricciones a la contratación fijadas por la Ley de Garantías, solo el punto que establece que no se puede celebrar convenios administrativos e interadministrativos en los cuatro meses anteriores a las elecciones.
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Este punto ha sido bastante polémico. Y contrario a su posición cuando era senador, el primer mandatario le ha dado apoyo total. “Hay que recordar las cosas en contexto. En Colombia ya no hay reelección, al no haber reelección tenemos una circunstancia distinta”, fueron las palabras del primer mandatario, haciendo énfasis en que los alcaldes han visto limitada su capacidad de ejecución por la pandemia del COVID-19.
“Si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que tendrían que enfrentar seis meses antes de su elección, esto quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que han sufrido a la pandemia”, argumentó Duque ante un grupo de periodistas que lo cuestionó durante su actual visita a Nueva York. Sin embargo, hizo la aclaración de que abolir este punto de la Ley de Garantías debe venir acompañado de un mayor seguimiento por los organismos de control.
Queda claro, eso sí, que a pesar de las diferencias que ha marcado el Centro Democrático, terminó apoyando una propuesta hecha por el expresidente Juan Manuel Santos, a la que en su momento se opusieron con uñas y dientes.
Más allá de las posturas y conveniencias políticas, los expertos han advertido que esta legislación es más que necesaria, así no haya reelección. Cuando se intentó derogar la Ley de Garantías durante la discusión de la reforma electoral, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), expresó que la no existencia de la reelección no significa automáticamente que “no se puedan desviar recursos para contratar y así favorecer una campaña”.
Además, en ese momento recordó que no se torpedea la gestión del Ejecutivo en sus distintos niveles, pues la restricción es para “contratar a dedo, (…) en ningún momento se está diciendo que no pueden licitar”.
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