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Los integrantes del último Secretariado de la otrora guerrilla de las Farc emitieron un comunicado reiterando su disposición para cumplir con las sanciones que determinó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en múltiples secuestros.
En un primer momento, la JEP había establecido una pena de ocho años para los siete exmiembros del Secretariado de las extintas Farc, por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Sin embargo, al resolver las apelaciones, los magistrados determinaron que la sanción debía establecerse de manera individual, teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y el rol que desempeñó cada compareciente.
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Por eso mantuvo ocho años para Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo; redujo la sanción a siete años para Pastor Alape, a seis para Julián Gallo y a cinco para Rodrigo Granda. Además, explicó con mayor precisión cuál fue la participación concreta de cada uno dentro de la política de secuestros.
En ese sentido, Rodrigo Londoño aseguró: “Entendemos el cumplimiento de las sanciones propias como una oportunidad para avanzar en los propósitos restaurativos del Sistema Integral para la Paz, particularmente en la realización de acciones dirigidas a responder por los daños ocasionados a las víctimas y a los territorios afectados por el conflicto armado”.
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Además, los comparecientes manifestaron que están “a la espera de la respuesta de la Sección de Apelación frente a las solicitudes de aclaración presentadas por comparecientes, víctimas e instancias internas de la JEP, indispensables para dar certeza jurídica y operativa al inicio del proceso”.
Y reiteraron su compromiso con el cumplimiento de las sanciones que determine la JEP. En la misiva se asegura que se le ha solicitado “al Tribunal, en medio de la incertidumbre que han dejado las recientes declaraciones del Gobierno Nacional, que se preserve y se den plenas garantías al proceso de reincorporación de los más de 13 mil exintegrantes de las extintas Farc”.
“La construcción de paz requiere decisiones judiciales, pero también condiciones, entre ellas las de seguridad, necesarias para que estas puedan hacerse realidad en los territorios”, finaliza el comunicado.
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En ese sentido, De la Espriella asumió el liderazgo de un país que atraviesa una compleja crisis de seguridad -además de la crisis humanitaria desencadenada por el terremoto-, en la que las comunidades, las víctimas del conflicto armado y la ciudadanía en general continúan siendo las principales afectadas por la violencia y cargan con las consecuencias de una guerra que, contrario a lo prometido por el presidente Gustavo Petro, no logró reducirse durante los últimos cuatro años.
En este panorama, su estrategia no será nada similar a la de la administración pasada, de hecho, señaló, antes del 7 de agosto, que si de él dependiera, eliminaría “con un plumazo” algunos de los componentes del acuerdo de paz como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Postura que, sin embargo, no ha vuelto a reiterar luego de asumir el poder.
Además, afirmó que ordenó eliminar “consejerías, agencias y oficinas que duplican funciones” y trasladará esas competencias “a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”, entre ellos afirmó que se acabará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también la figura del Comisionado para la Paz, esas funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
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Asimismo, detalló que el objetivo de su gobierno será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”.
Esas declaraciones han generado fuertes críticas desde sectores cercanos al gobierno de Petro pero también por parte de promotores de la paz. El expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos ha asegurado en repetidas ocasiones que la Constitución indica que como jefe de Estado debe respetar el acuerdo de paz.
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Por Luna Mejía Farías
