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El Gobierno de Gustavo Petro, a través de las resoluciones 297 y 298 de 2026, oficializó el retiró del diálogo que se adelanta con la estructura criminal que comanda alias “Calarcá”. El proceso con esa disidencia se mantiene en la actual administración, pero no tiene avances tangibles.
El Espectador pudo conocer que, a través de ese documento oficial, se dio la orden de “revocar los reconocimientos como miembros representantes de Jonathan Jair Narváez Quintero, Alexander Farfán Suarez, Jaime Muñoz Dorado, Yenimahr Nasare García, Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina, Guido Mauricio Ortiz Murillo y Andrés Orlando Ayala Garzón”.
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En ese sentido, al revocar estos reconocimientos, se reactivan las órdenes de captura que permanecían suspendidas en medio del proceso de paz. “Por intermedio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, comunicar la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, y el Decreto No. 1081 de 2015, para el levantamiento de la suspensión de las órdenes a que haya lugar”, se lee en el documento.
Respecto a Jonathan Jair Narváez Quintero, Alexander Farfán Suarez y Jaime Muñoz Dorado, Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina y Guido Mauricio Ortiz Murillo la resolución indica que “actualmente no se constata una voluntad de continuar apoyando el proceso de paz, por lo que se hace necesario revocar sus designaciones”.
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En cuanto a Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, se asegura que, “pese a que participaron en actividades de la Mesa de Diálogos de Paz, se hace necesario revocar sus designaciones, toda vez que se presume estas personas se encuentran fallecidas”.
Sin embargo, algunos de esos disidentes mencionados dentro de la resolución están muertos o no hacen parte de la mesa con alias “Calarcá” desde hace unos años. Tras la ruptura interna del proceso con el Estado Mayor Central, otra disidencia de las Farc y que derivó en una ofensiva del gobierno Petro contra alias “Iván Mordisco” y sus estructuras criminales, esta organización ilegal se dividió en dos: el ala “Mordisco” y el ala “Calarcá”.
Varios de los miembros de esa estructura también se dividieron y algunos quedaron bajo la sombrilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), al mando de “Calarcá”, pero continuaron operando en Cauca, territorio en el que también delinquen las estructuras de “Mordisco”. Por lo tanto, aunque el gobierno aún contemplaba sus nombres dentro del proceso de paz con el EMBF en el papel, en la realidad varios de esos disidentes no estaban en el diálogo.
En los anexos de la resolución también se específica el perfil de cada uno de los disidentes que fueron retirados del proceso.
La negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frentes se dio bajo la cuestionada política de paz total del gobierno Petro tras la ruptura de los diálogos con alias “Mordisco”. En esa división, algunos bloques decidieron abandonar los diálogos mientras que otros se quedaron bajo la comandancia de alias “Calarcá”.
En el papel, se encuentran activas siete de diez mesas de diálogo con diferentes grupos al margen de la ley. De todas las mesas de diálogo que impulsó la política de paz de Petro, únicamente la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano permanece activa y muestra resultados concretos.
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En contraste, el proceso que estaba llamado a convertirse en el principal emblema de esa estrategia, la negociación con el ELN, terminó estancándose entre periodos de inactividad y nuevos episodios de terrorismo perpetrados por esa estructura ilegal que llevaron a su suspensión.
Luego de varios ataques contra la población civil y la fuerza pública, sumados a las diferencias generadas por una negociación paralela con algunos de sus frentes, que derivaron en otra disidencia que se agrupó bajo la chapa de “Comuneros del Sur”, el Gobierno y el grupo criminal no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que la mesa de diálogos se rompió en septiembre de 2024.
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El proceso con el Estado Mayor de Bloques y Frente permanece activo, aunque no han mostrado avances concretos.
En este contexto el presidente electo manifestó que, al asumir el poder, el enfoque se volcará por completo hacia la seguridad y todas las oficinas de paz se eliminarán o se trasladarán hacia el sector Defensa.
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Es en ese panorama que Abelardo de la Espriella asumirá el mando de un país que está inmerso en una compleja crisis de seguridad, en la que las comunidades, las víctimas del conflicto y la población civil continúan siendo las principales afectadas. Los efectos de la guerra persisten y, durante los últimos cuatro años, la violencia no mostró la reducción que prometió el saliente presidente Gustavo Petro.
Vea la resolución completa:
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Por Luna Mejía Farías
