Los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 se reunieron este miércoles para construir un mensaje conjunto hacia el presidente electo, Abelardo de la Espriella y todo su gabinete ministerial. En el comunicado construido, se refirieron al cumplimiento y la implementación de este documento, que les resulta fundamental sobre todo bajo la crítica situación se seguridad que atraviesa el país.
“La transición democrática entre gobiernos expresa la fortaleza de nuestras instituciones, pero también pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para honrar la palabra empeñada. En este contexto, las y los firmantes del Acuerdo Final, reunidos en este Encuentro Nacional , fijamos nuestra posición frente a los anuncios públicos que han generado preocupación en los territorios, entre las víctimas y en la comunidad internacional”, se lee en la misiva.
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En ese sentido, y frente a la pregunta de si el nuevo gobierno puede o no desmontar el Acuerdo de Paz manifestaron que “la respuesta es categórica, jurídica y políticamente absoluta: No. No puede hacerlo porque la paz ya no es un programa de gobierno ni una concesión transitoria de un mandato a otro”.
Además, precisaron que este acuerdo es un compromiso de “Estado con rango constitucional” que se ha construido de manera colectiva por las y los colombianos de todo el territorio nacional, por lo que acabar con él o debilitarlo “no es un ajuste administrativo o presupuestal menor: es una ruptura del orden constitucional, una violación a la buena fe internacional y un ataque directo a los derechos de las víctimas que han depositado su esperanza en este proceso”.
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En ese sentido, se refirieron a las declaraciones que hizo recientemente el presidente electo sobre la eliminación de las oficinas de paz.
“Cuando el presidente electo anuncia el ‘desmonte total del sistema de impunidad’, la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la desaparición de la Unidad de Implementación y un recorte de 20 billones de pesos que golpearía a la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, lo que se anuncia no es una política de gobierno legítima: es el desconocimiento del principio de cosa juzgada, de la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la estabilidad de todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
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Y agregaron: “Estas declaraciones no son opiniones de campaña; son amenazas directas al Estado de Derecho”.
En esta línea, según lo manifestado por los y las firmantes, este acuerdo no se firmó para beneficiar solo los excombatientes, sino que al contrario tiene el propósito de generar una transformación territorial que viene acompañada de un proceso de reparación para las víctimas. “A casi una década de implementación, la reincorporación ha demostrado ser un proceso de desarrollo que beneficia también a las comunidades que históricamente padecieron el conflicto”, se lee en la misiva.
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“No desconocemos los desafíos que persisten. Las afectaciones a la seguridad de las y los firmantes y de los liderazgos sociales siguen siendo una tragedia nacional”, dijeron. En este sentido, según Indepaz, desde la firma del acuerdo en 2016, han sido asesinados 521 firmantes: 509 hombres y 12 mujeres, algo que, según fuentes le contaron a El Espectador, mantiene un ambiente de incertidumbre por la escalada de violencia y la presión de grupos armados que llaman al enfrentamiento violento.
“Frente a esta coyuntura, las y los firmantes del Acuerdo Final planteamos al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la comunidad internacional tres prioridades. Primero, la suscripción de un Pacto Nacional por la Continuidad del Acuerdo Final en los primeros 100 días de mandato [...]. Segundo, la incorporación explícita de la implementación del Acuerdo en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, con metas verificables, recursos suficientes y enfoque territorial [...]. Tercero, el cese inmediato de la estigmatización contra la población firmante y el respeto irrestricto a la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda cuyas decisiones tienen efectos de cosa juzgada y son innegociables”, se lee en el comunicado.
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Por Luna Mejía Farías
