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El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, se fue nuevamente contra Abelardo de la Espriella por sus posturas en contra del Acuerdo de Paz. “Él el 7 de agosto va a decir juro por Dios y le prometo al pueblo cumplir con la Constitución y las leyes, pues resulta que la Constitución y las leyes dicen expresamente que tiene que implementar el Acuerdo de Paz”, aseguró el presidente.
“Si quiere modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene que hacer una reforma constitucional. ¿Y qué le va a pasar? Que se va a encontrar con un muro de contención. No va a tener las mayorías en el Congreso, como no las tuvo Duque cuando quiso hacer lo mismo”, aseveró Santos.
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Además, aseguró que De la Espriella se “va a dedicar a tratar de modificar el Acuerdo de Paz y el resto de los problemas, que son muy serios, los va a dejar a un lado, va a perder el tiempo en esa pelea que está perdida”.
En ese sentido, reiteró que “estamos hablando de alguien que ha dicho cosas directísimas respecto a su animadversión respecto al proceso de paz que se firmó. Ha dicho cosas como que estaría dispuesto a hacer lo necesario para que los guerrilleros que se incorporaron a la vida política vayan a la cárcel, directamente. Pero, nuevamente, una cosa es decir eso como candidato y otra cosa es enfrentarse a la comunidad internacional”.
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En medio del complejo escenario que dejó la política de paz total, el país se prepara para un giro hacia la derecha con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Sin embargo, persisten las dudas sobre el rumbo que tomará la implementación de la paz durante los próximos cuatro años.
Desde el inicio de su mandato, el presidente electo dejó claro que su prioridad será la seguridad y anunció que las oficinas encargadas de los asuntos de paz desaparecerán o serán integradas al sector Defensa.
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Este panorama ha despertado inquietudes entre distintos sectores. Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, y Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, expresaron su preocupación por el futuro del proceso. “Cualquier movimiento, diferente a avanzar con la implementación, puede ser un grave incumplimiento al Acuerdo y a los compromisos internacionales que tiene Colombia al respecto”, sostuvo Cuartas.
A su vez, Goebertus afirmó que existe una “obligación que está dentro de la Constitución colombiana de cumplir de buena fe, por parte de todas las instituciones, el Acuerdo. Colombia ya vivió la experiencia bajo el gobierno Duque del tiempo perdido en un debate político sobre si se debía avanzar o no en su implementación. Sería fundamental que este gobierno priorice la recuperación de las condiciones de seguridad con un énfasis en la protección de la población”.
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Por Luna Mejía Farías
