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Alerta en Fondo de Adaptación: rastrean millonarias movidas políticas por ruido de corrupción

El Espectador rastreó la red de intereses políticos y posibles irregularidades detrás de jugosos contratos de una entidad que debe enfrentar los efectos del cambio climático. Fuentes del Ejecutivo advierten que hay poderes que van por más de un COP 1 billón. La Casa de Nariño responderá en los próximos días con un extenso informe.

David Efrén Ortega

29 de noviembre de 2025 - 09:30 p. m.
Fondo de Adaptación, rastrean contratos y movidas durante gobierno Petro.
Foto: Eder Rodríguez
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Una de las entidades más técnicas del Estado, con un presupuesto anual de más de COP 660.000 millones y a cargo de un proyecto de COP 1,12 billones clave para el Caribe, podría ser el escenario de un nuevo escándalo de grandes proporciones que tiene a varios de los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Gustavo Petro con las alarmas encendidas. De acuerdo con fuentes del propio seno de la Casa de Nariño, hay dos fuerzas políticas que, con la venia del Ejecutivo, se apoderaron de puestos claves y desataron una feria de contratación para beneficiar a sus aliados.

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El Espectador rastreó las huellas de varios nombramientos y convenios recientes y encontró dos caminos que conducen a bloques partidistas fundamentales para la Casa de Nariño y el futuro de sus reformas. A estos hallazgos se suman las alertas que desde el mismo gabinete del jefe de Estado y los órganos de control se han lanzado con respecto a posibles casos de corrupción, favorecimiento de contratistas y bloqueos a interventores.

Se trata del Fondo de Adaptación, el cual fue creado para reconstruir y reactivar las zonas devastadas por el fenómeno de La Niña de 2010 y 2011. Y aunque, teóricamente, debió morir tras la atención de esta emergencia, está a punto de cumplir 15 años y hoy es una de las entidades más codiciadas por los políticos, debido al flujo de recursos que maneja y a los abultados salarios de sus empleados, pues los asesores de nivel medio pueden llegar a recibir cerca de COP 25 millones mensuales.

Durante la administración Petro, el fondo ha estado en manos de algunos de sus alfiles de mayor confianza, como Javier Pava, Helga Rivas y Carlos Carrillo. Pero también fue manejado por Olmedo López, el protagonista del mayor caso de corrupción de los últimos tres años: el del saqueo a las arcas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por el cual hay dos alfiles íntimos del presidente Petro prófugos (Carlos Ramón González y César Manrique) y dos de sus exministros a punto de ser imputados (Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla). Desde que estalló esa polémica, los organismos de control han seguido con lupa los recursos de esta entidad.

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Aunque tras ese escándalo Petro delegó en Rivas (hoy ministra de Vivienda) y Carillo (hoy director de la UNGRD) la gerencia del fondo, en este último semestre de 2025 ordenó varias movidas que han causado inestabilidad en la entidad y la aparición de cuotas políticas. A mediados de junio, la Presidencia postuló para el cargo a Johan Steven Londoño, pero el nombramiento no se concretó. Varias voces del petrismo cuestionaron esa opción al tachar a Londoño como cuota del cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, pues fue gerente de proyectos estratégicos en su mandato.

Luego apareció en el panorama el nombre de Katherine Rojas Montenegro, quien fue anunciada como gerente a principios de septiembre, pero salió en octubre en medio de las denuncias de su antecesor, Carlos Carillo, por el presunto favorecimiento al contratista del proyecto “Ruta del arroz”, iniciativa para reactivar la economía de las familias de La Mojana (subregión históricamente afectada por inundaciones) que se dedican al cultivo de ese cereal y se han visto afectadas por las inundaciones. Finalmente, el jefe de Estado dejó el Fondo en manos de quien hoy, junto al ministro Armando Benedetti, es su mano derecha: la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

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Katherine Rojas fue gerente del Fondo de Adaptación
Foto: Fondo de Adaptación

Feria de contratos en el Fondo de Adaptación

En medio del desorden administrativo de la entidad y ante las alarmas de lo que podría ser un escándalo de proporciones similares al de la UNGRD, las fichas políticas no dejaron de moverse. Pese a no quedar en el cargo principal, Johan Steven Londoño fue nombrado a mediados de septiembre como subgerente de proyectos, despacho crucial para la estructuración y contratación de millonarias inversiones.

Además de su pasado con Quintero, Londoño resultó siendo cercano a la senadora Berenice Bedoya, de quien es yerno. Ella hace parte de la Comisión Séptima del Senado, la misma que se convirtió en una arena adversa para el Gobierno por la decisión de sus mayorías, incluida Bedoya, de enterrar la reforma laboral y la reforma a la salud. Sin embargo, tras la presentación de la segunda versión de este último proyecto y la puerta que abrió la congresista a conversar sobre el articulado, su voto se convirtió en un objetivo central para el ministro del Interior, encargado de sumar los apoyos congresionales para la agenda oficialista.

Gustavo Petro y Berenice Bedoya, presidenta de ASI y senadora de la Comisión Séptima.
Foto: Presidencia

Este diario pudo establecer que, tres días después de llegar a la entidad, en pleno debate de los proyectos, Londoño entregó más de una docena de contratos a aliados y cercanos de su suegra y del partido que preside, la Alianza Social Independiente (ASI). La avalancha de firmas inició el 17 de diciembre con la contratación por COP 43 millones de Russell Ramírez, quien se define como abogado y militante de ASI y a quien Bedoya llevó al Congreso como contratista de la Comisión Séptima.

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En la lista también está Juan José Poveda Daza, quien recibió un contrato de COP 85 millones en la Subgerencia de Proyectos y hace parte del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del ASI. Otro de los casos llamativos es el de Joaquín Emilio Zapata, contratado por Londoño por un valor de COP 117 millones en total, lo que implica un sueldo mensual cercano a los COP 10 millones. Zapata no solo es cercano a Berenice Bedoya en materia política y ha trabajado en varias entidades de municipios antioqueños donde ella es influyente, sino que también es financiador de sus campañas, pues en 2022 le hizo un aporte de COP 20 millones.

Otra ficha de la senadora es Óscar Enrique Bedoya, que recibió un contrato de COP 160 millones para trabajar en temas de comunicación. Fue veedor del partido ASI, contratista de la Comisión Séptima y, además, fungió durante septiembre como abogado de ella en un caso ya mencionado, el de la corrupción en Gestión del Riesgo.

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Según declaraciones de Olmedo López, en junio de 2023 la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, habría iniciado una conversación junto a Berenice Bedoya para presentarle en un celular un contrato que podría tramitarse desde su despacho. Además, según López, por esas fechas también habría recibido indicaciones de Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, para “apoyar” a la Comisión Séptima.

La lista de aliados de Bedoya y ASI es más larga e incluye a candidatos, exconcejales y otras figuras que trabajaron en la alcaldía de Daniel Quintero o que tienen en común una trayectoria en municipios antioqueños en los que también ha hecho su carrera la presidenta del partido que justo esta semana anunció una coalición con Alianza Verde, En Marcha y otras colectividades para asegurar curules en el Senado.

De acuerdo con fuentes del Fondo de Adaptación que hablaron bajo reserva con este medio, el ASI no es el único partido que tomó fuerza en la entidad, pues también se deben incluir a las fichas de La U, otro movimiento clave para Petro y que, aunque tiene directivas opositoras al Gobierno, está fragmentado por varios legisladores que han mantenido sus nexos burocráticos con el Ejecutivo.

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El Fondo de Adaptación tiene millonarios recursos para obras en La Mojana.
Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

En este punto, el nombre clave es Carmen Yamile Saba, quien está al mando de la Gerencia de Estructuración. En el mismo periodo de los contratos anteriores, la funcionaria firmó varios procesos con personas relacionadas con La U. De hecho, ella misma ha sido candidata por ese partido y en 2022 se acercó al Pacto Histórico.

Con su rúbrica aparecen algunos de los contratos más cuantiosos, como el de Óscar Fabián Echeverry, quien trabajó en el centro de pensamiento de La U, por COP 175 millones, o el de Luis Fernando Mora Mora, quien gana COP 195 millones al año y está casado con Angie Stefany Pineda Ronderos, asesora de la secretaría general de La U y también candidata en el pasado por la misma colectividad. A ellos se suma Jennifer Andrea Kopp Manrique, quien aparece registrada como auditora de La U, y fue contratada por la Subgerencia Estructuración por COP 160 millones.

De acuerdo con fuentes del Gobierno consultadas por El Espectador, la ya mencionada Katherine Rojas sería cercana al mismo partido y al ministro Benedetti, quien también militó en esas filas. Al ser consultado al respecto, el jefe de la cartera política negó conocer a la exdirectora del Fondo y tener relación con cualquier tipo de movimiento contractual o político en esa entidad. Sin embargo, este diario estableció que quien aparece como cónyuge de la exfuncionaria, Tito Lovo Carretero, está en uno de los principales cargos de la cartera que maneja Benedetti, ya que es subdirector de proyectos. En este puesto, Lovo trabaja de la mano del viceministro Jaime Berdugo, quien llegó a la entidad después de estar vinculado a empresas del clan Torres de Puerto Colombia (Atlántico).

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Por otra parte, a varios funcionarios del Fondo les ha llamado la atención que algunos contratos millonarios han llegado a municipios donde el alcalde es ficha de La U. El caso más reciente es el de un convenio con el municipio de San Marcos (Sucre), por más de COP 8.600 millones, para el desarrollo de infraestructura “resiliente para el saneamiento, ante fenómenos de variabilidad climática”.

El alcalde de San Marcos es Arnulfo Ortega, avalado por el partido en cuestión. De acuerdo con voces de la región, quienes mandan la parada en materia de candidaturas en ese departamento son Milene Jarava, hoy representante de La U, y su exesposo, el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña, quien fue investigado por parapolítica. Actualmente, Jarava es un voto clave para el Gobierno, pues de hecho fue una de las integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara que este miércoles votó no al archivo de la reforma tributaria, y está haciendo campaña para mantenerse en el Capitolio con el aval de su partido.

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El Espectador habló con Berenice Bedoya, quien negó que ASI tenga cargos en el Gobierno y dijo que no tuvo que ver con el nombramiento de Londoño y que no le “sorprende” que sus asesores puedan ser considerados para trabajar en otros espacios. Londoño, por su parte, le dijo a este diario que fue retirado del cargo hace ocho días y que “las pocas personas que fueron contratadas para acompañar las actividades ligadas a la subgerencia, fueron consideradas por su capacidad, conocimiento y experiencia en el sector”. Finalmente, el ministro Benedetti negó que exista un acuerdo con los dos partidos mencionados y advirtió que las relaciones con ambos bloques están rotas desde la elección del magistrado Carlos Camargo (Corte Constitucional); agregó que no cree que respalden la reforma a la salud.

Angie Rodríguez y las movidas del gobierno Petro en el Fondo de Adaptación

A todas estas polémicas contrataciones se suman procesos que están en la Procuraduría e incluso en la Fiscalía por posible corrupción en el Fondo de Adaptación. Este diario conoció que uno de los primeros procesos del programa “Dinámicas Hídricas para la ecorregión de La Mojana”, que es el que tiene COP 1 billones de presupuesto, ha sido foco de posibles manejos oscuros.

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A finales de 2024, cuando la entidad se preparaba para adjudicar un contrato de COP 56.000 millones para el diseño de medidas que permitan regular el sistema hídrico de la región, protegiendo a más de 462.000 habitantes afectados por las inundaciones de La Mojana, se recibió una denuncia titulada “Corrupción – Favorecimiento al proponente” que terminó en la cancelación del proceso. El caso fue remitido a la Fiscalía, que investiga el presunto “direccionamiento” desde el comité evaluador del Fondo.

Foto: Fondo de Adaptación

Así mismo, en octubre de este año, la Procuraduría le puso la lupa a otro proceso millonario de la entidad, el del contrato del programa “Ruta del arroz” (COP 36.000 millones), pues el contratista no estaría cumpliendo con sus obligaciones, pero, de acuerdo con denuncias del exgerente Carlos Carrillo, habría altos directivos de la entidad buscando favorecerlo para destrabar los pagos.

El Espectador conoció que todas estas alertas llegaron al despacho del presidente Gustavo Petro y al de su mano derecha, Angie Rodríguez, quien, a principios de este mes, fue nombrada gerente encargada del Fondo. Y es que, además de las denuncias de posible corrupción, a oídos del mandatario llegó el reclamo por la participación en la entidad de personas detractoras del proyecto petrista, como Aníbal Pérez, exfuncionario del Gobierno que, según fuentes de Palacio, es considerado “enemigo” de la administración por el propio Petro.

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En el Fondo aseguran que, bajo la gerencia de Rojas, a Pérez se le preparó un contrato por unos COP 20 millones y, además, califican como cuota suya a la jefa de Planeación, Diana Marcela Medina, también cercana a Rojas. En entrevista con W Radio, el exfuncionario negó tener cuota en la entidad.

Sin embargo, las alarmas están encendidas en la Casa de Nariño y, según pudo confirmar este diario, la próxima semana Angie Rodríguez publicará un extenso y detallado informe sobre las posibles irregularidades en los programas y contratos del Fondo y en los retrasos de las obras que llevan años esperando los pobladores de La Mojana. La movida sería una forma de anticiparse al ruido por los malos manejos.

Otras fuentes aseguran que Rodríguez llegó a “barrer” con los acuerdos políticos, con lo que buscaría prevenir que estalle un nuevo escándalo. La salida de Johan Steven Londoño y la llegada, en los últimos días, de perfiles más petristas, hacen parte del cambio que se ordenó desde la cúpula del Gobierno.

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En el Fondo de Adaptación, la Casa de Nariño e incluso en el Congreso hay voces que advierten que la entidad está siendo acechada por fuerzas políticas que quieren influir en la destinación de los COP 1,12 billones de La Mojana, pues para muchos es considerado el “premio gordo” del epílogo de esta administración. Entre tanto, las mismas fichas petristas reconocen que en medio de los ruidos de corrupción y la inestabilidad por cambios partidistas, el Gobierno no logró utilizar el Fondo como llave para la apuesta de ordenar el territorio alrededor del agua ni para llevar una esperanza a miles de familias que durante décadas han sufrido las inclemencias del clima y el olvido estatal.

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Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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