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A Buitrago se le imputaron los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que a Pulido se le imputó el de enriquecimiento ilícito.
Entre las pruebas que la Fiscalía tuvo en cuenta para tomar la decisión de llamar a juicio al general retirado están las declaraciones del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, “quien aseguró que el entonces coronel Buitrago, quien hacía parte del Comando de Policía de Antioquia, estaba dentro de la nómina de su organización”.
También se tuvo en cuenta lo dicho por el narcotraficante Jaime Dib Mor —preso actualmente en una cárcel de los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos—, quien afirmó que el Papero le presentó al entonces coronel en Bogotá cuando estaba vendiendo su apartamento, negociación que nunca se realizó, y “de ahí en adelante fueron varias las oportunidades y reuniones sociales en que los vio juntos”. Con base en estas declaraciones y demás pruebas documentales recaudas durante la investigación, la Fiscalía concluyó que existen “evidencias claras y contundentes que muestran un incremento patrimonial injustificado y la posible comisión del delito de lavado de activos”.
Frente a la petición de la Procuraduría de anular la investigación por posible violación al debido proceso, al considerar que debió realizarse por el nuevo sistema y no por la Ley 600, la Fiscalía concluyó que no era posible ya que la investigación se inició antes de que existiera el nuevo sistema, Ley 906, con la vinculación al proceso de Mor Saab y Gil Garzón por hechos que datan de la década de los 90.
Buitrago, quien se sostiene en su inocencia, se encuentra detenido desde noviembre del año pasado.