Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El gobierno de Abelardo de la Espriella alista un estatuto “antiterrorista” con el que busca definir y enlistar a las organizaciones terroristas del país. Así lo confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien por órdenes del presidente Abelardo de la Espriella ya adelanta la elaboración del documento que se presentará ante el Congreso.
Estas acciones van en concordancia con la línea dictaminada por el jefe de Estado. Durante la presentación de su estrategia de seguridad y orden público, De la Espriella dijo que los grupos armados al margen de la ley serán reubicados en una misma categoría, pues “todos son terroristas y los vamos a tratar como tales”.
Lea: Comisión Segunda y canciller Bula se reunieron para conversar sobre proyección internacional
“Nosotros estamos trabajando en el Ministerio del Interior, en un nuevo estatuto antiterrorista”, dijo Lara a Caracol Radio, que además explicó que lo que se propone es un sistema de lista por medio del cual de establezcan las organizaciones terroristas. Para lograrlo aseguran que primero debe definirse que entra dentro de esta categoría “porque aquí hay delito de terrorismo, mas no hay definición de organización terrorista”.
Luego de este proceso de definición se busca que, conforme las normas, se establezca una definición con “todas las garantías y los procedimientos”. Sin embargo, este estatuto debe pasar primero por el Congreso y ser aprobado tanto en Cámara como en Senado para poder llevarse a cabo.
“El estatuto primero tiene que aprobarse en el Congreso de la República y eso tiene un procedimiento que debe agotarse. Una vez incluidos existe toda democracia y mecanismos a los que se podrán acudir para salir o ejercer básicamente su derecho a la defensa frente a esa exclusión. Eso primero hay que aprobarlo y luego pues se establecerá el mecanismo de inclusión y salida de esta lista”, aseguró Lara.
Vea: Jorge Eliécer Laverde Vargas se posesionó como nuevo contralor general de la República
En ese sentido el ministro aclaró que lo que determine quienes serán incluidos en esa lista será lo que se acuerde con el Congreso en caso de que se logre la aprobación.
La estrategia de De la Espriella en materia de seguridad y de paz se distancia por completo de la implementada durante el gobierno anterior. Y ya anunció la eliminación de “consejerías, agencias y oficinas que duplican funciones” y plantea trasladar sus competencias a ministerios y entidades que cuentan con un mandato legal. Según explicó, la medida busca fortalecer la rendición de cuentas y reducir la burocracia.
Entre las estructuras que proyecta eliminar está la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, al igual que la figura del Comisionado para la Paz, cuyas funciones pasarían al Comisionado Nacional de Seguridad. Su posición es contundente: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
Le recomendamos: Estos son los detalles de la puja del Pacto Histórico para elección de magistradas del CNE
La decisión de poner fin a las negociaciones de paz con los grupos armados también genera interrogantes sobre el futuro de mecanismos destinados a proteger a la población civil, entre ellos las Zonas de Ubicación Temporal. Estos espacios surgen durante la política de paz total de Gustavo Petro como una herramienta para facilitar el tránsito de integrantes de organizaciones armadas hacia la vida civil. De la Espriella, por su parte, establece que desde el 7 de agosto su administración concentra sus esfuerzos en “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”.
Estas posiciones provocan cuestionamientos tanto desde sectores cercanos al gobierno de Petro como entre quienes respaldan la implementación del acuerdo de paz. El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos insiste en que la Constitución obliga al jefe de Estado a respetar lo pactado en el acuerdo.
En este escenario, persiste la incertidumbre sobre el rumbo que toma la política de paz durante el nuevo gobierno. Aunque De la Espriella debe cumplir con las obligaciones que establece la Constitución como jefe de Estado, sus primeras definiciones muestran una orientación clara: dejar en un segundo plano los procesos de negociación y priorizar una política enfocada en la seguridad y el sometimiento de los grupos armados.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
