El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene listos los planteamientos con los que quiere regular el derecho a la protesta. Se trata de una serie de lineamientos con los se buscan ajustar los procedimientos en este tipo de escenarios y que incluye, entre otros puntos, la individualización de manifestantes que promuevan la violencia o el vandalismo, el acompañamiento policial constante de estos actos con presencia de uniformados a cuatro metros de distancia, o el empleo de la fuerza a pesar de mantener los escenarios de diálogo.
Se trata de un documento de 24 artículos que conoció en su integridad El Espectador y que fue articulado por el Ministerio del Interior en cabeza de Rodrigo Lara. La propuesta se presenta semanas después de que el presidente De la Espriella anunciara que se tomarán medidas más estrictas en escenarios de protesta en universidades públicas.
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En el texto, aunque se deja en claro que habrá escenarios de diálogo para dispersar la protesta, el Gobierno también enfatiza en su propuesta que "frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia". De hecho, propone que se retomen los espacios de diálogo, aún cuando ya se haya empleado la fuerza.
"El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación", señala uno de los artículos de este proyecto de decreto.
Otro punto establece un acompañamiento constante de un dispositivo de la Policía Nacional para garantizar de acompañamiento de la manifestación pública. Según se determina en la medida, este dispositivo estará ubicado "a una distancia mínima de cuatro metros" de la manifestación, buscando garantizar un mayor control del acto. En el artículo se expone que "este dispositivo tendrá como finalidad garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación".
Asimismo, también se propone que cuando identifique el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; o la retención de personas contra su voluntad; o la agresión contra terceros no participantes, servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas o misiones periodísticas se podrá emplear la fuerza por parte de las autoridades, en concreto, de la Policía Nacional.
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Ese artículo expone cinco punto en los que se deja en claro que "la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación se entenderá cumplida con el despliegue de los gestores de convivencia y los equipos de diálogo dirigidos a la manifestación en su conjunto, y con el mantenimiento del canal de comunicación durante toda la jornada". Y agrega: "Dicha obligación no pospone ni condiciona las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten los actos señalados, las cuales podrán adelantarse de manera simultánea al diálogo".
Es allí cuando se dejaría en firme que "la Policía Nacional actuará, sin dilaciones innecesarias, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios de prevenir, contener y hacer cesar las conductas punibles o los actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas, preservar los bienes y restablecer las condiciones de seguridad y convivencia, con observancia de los principios que regulan el uso de la fuerza". Eso sí, en ese mismo articulado se recalca que el diálogo se mantendrán con quiénes se encuentren en acciones de protesta pacífica.
Y es que el presidente De la Espriella aseguró en una alocución que este tipo de medidas no implica que se toque la autonomía universitaria o se violen los derechos a la protesta, pero sí dejó claro que incluso ingresará a los campus a buscar a quienes sean identificados como promotores de violencia. Lo que dijo el mandatario es que la Policía será la primera en actuar cuando se esté ante una protesta que derive en “terrorismo urbano”, por lo que desde ya se trabaja en un protocolo que delinea todos los escenarios para poder actuar.
Los puntos clave del borrador de decreto
Desde el Ministerio del Interior se señaló que tras la promulgación del decreto 003 de 2021, en el que precisamente se establecen lineamientos para la acción de la Fuerza Pública, este tipo de acciones han aumentado significativamente en Colombia. En efecto, la cartera de Rodrigo Lara suscribe que Desde su expedición, y según el Informe del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, los eventos de protesta y conflicto manifiesto pasaron de 1.427 en 2022 a 2.046 en 2023, 3.832 en 2024 y 4.039 en 2025.
Es más, estiman que la conflictividad se registró en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá D.C., y el bloqueo o corte de ruta fue el principal mecanismo de protesta, con el 41% de los casos, distribuidos entre las regiones Caribe (31%), Andina (30%), Pacífica (14%), Orinoquía (9%) y Amazonía (3%). Los motivos también se diversificaron: las protestas de usuarios del sistema de salud aumentaron 121% (de 107 eventos en 2024 a 236 en 2025).
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Ahora bien, la cartera política hace énfasis en que ese mismo decreto no contempló la continuidad de servicios fundamentales o de abastecimiento durante los bloqueos: "No fija la autoridad responsable, el plazo de respuesta ni un criterio objetivo que distinga el bloqueo que compromete la infraestructura de abastecimiento, la atención en salud o el paso de misiones médicas del que tiene otro objeto".
Vea el documento completo:
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