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En medio de la discusión del Presupuesto General del 2027 el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, denunció un incremento del 595 % en la contratación directa de esa entidad durante el gobierno de Gustavo Petro. Así lo indicó el alto funcionario, señalando que el grueso de esos contratos están bajo la figura de prestación de servicios y que, además, más de la mitad de ese porcentaje fue firmado en medio del calendario electoral.
Uno de los alfiles más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella anunció en las instalaciones del Congreso que "el Dapre se convirtió en uno de los mayores contrataderos del Estado". Según indicó en el balance entregado a la Comisión Primera de la Cámara, "no nos preocupa un recorte presupuestal porque como está diseñado estructuralmente el Dapre, tenemos la capacidad de hacer toda la gestión presupuestal como lo estamos haciendo y desde la capacidad administrativa como esa torre de control gubernamental que se debe ejercer desde el Dapre".
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De acuerdo a las cifras del director, "el gobierno anterior creció en contratos de prestación de servicios, es decir OPS, en un 595 % del 2022 al 2026″. Asimismo indicó que entre el 2025 al 2026, durante el marco del calendario de las elecciones legislativas y presidenciales, esa contratación "creció en un 228 %". "Eso demuestra particularmente que este contratadero que fue el Dapre fue creado, desde el punto de vista de la contratación, ad portas de un proceso electoral", señaló Ríos.
Sustentado en lo anterior indicó que su entidad ya empezó a reducir ese ecosistema de contratación y por ello ha suspendido todo tipo de procesos, tanto de personal como de eventos, algo que fue recurrente durante el gobierno de Gustavo Petro. "Estamos haciendo una especial vigilancia porque la conducta general fue la contratación directa. El 84 % de contratación de todo el gobierno fue directa. Lo que debería ser una excepción a la regla terminó siendo una regla general", dijo.
Tras realizar esa denuncia, también reprochó el alto nivel de contratación destinada para eventos presidenciales, pues explicó que "nosotros misionalmente no tenemos que estar haciendo eventos. Somos la torre de control del gobierno para que todos los planes, programas y proyectos del gobierno sean viabilizados y ejecutados. Con los recursos que tenemos vamos a funcionar".
Por último le aseguró al Congreso que su entidad no necesitará de un aumento presupuestal, pues será esa una de las entidades que liderará la restructuración del Estado y que desde allí se dará impulso para "solucionar los problemas de la gente con vías, desarrollo económico, seguridad, infraestructura y conectividad". Cabe señalar que esa fue una de las entidades que más revuelo generó en la administración anterior, pues por allí pasaron funcionarios que hoy se encuentran en líos con la justicia, muchos de ellos por su gestión en esa oficina.
Por ejemplo, a Carlos Ramón González se le acusa de haber encabezado el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo mientras ocupó ese cargo; Laura Sarabia también tuvo numerosos choques con otros funcionarios del gobierno Petro; mientras que Angie Rodríguez señaló en esa misma entidad varios casos de corrupción interna.
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