El Ejecutivo y el Legislativo han tenido una relación simbiótica que les ha permitido operar de diferentes formas en cada administración. En la última década, la comunicación entre ambas ramas del poder ha sido atravesada, en ocasiones, por escándalos de corrupción que van desde la “yidispolítica” –que incidió en la reelección de Álvaro Uribe Vélez– hasta el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), que engrasó la aprobación de las reformas en la administración de Gustavo Petro.
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Para evitar este tipo de interacciones, desde el gobierno de Abelardo de la Espriella se planteó una serie de propuestas para enfrentar la “mermelada”, regular el cabildeo o lobby y mejorar el sistema de conflicto de interés para reconfigurar las comunicaciones entre ramas. Desde que el jefe de Estado fue elegido, su relación con el Legislativo ha tenido altibajos y ha sido muy distinta a la de sus antecesores. Por ello, construir esta nueva ruta es fundamental para “institucionalizar” las transacciones entre el Congreso con el Gobierno e incluso el sector privado.
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El primero de los proyectos de este paquete para impulsar la transparencia es el acto legislativo “antimermelada”, radicado el pasado jueves en la Cámara. Este buscará modificar los artículos 180 (incompatibilidades), 182 (conflictos de interés), 183 (pérdida de investidura) y 346 (regula el procedimiento del presupuesto nacional) de la Constitución, así como establecer un régimen de declaración pública de intereses de los congresistas.
La principal carta con la que quiere jugar este cambio a la carta magna es un registro público en el que los congresistas postulen iniciativas de inversión pública en beneficio de sus territorios de origen, sin que esta gestión constituya por sí misma una incompatibilidad o un conflicto de intereses. Luego de inscribirse, ni ellos ni sus financiadores de campaña podrán verse beneficiados en estos proyectos incluidos en el Presupuesto General de la Nación. Deberán “abstenerse de intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados”, según se puede leer en el proyecto.
Lara indicó que, con la llegada de estos cambios, “los congresistas podrán postular sin temor a represalias jurídicas, proyectos de inversiones suficientes, pero deberán postularse por encima de la mesa, para que todos los colombianos sepan”.
De ser aprobado, el Congreso tendrá 12 meses para expedir una ley orgánica que reglamente los registros públicos de intereses en tres frentes: el de inversión, para que se postulen las obras; uno de conflicto de intereses, con el fin de que cada legislador declare sus actividades económicas y vínculos particulares; y el último, que busca visibilizar plenamente a sus financiadores de campaña.
Estos puntos finales del registro plantean un cambio en la forma en que se relacionan los parlamentarios con sus financiadores. Se busca que solo exista incompatibilidad cuando la decisión representa un beneficio particular para el congresista, su pareja, otros familiares o socios. Esto abre la puerta a “la financiación de campaña legalmente registrada”, para que los intereses comunes de un sector económico, social o regional no constituyan una incongruencia. También plantea que el ocultar información en la declaración pública de intereses o participar en discusiones en las que tenga un conflicto sea causal de pérdida de investidura.
“Separamos el conflicto de interés benigno del maligno. Un congresista puede ser financiado por floricultores, de quienes dependen 500.000 empleos. ¿Por qué esa financiación, que es legítima, no le permite al congresista defender al sector floricultor? Ellos necesitan a alguien que sea vocero de un sector económico; las normas actuales no le permiten al congresista defender esos intereses y tiene que declararse impedido”, señaló Lara.
El gobierno plantea que este articulado abra dos puertas nuevas: la reglamentación del lobby y la plataforma de registro de intereses que modifica la Ley Quinta que rige al Legislativo. Se espera que el ministro del Interior las radique la próxima semana. Todas hacen parte de un paquete legislativo que, como reveló El Espectador, incluye convertir a Barranquilla en capital alterna del país, experimentar funciones desde los territorios primero y cambiar la forma de tener delegados del Ejecutivo a nivel nacional.
A pesar de la intención del Gobierno de cambiar la forma de comunicarse entre ramas, desde la oposición cuestionan la forma en que se tramita esta propuesta. El representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) señaló que la reforma les permite a los congresistas y al Gobierno decidir cuáles gestiones sobre obras serían catalogadas como “mermelada”. Aseveró que eso “se hace hoy a escondidas y puede costar la curul. Con esta reforma se haría de frente y con permiso de la Constitución”.
En la misma línea va Alfonso Prada, exministro del Interior durante la administración de Gustavo Petro, quien cuestionó la intención de regular el cabildeo. Consideró que al “congresista le basta declarar quién le financió la campaña para votar temas que interesan a ese financiador. En 2021 la Corte Constitucional tumbó una norma muy parecida. Declarar el vínculo no basta para resolver el conflicto”. Y agregó que la iniciativa de las bases de datos para las obras permitiría legalizar los cupos indicativos: “Quedarían en la Constitución sin ningún tope y se podrían pedir en cualquier momento del año, incluso en época electoral, no solo cuando se aprueba el presupuesto”.
Los cupos de los que habla Prada son partidas del presupuesto nacional que el gobierno de turno asigna o sugiere a grupos de congresistas para que estos indiquen en qué proyectos de inversión regional deben invertirse.
Son la evolución de los “auxilios parlamentarios”, que fueron eliminados de la Constitución de 1991. Fueron usados durante décadas como mecanismo político para asegurar el apoyo del Congreso a iniciativas del Ejecutivo. Aunque no son un delito en sí mismos y pueden traducirse en obras reales, desde la Contraloría han advertido que facilitan el clientelismo, el direccionamiento de contratos a aliados políticos e incluso el intercambio de favores.
A pesar de las críticas, el cambio no viene solo en las leyes, sino desde la narrativa. De hecho, el presidente De la Espriella lanzó una advertencia a los legisladores que intenten mediar a partir de favores o prácticas irregulares.
“El Ministerio del Interior buscará a través del diálogo democrático las mayorías necesarias para la aprobación de la agenda legislativa. No es aceptado ni tolerado el intercambio de contratos, puestos, favores, partidas presupuestales y demás. […] La relación con el Congreso tiene que ser respetuosa, franca, institucional y, sobre todo, transparente. Esa transparencia tiene que operar en ambas direcciones. Si llegaran a presentarse solicitudes improcedentes, condicionamientos o presiones, el Gobierno tendrá que hacerlo público”, señaló el presidente De la Espriella.
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Sus palabras muestran el tono con el que suele relacionarse con los legisladores. De hecho, varios congresistas de bancadas de Gobierno han catalogado esta mediación como “hostil” e incluso miembros del partido que lo coavaló, Salvación Nacional, le han dicho a este diario que sienten una desconexión por parte del mandatario con su bancada en pleno. A diferencia de Petro, que se comunicaba directamente con sus congresistas, De la Espriella lo hace a través del senador Enrique Gómez, mientras Lara construye acuerdos con otras colectividades para pasar sus iniciativas.
El presidente quiere tomar distancia de la forma en que se relacionaban otros mandatarios con el Congreso y, recordando su cartón de abogado, ahora quiere enmarcar esas interacciones a través de las leyes. Aunque un paquete robusto de iniciativas ya fue radicado –como la Ley de Acogimiento o lo será en el futuro el Plan Nacional de Desarrollo–, desde el Ejecutivo se ha dejado claro que este no es un Gobierno reformista y sus deseos vendrán desde los decretos más que desde las leyes.
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Eso no quiere decir que no necesite al Legislativo, solo que será en menor medida. En los tres meses que le faltan al año, aún le quedan tres batallas por librar en el Capitolio: el Presupuesto General de la Nación, que tiene tres días para ser aprobado; el Plan de Desarrollo, que sigue en construcción, pero sí o sí saldrá este año; y la Ley de Acogimiento, que reemplazará a la paz total como política de seguridad estatal y debe ser aprobada antes del 5 de noviembre. Y en 2027 vendrán iniciativas como la Ley de ajuste fiscal, cuyo objetivo principal es reducir el gasto público y sanear las finanzas del Estado.
Por estas y más razones, De la Espriella busca que su relación con el Congreso sea transparente para cumplir sus promesas de campaña, evitar escándalos de corrupción y no manchar sus intenciones de poner dirigentes locales en las elecciones de 2027 e incluso lograr que su proyecto político se reelija bajo un heredero en 2030.
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