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En medio de las tensiones por las declaraciones del presidente Donald Trump de que Colombia sería “susceptible” de ataques militares, la Casa de Nariño continúa en las gestiones para suavizar la relación con Estados Unidos. Se trata de un trabajo de filigrana en el que la administración de Gustavo Petro ha buscado que cale un mensaje de cooperación entre ambos países.
Para esa tarea, quienes han sido claves son el ministro del interior, Armando Benedetti, y el embajador de Colombia en Washington D.C., Daniel García-Peña.
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Tal y como lo contó El Espectador, el embajador García-Peña se está moviendo en los círculos de poder en Washington para que las conversaciones sobre Venezuela –con Estados Unidos teniendo a Nicolás Maduro en el punto de mira– no impacten en Colombia. La preocupación, precisamente, es que en algunas oficinas del ejecutivo de Trump y en el Capitolio estadounidense, los temas terminan mezclándose. Por ello, el trabajo del embajador se ha enfocado en realizar una suerte de “pedagogía” para que se desligue lo que sale de Caracas a lo que sale de Bogotá. Es decir, que no sean asuntos equiparables.
En esa línea, también se pronunció el ministro Benedetti. “El mensaje nuestro no ha sido capaz de llegarle a la Casa Blanca. No llega y la única interpretación de nosotros como gobierno es que dejamos que el narcotráfico pulule en este país. El mensaje que hay que llevar es que sí combatimos al narcotraficante”, aseveró en entrevista con W Radio. En todo caso, aseguró que “las cosas van por buen camino”.
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Para que se cumpla ese cometido, además, la Casa de Nariño estaría buscando agencias lobbistas en Estados Unidos que permitan, precisamente, abrir vías de comunicación con “algunas personas que son cercanas al alto mando. Yo creo que en los próximos días podría entablarse una comunicación oficial con Estados Unidos”, añadió.
Además de eso, desde Colombia también han surgido iniciativas para “congraciarse” con Estados Unidos. La más reciente fue la radicación de un proyecto de ley, por parte del ministro Benedetti y el encargado de Justicia, Andrés Idárraga, que busca crear un delito autónomo para sancionar el tráfico, fabricación, desvío y porte ilegal de fentanilo, además de reforzar las medidas de prevención y control frente a esta sustancia.
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Según el texto presentado, la iniciativa busca sancionar “de manera diferenciada el tráfico, la fabricación, el desvío, la comercialización, la financiación y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos en el territorio nacional, atendiendo su extrema peligrosidad, su elevada letalidad y su impacto en la salud pública, la seguridad ciudadana y el orden social”.
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