“Necesariamente tenemos que llegar a la regulación de la cocaína”: Felipe Tascón
El director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón Recio, le dijo a El Espectador que la nueva política antidrogas del Gobierno de Gustavo Petro no estigmatiza a los cocaleros, sino que los ve como víctimas de las economías ilegales. Planteó una ruta para “imitar la coca” con el fin de transitar hacia el reemplazo de esas plantaciones y advirtió que se necesita más colaboración de otros Estados.
Valentina Parada Lugo
¿Cómo comienza este piloto en El Tambo?
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¿Cómo comienza este piloto en El Tambo?
Es en el Cañón del Micay, que es Argelia, El Tambo y López de Micay. La orden que recibimos del presidente el mes pasado fue que, en paralelo a la entrada que él anunció, a la orden que él dio en torno a que el Ejército tiene que llegar al Plateado, que es la capital de esa región, tenemos que llegar nosotros con las acciones de sustitución de economías ilegalizadas, que es la nueva política de sustitución. En ese sentido, una avanzada ha estado preparando todo el trabajo en la cabecera municipal de Argelia y tenemos todo listo para llegar inmediatamente se dé la llegada de las Fuerzas Militares al corregimiento del Plateado.
Los cocaleros aseguran que, tras intervención militar, se cambiaron las rutas por las que salía la cocaína, porque se cerró el paso por el Pacífico. Eso, agregan, redujo su precio por la sobreoferta. ¿Esto se puede atacar con el plan de sustitución?
Se puede ver en los resultados del informe que hizo el Simci el tamaño de los cultivos de coca. En el informe que salió, que es el del 2022, hay un dato muy particular: el crecimiento entre 2021 y 2022 son solo 26.000 hectáreas, cuando el anterior era cerca de 100.000, y también, que es el dato más impactante, que de esas 26.000 hectáreas, 21.000 están en el Putumayo, ¿Por qué? Porque la frontera porosa por la cual se está exportando en este momento la cocaína, la pasta base y el clorhidrato de cocaína, es la frontera del sur del Putumayo. Y el incremento de cultivos está concentrado en los municipios de frontera, en los 10 kilómetros más cercanos al Putumayo. Eso indica que por allí no está funcionando la interdicción, pues es una frontera muy complicada en el sentido de que el control del puente internacional de San Miguel es mínimo. Eso también explica allí la mayor concentración de guerra. Y es la guerra entre el Estado Mayor y los Comandos de Frontera, que es la más dura que tenemos en este momento. El mercado de cocaína allí goza de buena salud, desafortunadamente, mientras que la interdicción en el Pacífico se ha cerrado, la interdicción en la frontera con Venezuela se ha cerrado y, por eso, se da la caída de precios en el resto del país.
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El trabajo militar y el de ustedes debe ser conjunto…
Cuando el presidente les da la orden a las Fuerzas Militares de controlar eso, automáticamente nos está dando la orden a nosotros de que tenemos que construir esas alternativas, porque aquí hay un cambio de prisma en términos de la política de drogas en el país. El cambio de prisma es que no se entiende a los campesinos como delincuentes, sino como víctimas de una realidad, que es que no han tenido otras oportunidades. Entonces, cuando él les da la orden a los militares de que hay que acabar con eso, también nos está dando a nosotros, a la dirección de sustitución, de construir alternativas.
¿Esta política de drogas se va a trabajar de alguna forma con los gobiernos de Ecuador, Perú y Brasil, que son los de la frontera con Putumayo?
En este momento, la situación más grave es con Ecuador; hay elecciones en los próximos días y es muy importante que haya un cambio. Fíjese, por ejemplo, que un puente internacional construido con todas las de la ley, en Mataje, el gobierno ecuatoriano de (Guillermo) Lazo, aún en funciones, no ha querido inaugurarlo, por lo que no tiene control sobre ese territorio. Y fíjese que hay un cambio en la apertura de relaciones con Venezuela, que permitió que esa frontera sí se esté controlando, y eso tiene que ver con la caída enorme de los precios en Catatumbo; los venezolanos empezaron a controlar, eliminaron y dinamitaron laboratorios, dinamitaron pistas clandestinas que estaban en el territorio venezolano, y eso ha llevado a que los narcotraficantes no tengan por dónde sacar la mercancía. Eso tenemos que lograrlo también en otros lados, pero no soy yo el que debe hablar de eso porque es un problema de orden diplomático y es del resorte del señor Canciller.
¿A eso se refieren con “asfixiar”, el término que causó polémica en la nueva política antidrogas?
A mí no me gusta el término. Me parece que en el gobierno del cambio, de la vida, es errado hablar de asfixia. Además, se deberían poner comillas, porque eso es un artículo del 2015 de una académica y nadie le puso comillas; lo adoptaron sin ponerle comillas y, por eso, yo no lo uso.
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A los cocaleros también les preocupa que, cuando se habla de los cultivos industriales en la nueva política, no está establecido a cuántas hectáreas se refieren. ¿Eso cómo se va a definir?
Mi posición sobre eso es que hay que entender que uno no puede hacer una marca y decir, por ejemplo, que hasta 3 hectáreas es pequeño y que 3,1 ya es grande. Con la coca también hay una escala de grises, hay una clase media cocalera, y por ende los cultivadores industriales están por encima de 10 hectáreas. Cuando una persona tiene más de 10 hectáreas no compra bidones de gasolina, sino carrotanques de gasolina para el procesamiento. Pero sí hay una clase media cocalera, que está en esos rangos. Además, es muy diferente según la cercanía a la carretera, hay si el camino está pavimento o no. En el mismo municipio de Tumaco, por ejemplo, al que está cerca a la vía se le vuelve algo rentable tener una hectárea, pero el que está cerca de un río, como en el río Rosario, por ejemplo, se necesitan como mínimo 5 hectáreas para ser eficientes. Entonces, hay una variación enorme y hay que saber en el sitio cómo funciona cada cosa. También se debe tener claro que hay gente que no se puede estigmatizar porque tiene 5 hectáreas, porque eso es lo que necesita para vivir en ciertas regiones. En ese sentido, como digo, hay que reivindicar la existencia de una clase media cocalera que tiene sentimiento de cocalero, de campesino, y con la cual tenemos que negociar unas salidas.
¿Ya los tienen identificados?
Pues es que son personas que están dispuestas a sustituir, mientras que un tipo que tiene 20 hectáreas ya es un inversionista, es un capitalista de la cocaína.
¿Qué tan cerca se está de poder legalizar la coca o la cocaína?
Con la coca hay que hacerlo inmediato. Eso es una aberración que la hoja de coca siga en las listas, pero necesariamente tenemos que llegar a la regulación de la cocaína. No es una cosa que pueda ser un país solo, tiene que ser sumando y así han sido los planteamientos del presidente en foros internacionales. Creo que estamos desandando la historia, de cómo se dio.
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La prohibición empezó con un telegrama en 1903, en el ministro de Relaciones Exteriores,
el secretario de Estado de Estados Unidos de la época, le daba la orden al gobernador colonial de Filipinas que parara lo que se tenía que hacer, que lo que iba a haber era una ley de regulación del opio. ¿Por qué? Porque había protestas religiosas sobre eso. Y todo se consolida en 1961 con la prohibición. Creo que nosotros estamos en una fase de desandar eso y espero que no nos demoremos los 58 años que demoraron en instaurar la prohibición.
¿Cómo van a aplicar el plan de cambiar ingresos en lugares tan complejos como Argelia?
Puede escandalizar lo que le voy a decir, pero el secreto es que tenemos que imitar a la coca. La coca tiene cuatro características económicas. La primera es la alta rotación; cuatro cosechas al año que generan ingresos cada tres meses. Tiene una agroindustria; se procesa en el sitio, en el campo, y, por tanto, hay un valor agregado y que queda en manos de los campesinos. La tercera es intrínseca a la anterior, y es que en esa agroindustria, en ese procesamiento, hay una reducción de peso y volumen, una merma de 500 veces. Es decir, de una tonelada de hoja salen apenas dos kilos de pasta. Y por eso, con pasta base, pueden eludir el problema fundamental que es el aislamiento. Y la cuarta característica es la seguridad de precio y mercado, que hoy no existe, que se perdió. Pero el secreto está en que tenemos que, el presidente lo dice permanentemente, industrializar esas zonas. Si vamos a hacer cacao, tenemos que industrializar ahí precisamente para poder reducir el peso y volumen, dejar valor agregado y garantizar un ingreso periódico.
¿La reducción del costo, y el trabajo en fronteras como la que se tiene con Venezuela, abre oportunidades para implementar esta política?
Sí, hay una ventaja comparativa, pero es coyuntural. No se puede hablar de que es estructural, pero estamos con una ventaja comparativa que tenemos que aprovechar.
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¿Se diversificó el mercado de la cocaína?
Sí, Australia, el este de Europa, y otras regiones. Pero hay un detalle importante que se debe entender: se está volviendo a los orígenes, se está exportando pasta básica, porque es más fácil culminar el proceso en otros países donde no hay controles sobre los precursores químicos. En este momento, por ejemplo, han aparecido guerras entre bandas armadas de migrantes colombianos en Santiago de Chile.
¿Cómo se explica eso?
Se está exportando la pasta base y se está terminando el proceso allá. Pero también en Rotterdam, Países Bajos; en Valencia, España; en Rosario, Argentina; es altísima la producción. Entonces, eso se está dando, se acomodan.
¿El Estado tiene la plata y el tiempo para hacer cambios que conlleven a la sustitución de economías ilegalizadas, como ustedes las llaman?
La plata es una pelea para conseguirla completa, pero la intención está; el presidente dijo que no le iba a alcanzar, pero que se quiere que haya muestras de sitios donde se logre.
¿Cuánto cuesta hacer un cambio en una hacienda de unas 5 hectáreas, hay alguna idea?
Es muy distinto en cada sitio, porque no es cambiar una mata por otra. Es que, por ejemplo, si vamos a meter yuca no quedarnos solo en la yuca. Y eso evidentemente es más complicado.
Esa estrategia de hacer presencia militar en los territorios, al tiempo que entra el proceso de cambio de la política antidrogas, ¿se piensa hacer en otras partes del país?
Ya estamos en otras zonas planteando eso, como en el sur de Bolívar, pero tiene que ser así. La razón es que, mientras exista la guerra, es inviable esa política. La política fracasa porque la guerra persiste, y la guerra persiste porque el mercado de la cocina persiste; son vasos comunicantes de un lado a otro y se tienen que solucionar integralmente.
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¿En qué otros territorios lo harían?
Les estoy hablando en borrador, pero las órdenes del presidente han sido meternos. Pero esta es la prioridad definida por él. En el Catatumbo nos tenemos que meter, ya hay avances en el Pacífico. Pero yo no defino esto.
¿Ya hay resultados palpables en algunas zonas?
En este momento no hemos avanzado porque heredamos un chicharrón, que es el incumplimiento a la gente que levantó las matas hace cinco años y eso es muy jodido. La gente tiene en la cabeza que se le debe una cantidad de dinero, por lo que no se puede hablar de un proyecto nuevo hasta que no se resuelva ese punto.
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