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El Congreso y el Gobierno Nacional está en un “tire y afloje” por el futuro del presupuesto de 2026, cuya discusión ya avanza en las comisiones económicas (Tercera y Cuarta) del Senado y la Cámara de Representantes. El monto supone un aumento del 9 % frente a 2025, impulsado principalmente por el crecimiento en la inversión (15,9 %) y el gasto de funcionamiento (13,7 %). En contraste, el servicio de la deuda caería un 9 %, al pasar de $112,6 billones a $102,5 billones.
El principal punto en disputa es una ley de financiamiento o una reforma tributaria de cerca de $26,3 billones, que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se radicaría este viernes en la tarde. Cabe recordar que, por una situación similar –cuando propuso una ley de financiamiento de $9,8 billones–, el Congreso hundió el presupuesto, por lo que tuvo que publicarse por decreto.
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Ese proyecto es clave para el proyecto de Presupuesto General de la Nación que radicó el Gobierno en el Capitolio para 2026 por un monto de $556 billones. Se trata del mayor monto en la historia, pero que depende de esa ley de financiamiento para que pueda completarse.
Ante este panorama, el senador Enrique Cabrales (presidente de la Comisión Cuarta) criticó la propuesta del Gobierno. “Rechazo el trámite de una dictadura tributaria. Tiene excusas y cifras indefinidas. En presupuesto totalmente desfinanciado y negativo. Detrás de la estrategia hay un único objetivo: recaudar 26,3 billones para sostener el derroche. No más improvisación”, afirmó el congresista del Centro Democrático.
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Y agregó: “Este presupuesto no prioriza lo social y productivo. Engorda la burocracia y profundiza el desequilibrio fiscal. Proponemos una reducción responsable de $39,5 billones. Colombia no necesita otra reforma tributaria”.
La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) también se ha referido al tema. “El proyecto de presupuesto pide $557 billones. Reconoce que va a recaudar $317 billones. Se endeudará por $240 billones. Además de la tributaria, no cuadran las cifras”, aseveró.
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También afirmó que, con una ley de financiamiento o una tributaria, “busca financiar un presupuesto inflado, que no se va a cumplir. En la práctica, es dejarle una bomba de tiempo al próximo gobierno. Cuando rompieron la regla fiscal el 17 de junio, el ministro de Hacienda se comprometió a recortar gasto y congelar el presupuesto del año entrante. No cumplió”.
En ese contexto, los tiempos son justos. De acuerdo con la ley, antes del próximo 15 de septiembre, las comisiones conjuntas deberán definir el monto definitivo. Para el 25 de ese mes, deberá aprobarse en primer debate. Y el 1° de octubre arrancaría la discusión en las plenarias, con plazo hasta el 20 de octubre. Si esa última fecha no se cumple, el presupuesto deberá salir por decreto.
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Pero además de los ajustados plazos, las cuentas no le dan al Ejecutivo para asegurar que su propuesta pase, toda vez que, aunque en la Cámara de Representantes tendría los votos necesarios, en el Senado no.
En las comisiones de la Cámara, el presupuesto tendría, por lo menos, 22 votos a favor de 33 integrantes en la Tercera y 21 de 29 en la Cuarta. Pero en el Senado ocurre lo contrario. En la Tercera –comisión a la que pertenecía Miguel Uribe, cuya curul ocupará María Angélica Guerra– tendría 12 votos en contra y 5 a favor, y en la Cuarta, el presupuesto contaría con 10 votos en contra y 5 a favor.
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