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Las disputas entre los gobiernos saliente de Gustavo Petro y entrante de Abelardo de la Espriella no han parado tras los resultados del pasado 21 de junio. Los señalamientos han escalado y se han intensificado con motivo de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. También se han abierto frentes jurídicos y judiciales agudizaron estos choques.
Y es que en las últimas horas el presidente Petro aseguró que su administración no permitirá que la transmisión de mando se realice en una guarnición militar, deseo que desde la campaña ha expresado De la Espriella. El jefe de Estado saliente aseguró que “los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares, ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo”.
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Siguiendo esa línea ordenó que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”. Y es que el mandatario sustenta que la posesión debe realizarse ante el pleno del Congreso y que la Ley 5 de 1992, que rige el funcionamiento del Legislativo, determina que la sede de esta Rama está en Bogotá, por lo que debe ser en la capital la sede en la que se realice este acto.
Desde el equipo de De la Espriella ya habían reiterado su intención de poder trasladar la ceremonia a una instalación castrense, y, de hecho, hicieron llegar un pliego de consultas sobre la legalidad de dicho trámite el Congreso. Esperan que la decisión sea comunicada antes del 20 de julio, pues es precisamente el pleno del Legislativo el que podría determinar si se realiza, o no, el traslado. Ahora bien, ante la negativa de Petro, el choque se podría intensificar.
Sin embargo, la disputa no se ha quedado solamente en ese apartado. En horas recientes el abogado de campaña y designado director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, Germán Calderón España, interpuso dos denuncias por supuestas irregularidades encontradas durante los procesos de empalme con Petro.
La primera, según sustenta Calderón España, es por la “presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras como se demuestra en el cuadro que se adjunta”. Y es que el jurista expone la existencia de supuestas irregularidades en la entrega de tierras en el marco de la reforma agraria y que compromete COP 500.000 millones, de los cuales no se habrían ejecutado hasta la fecha. Argumenta que no se habrían formalizado esta entrega de predios.
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Pero en misma línea interpuso una segunda denuncia relacionada “con la celebración de un contrato en CENIT, filial de ECOPETROL, para asesoría jurídica con una firma llamada GESYCOBRO SAS superando el valor de la oferta inicial de $21,108 millones y adjudicado por encima de varias reconocidas firmas de asesoría en la industria petrolera y sector de hidrocarburos, sin idoneidad y al parecer con relaciones políticas entre los miembros de la firma y el vicepresidente jurídico JORGE EDILSON MURCIA, ex representante a la Cámara por el Huila, como se demuestra en el cuadro que se adjunta”.
Sin embargo, por esos señalamientos el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que “el convenio con la SAE no solamente ha sido un convenio auditado fiscal y jurídicamente, sino que además reviste las condiciones y las garantías constituciones y legales para garantizar la eficacia de un proceso que ha dado por fin la tierra a los más pobres”.
El alto funcionario cuestionó el señalamiento de Calderón España y señaló que su entidad se encuentra lista para sustentar las denuncias ante las autoridades competentes. “Estos ataques al convenio no son otra cosa que una ofensa a los campesinos de Colombia”, dijo Harman.
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Otra de las disputas se dio en los terrenos de propuestas de Estado. De un lado, ante la rectificación realizada por parte del equipo del presidente electo en el que se manifestó que “es completamente falso que el próximo gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas, o que exista una determinación en ese sentido”, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, replicó.
En un corto trino el alto funcionario aseguró que constituye una “reculada ante nuestra advertencia de que el trabajo y la cotización por horas la habíamos derrotado en la reforma laboral del Gobierno del Cambio. Pero hay que mantener el ojo abierto en la defensa de los derechos del pueblo trabajador”.
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Y por ese mismo terreno de contiendas, la otra disputa surgió desde el Agricultura de Martha Carvajalino, quien cuestionó la propuesta realizada por los congresistas Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda de eliminar los decretos con los que se articularon las Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos- APPA y las zonas de producción de alimentos ZAPPA.
La ministra aseguró que “revocar la protección del suelo agropecuario: contrareforma. El suelo agropecuario! Nada más y nada menos que un recurso finito que garantiza el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, es decir la producción de alimentos y de materias primas”.
Carvajalino sostuvo que estas tierras “hoy están dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias, allí se siembran los alimentos que llegan las ciudades. Su declaratoria como determinante NO le dicen a los propietarios poseedores, ocupantes o arrendatarios que sembrar o que actividad hacer, los protege de que el cambio de uso del suelo haga insostenible la actividad agrícola. No modifica ninguna relación de tenencia.
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