La controversia que casó el presidente Gustavo Petro con la Unión Sindical Obrera (USO) para sostener a como dé lugar a Ricardo Roa en la cúpula de Ecopetrol, decisión que encontró respaldo en la junta directiva, dejó en evidencia que para la actual Casa de Nariño ese cargo tiene una importancia política que debe prevalecer.
La razón es que todas las dudas judiciales que se han ventilado en torno a Roa, que lo tiene con una imputación penal encima por posible tráfico de influencias por la compra de un lujoso apartamento y pendiente de otra por presunta violación de topes electorales, no reciben credibilidad jurídica desde la oficina presidencial.
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Lo que ha dicho el mandatario es que los testigos que han declarado en contra del presidente de Ecopetrol, quien en todo caso ha defendido siempre su total inocencia, no merecen credibilidad. Incluso, a uno de ellos lo calificó como “estafador”.
Aunque todo está en manos de la rama judicial, que es independiente a la ejecutiva que representa Petro, los indicios de posibles actos irregulares motivaron a que la USO y varios sectores especializados del sector solicitaran el retiro de Roa. Sin embargo, la junta –con una alta representatividad del actual Gobierno– lo mantuvo esta semana en el cargo mientras, según informó, se evalúan las informaciones en torno a la situación judicial en su conjunto.
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“Si el uribismo vuelve a manejar la empresa se perderán miles de millones de dólares de derroche”, dijo Petro al sostener a Roa y confirmar la decisión política por encima de la técnica o jurídica. “No es la derecha la que genera la actual crisis, son personas que pertenecieron a esta administración que denunciaron hechos que investigan las autoridades, negar lo evidente no es correcto, no es ético y objetivo”, le respondió la USO.
En medio de estas pujas de carácter electoral y con el presidente Petro haciendo campaña abierta por la reelección inmediata de su proyecto político, se dio otro paso en el Congreso con efectos sobre la discusión pública.
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En efecto, el congresista Juan Espinel, del opositor Centro Democrático, logró alrededor de 20 firmas de sus compañeros de Cámara para radicar una proposición legislativa en la que se le exige a Roa dejar el cargo y a Petro tomar medidas que permitan solventar a Ecopetrol.
Si bien su efecto no es vinculante, es otro movimiento político que se da en momentos en que hay expectativa por el futuro de la principal empresa pública del país, la cual –durante los últimos tres años– ha estado inmersa en diversas polémicas y con sus indicadores bajo la lupa por la ausencia de resultados positivos que reflejan.
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