A través de una carta dirigida al presidente, Gustavo Petro; y al Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) expresó su preocupación por el cese al fuego bilateral. De acuerdo con el documento, algunos grupos armados estarían incumpliendo el acuerdo y estaría cometiendo actos criminales y atentando contra la población civil.
Según la misiva, grupos armados ilegales habrían hecho amenazas y cometido asesinatos en la región del Magdalena Medio y la ciudad de Barrancabermeja (Santander) recientemente. De acuerdo con CREDHOS, quienes apoyaron y celebraron el anuncio del cese al fuego, ven con preocupación que, según dicen, el Clan del golfo, conocido también como las Autodefensas Gaitanisatas de Colombia (Agc), no estarían respetándolo.
“Sentimos con gran preocupación la continuidad de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y prácticas criminales contra población civil de parte de este grupo paramilitar”, resalta el documento. Adicionalmente, la misiva señala que el grupo armado declaró como objetivo militar a la población civil en comunicados emitidos el “09, 13 y 15 de enero del presente año”, sumándole “los homicidios en la ciudad de Barrancabermeja, que el en inicio del 2023 ya suman siete”.
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Con esto así, en la carta piden al Gobierno, específicamente al presidente y al comisionado de paz, que exijan a los grupos armados el cumplimiento del cese al fuego bilateral. Asimismo, que solicitan a los actores armados, especialmente al Clan del golfo, el “irrestricto acatamiento del DIH y la inmediata exclusión de la población civil de la confrontación armada, así como de las hostilidades y prácticas criminales”.
De la misma manera, CREDHOS le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que “adelanten investigaciones contra funcionarios públicos por la omisión en su responsabilidad de proteger a la población”. Según la Corporación, la “‘paz total’ parte de la generación de garantías para la vida, los Derechos Humanos y la permanencia en el territorio”.
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Justamente por el Clan del golfo hay una tensión entre el Gobierno y la Fiscalía, porque el ente acusador se negó a levantarle las órdenes de captura a sus principales líderes, como se lo pidió la administración nacional. Aunque la Fuerza Pública ya suspendió sus actividades en contra del grupo armado, el ente investigador sostiene que en su respuesta al alto comisionado para la paz que la ley 2272 de 2022 limita al Gobierno Nacional para reconocer un estatus político a organizaciones criminales.
“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”, dice el documento del ente acusador.
Por su parte, el Gobierno sostiene que, aunque respeta la decisión de la Fiscalía, intentará nuevamente que el ente investigador acepte a su pretención. Según dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, “la modificación a la ley de orden público, “facultó al presidente de la República para avanzar en procesos de diálogos de paz” y aclaró que la ley 2272 también le permite avanzar en diálogos exploratorios con grupos que no tienen estatus político, como estos dos grupos herederos del paramilitarismo.
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