Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La depuración normativa ha sido un objetivo en el último tiempo. De hecho, hace unos meses el Congreso aprobó una ley que derogaba leyes obsoletas, pero, por error, la iniciativa incluyó la ley 600, antiguo código penal con el que todavía se juzga a varios presuntos criminales, y la ley que crea el DANE. Ahora, el representante Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal, es el ponente de un proyecto que busca la depuración, pero, en esta ocasión, de las normas emitidas por el gobierno nacional y los entes territoriales.
(Lea: El Congreso casi elimina también al DANE)
En diálogo con El Espectador, el representante explicó el proyecto de ley que acaba de ser aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. En este, se plantea una serie de procesos para limitar las normas promulgadas y, al mismo tiempo, mejorar su calidad. El proceso busca un proceso de estudio y análisis que no permita que se expida normatividad alguna sin su planeación debida. Asimismo, la iniciativa busca la depuración de normas obsoletas al sacar de circulación aquellas que ya no tienen aplicación
¿Por qué decir que en Colombia hay un exceso de normas?
En Colombia claramente hay un exceso de normas. Se producen por día 10,6 normas nuevas y eso es un dato actualizado a 2020 del Departamento Nacional de Planeación, que tiene un observatorio de normas. Desde el 2000 hasta la actualidad se han producido 77.000 normas. Eso solamente de normas de orden nacional, de la Rama Ejecutiva. No contamos leyes ni normas de las entidades territoriales. Eso es un despropósito.
¿Por qué es necesario este tipo de proyectos?
Hay una hiperregulación y una obesidad jurídica impresionante que lo que hace es que se genera dificultad para que los ciudadanos accedan a sus derechos con facilidad. Cuando se expiden muchas normas se genera una confusión y se ponen enredos para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. También el exceso normativo favorece a la corrupción, porque en medio de la maraña normativa se aprovechan los funcionarios corruptos. Esto le quita competitividad al país. Los empresarios desde el más pequeño hasta el más grande nos dice que no pueden con la cantidad de normas que hay actualmente. No saben cuán cumplir, hay inseguridad jurídica porque una norma contradice a la otra. Queda al arbitrio de la autoridad de quien va a aplicar la norma y eso le resta competitividad al país, eso lo ha dicho la OCDE.
(Lea también: La avalancha de proyectos aprobados a última hora en la Cámara)
¿Qué es lo que hace este proyecto de ley?
Lo que buscamos es ponerle trabas a la rama ejecutiva para que no saquen normas cada que quieran. Les ponemos dificultades para que sacar una norma se vuelva difícil. Se tiene que sacar un análisis, se publique, los ciudadanos afectados deben poder opinar previo a la publicación de la norma. Debe también haber una evaluación de la norma después de que se promulgue. Hacemos todo un ciclo normativo. Organizamos la manera en que expiden las normas en Colombia. Le ponemos unos pasos para complicar a la administración, se ordene y saque menos leyes y de mejor calidad.
¿Ponerle más trabas a la expedición de normas no va en contra de la tendencia del Congreso de eliminar tanta tramitología en el ejecutivo?
Todo lo contrario. Yo soy el abanderado de la ley antitrámite y mis temas van por esa línea. Lo que pasa es que aquí le estamos poniendo trabas al gobierno para que no expida tantas normas. Si desde el Congreso le regulamos el proceso para expedir normas (planeación, justificación, socialización), y aún así se supera ese proceso, pues saque la norma porque es necesaria. Estamos poniendo en cintura al gobierno nacional, departamental y local para que expida menos normas y la que se expedidas sean de mayor calidad. Hay una cosa chévere que han hecho los países y que nosotros lo aplicamos: el 2x1. Cada que una entidad vaya a sacar una norma tiene que derogar dos.
¿Qué criterio se tendría para esa derogación ya que por el afán de crear nuevas normas se podrían derogar otras que son necesarias?
El criterio lo tiene que definir el gobierno y tiene que estar relacionada con la norma que va a sacar. Si no hay normas que derogar pues tendrá que explicarlo y hacer una exposición de motivos. Le damos libertad al gobierno para que definan cuál norma van a sacar de su ordenamiento. Ellos tienen que hacer una investigación de fondo y deben hacer un inventario para ver cuáles no sirven. Si consideran que no hay ninguna norma por sacar pues tendrá que hacerlo en la misma norma que saquen. Como en el proyecto de ley se establece que tiene que hacerse público, pues la ciudadanía en general puede opinar si debe derogarse o no. Hay un control ciudadano.
La propuesta habla de una agenda normativa para la expedición de las normas, pero en ámbitos como el regional mucha veces las normas corresponden a la coyuntura...
Uno en lo público, como en cualquier cosa en la vida, tiene que planear. Si uno va a sacar una norma uno no de la va a inventar de la noche a la mañana. Normalmente lo que debería ocurrir en la inmensa mayoría de los casos es que hay una planeación. Si ya se tiene pensada una necesidad pues uno hace la planeación para sacar esa norma. Lo que queremos es que esa planeación se haga pública. Eso sí, si hay una urgencia, como lo que estamos viviendo, el gobierno puede expedir las normas sin tanta planeación y se justifica que no se podía planear. Hoy la contratación se está justificando en que hay una urgencia manifiesta y se hace sin planearla tanto por la fuerza mayor que estamos viviendo.
¿Realmente es necesaria una ley para mejorar la calidad de las normas? ¿No se cae en lo que se busca evitar?
Todo lo contrario, se necesita una ley que obligue al gobierno a mejorar la calidad de sus normas. Si no hay esa ley pues no lo van a hacer. Aquí creemos que somos el país de las normas y que todo lo solucionamos con una. Si no se le pone freno desde la ley a la rama ejecutiva, pues no lo van a hacer. Seguramente algunas entidades lo harán por su propia voluntad, pero si no se obliga pues todas no lo van a hacer y vamos a seguir con este exceso de normas que está violando los derechos de la gente. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda es la entidad nacional que más normas expide: ha sacado 9.000 normas. Lo siguen los ministerios de Salud (3.000) y Minas (3.000).
(Conozca: "Embriaguez habitual suspende la ciudadanía" y otras leyes obsoletas que no van más)
¿Cómo hacer para que el exceso de trámite no favorezca la corrupción?
Justamente si se le pone trabas y se hace público, pues difícilmente se van a caer en actos de corrupción. Primero se tiene que hacer un inventario normativo, luego se hace una agenda normativa y se publica. Entonces la ciudadanía puede hacerle seguimiento. Y después la entidad hace un análisis a fondo de la normativa para ver por qué sacar esa norma. Luego, cuando se tiene ese estudio, se saca un borrador para que la ciudadanía se pronuncie. Después de eso se saca la norma y se hace su publicidad en un portal único que tiene la nación, pero que en esta ley obligamos a que los hagan todas las entidades. Durante los cinco años tiene que hacerse una evaluación de impacto. Esto sin duda hace que las norma sean de mayor calidad y que repercuta en el combate en contra de la corrupción.
