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El Gobierno anunció hace unos días que desde el 20 de julio, primer día de la nueva legislatura, se discutirá el proyecto de reforma tributaria que reemplazará a la cuestionada propuesta hecha hace poco más de un mes y que fue el chispazo que encendió la movilización ciudadana. Además de ser una de las principales razones del paro nacional, el texto de la autoría del exministro Alberto Carrasquilla marcó distancias entre el Gobierno y su partido.
Estas diferencias se evidenciaron en el último proyecto radicado por el Centro Democrático, que busca brindar una alternativa a la reforma tributaria que aún no presenta la administración Duque. Este texto apenas llegó al Congreso esta semana y, contrario a las extensas reformas tributarias que se han radicado en anteriores ocasiones, solo tienen 16 artículos que incluyen algunas propuestas sociales y la propuesta del partido de Gobierno para financiar el creciente hueco fiscal.
En el primer grupo de propuestas, el Centro Democrático puso sobre la mesa la posibilidad de que se extienda la figura de matrícula cero a los estratos 1,2 y 3 de forma indefinida. Esto quiere decir que no tendría ningún costo la matrícula para estos sectores en las entidades públicas de educación técnica, tecnológica y universitaria.
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El articulado abre la puerta a que este beneficio también pueda extenderse a entidades privadas, pero “sin que el valor por cada estudiante exceda lo que se pagaría por aquél en una entidad pública”. En caso de que el valor sea sobrepasado, se contempla la posibilidad de que el beneficiado, la institución o las entidades territoriales completen el “valor restante”.
En este mismo apartado de la educación, la propuesta incluye que el Ministerio de Educación garantice que los estudiantes de bachillerato puedan tener la doble titulación: el título de bachiller académico y el grado en una carrera técnica.
La propuesta liderada por el senador Fernando Nicolás Araújo también ordenaría que durante dos años el Ejecutivo tenga un programa para el empleo joven que lleve a crear 500.000 empleos formales. Como parte de este programa, el Gobierno asumiría los pagos de salud, pensión y riesgos laborales de estos cargos.
Asimismo, el punto 5 del articulado propone que los menores de 30 años que no hayan tenido vínculos laborales formales de ninguna índole puedan ser contratados bajo la figura de contrato de aprendizaje por un tiempo mínimo de un año. Sin embargo, el proyecto hace claridad en que esta figura no puede extenderse por más de dos años y debe garantizarse que el salario no sea menor al mínimo legal.
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Aunque el Gobierno ha señalado su interés en extender los subsidios a las nóminas por Programa de Apoyo al empleo Formal (PAEF), estos no han sido prolongados. Por eso, este texto del partido de Gobierno contempla que estas ayudas se prolonguen hasta diciembre de este año, cuando la propuesta gubernamental solo los estableció hasta el pasado marzo.
El capítulo social de esta propuesta finaliza con una ampliación del programa Ingreso Solidario cuyo fin es que “ninguna persona se encuentre en pobreza monetaria extrema”. Aunque el proyecto contempla que se extienda este subsidio, no se deja constancia por cuánto tiempo sería esta extención o el monto de esta ayuda.
Para financiar este paquete social y obtener más recursos, la “minireforma” del Centro Democrático propone aumentar en dos puntos el impuesto a la renta de las empresas y prolongar este monto hasta 2031. Es decir que por 10 años la tarifa sería del 34%. Actualmente, según el estatuto tributario, esta tarifa es del 32% y, si no se ejecuta ninguna reforma, tendrá una reducción de un 1% anual desde 2021 hasta 2022, quedando en 30% al finalizar dicho periodo.
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En este mismo camino, el proyecto contempla que en los próximos tres años (2022, 2023 y 2024) las instituciones financieras tengan que pagar una sobre tasa de puntos. Es decir, la tarifa de impuesto a la renta de estas entidades bancarias, fiduciarias, aseguradores y comisionistas de bolsa tendría que ser del 37%. Esta sobre tasa se destinaría tanto a proyectos de vías terciarias como financiación de microcréditos.
Además del aumento en los impuestos a la renta, se pretende que parte de los recursos salgan de varias medidas de austeridad que incluyen: limitar el crecimiento de los gastos por cinco años a la meta de la inflación; reducción del 10% durante los siguientes tres años de los presupuestos de viáticos, gastos de representación y publicidad; y facultades extraordinarias al presidente para reorganizar el Ejecutivo y “reducir el gasto burocrático, garantizar la eficiencia y racionalidad en la prestación del servicio público y evitar la duplicidad de funciones”.
El proyecta llega justo cuando comienza la última legislatura antes de las elecciones de 2022 y que tienen a la mayoría de congresistas pensando en la forma de mantenerse en sus curules. Además, da una seña del desmarque que en el último tiempo ha tenido el partido de Gobierno con el presidente Iván Duque.