:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/zHA0DCe4O7xpTY1v4mUY9xIrvxs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/3BWBVSDODBCXRD2SZG3LF7BJ5U.jpg)
Quedan tres días para que acabe el año y, con ello, entre en vigencia el Decreto 2362 de 2018, “por el cual se adoptan medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego”. En palabras simples, nada distinto a la prórroga de la normatividad que en diciembre de 2015 comenzó a implementarse en Colombia -bajo la directriz del entonces presidente Juan Manuel Santos- y que prohíbe, de manera expresa, el porte de armas con el objetivo de reducir el número de homicidios en el país.
Su sucesor, el presidente Iván Duque, ya firmó el nuevo decreto que regirá durante todo 2019, pero las modificaciones que le hizo no quedaron exentas de suspicacias, al punto que promete ser una de las principales decisiones a las que sus opositores le pondrán la lupa el próximo año. La razón: el parágrafo adicional que da potestad al Ministerio de Defensa para que reglamente los casos específicos en los cuales se otorgarán los permisos especiales “por razones de urgencia o seguridad (…), teniendo en cuenta, entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud”, según se lee en el texto.
(Para conocer más sobre el decreto lea aquí)
Las condiciones en las que fue revelado el documento también despertaron críticas, dado que, en un hecho sin precedentes, fue un senador de la República, el expresidente Álvaro Uribe, quien filtró el documento cuando aún no tenía la firma de Duque. En su cuenta de Twitter, el hoy congresista del Centro Democrático publicó una foto de la pantalla del computador en la que se ve un archivo de Word, es decir, se podía modificar, y la fecha en la que, al parecer, fue tomada es el 24 de diciembre al mediodía. O sea, dos días antes de que el jefe de Estado firmara el decreto.
“Da la impresión de que son decisiones tomadas por fuera de la órbita del Gobierno y eso no le hace bien al presidente, ni al ministro de Defensa, ni al Gobierno en su conjunto. El partido de Gobierno no debería ayudar a transmitir esa idea de que las decisiones del Ejecutivo no se toman allá”, dijo en entrevista con La W el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino. Y aunque ni el Gobierno ni el expresidente han dado explicaciones sobre este episodio, el decreto, que fue revelado apenas hasta ayer, sí contenía las modificaciones que anunció Uribe en las redes sociales.
Pero más allá de este particular hecho, la principal crítica del decreto radica en que, desde el punto de vista de quienes lo cuestionaron, se flexibilizan las condiciones para la tenencia y porte de armas, lo que podría derivar en una oleada de violencia y, peor aún, abrir la puerta al regreso de la pesadilla del paramilitarismo en Colombia. No en vano, desde que Duque anunció el decreto, las Convivir -Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural- se convirtieron en tendencia en las redes sociales al recordar su origen y cómo aquellas antiguas cooperativas de seguridad privada fueron el germen del paramilitarismo.
“Volver al porte de armas con permiso oficial no solo es un profundo retroceso hacia la mentalidad de la autodefensa y la Convivir, de las que Uribe nunca se ha arrepentido, sino que muestra que en el gobierno Uribe controla las armas y el dinero, es decir: el poder”, dijo el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro. Un punto que lo rebate quien venía liderando la propuesta de flexibilizar el porte de armas, el representante del Centro Democrático Christian Garcés. “El problema del país es que hay personas que les encanta polarizar el debate con situaciones que no se han planteado ni se están discutiendo. En Colombia no es permitido que haya grupos de personas organizadas con permisos de porte de armas, a menos de que sean departamentos de seguridad o empresas de seguridad legalmente constituidas”, dijo el legislador uribista.
Como se recordará, en septiembre de 1994 fue expedido el Decreto 356, mediante el cual el Gobierno autorizó la creación de las Convivir que servirían de apoyo a la Fuerza Pública en su función defensiva, principalmente, contra la criminalidad rural. Por la época, el expresidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y se convirtió en uno de los principales defensores de la medida para, según él, enfrentar la oleada de violencia que azotaba por la época a ese departamento. Aún así, para el legislador Garcés lo que originó las Convivir nada tiene que ver con el decreto. “No hemos querido que todo el mundo tenga derecho a un arma, pero como ha venido rigiendo el decreto, ha generado traumatismos a personas honestas que, por sus actividades económicas o los lugares donde transitan, tienen problemas”.
Por eso, aunque el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que antes del 31 de diciembre quedará listo el instructivo para otorgar los permisos especiales -los cuales hoy están a cargo del Ejército-, el llamado del uribismo es a que incluya parámetros como permitir el porte de armas a personas que trabajan en zonas de alto riesgo. El representante Garcés, quien ha sostenido una comunicación constante con la cartera de Defensa sobre la materia, además afirma que el decreto que se venía implementando ha dado pie para que incremente la corrupción en la Fuerza Pública, “porque como fue sumamente drástica la medida, personas que tienen problemas para proteger su vida terminan corrompiéndose y pagando para acceder a su defensa personal”.
Las cifras de la Policía Nacional sobre la reducción de homicidios con arma de fuego desde que comenzó a implementarse del decreto, en todo caso, han venido en descenso: mientras que en 2015 los homicidios sobrepasaron los 9.200 casos, en 2016 hubo un registro de 8.800. En 2017 hubo una leve reducción y, a julio de este año, dicho número se aproximaba a los 5.500. Sin embargo, Garcés afirma que son más los casos de asesinatos con armas de fuego ilegales que legales, lo cual, agregó, deja sin sustento el argumento de Santos para prorrogar ese decreto durante su mandato.
(Vea en video un análisis sobre la polémica)
De momento, el otro frente que se abre ante tanta polémica es el jurídico, pues ya se anuncian demandas. Los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, junto con el exviceministro Luis Ernesto Gómez, acudirán a los estrados judiciales para tumbar la nueva directriz del gobierno Duque. “Facultad otorgada al Ministerio de Defensa para dar permisos especiales reabre la puerta al rearme de civiles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sentencias de condena al Estado colombiano, que este tipo de autorizaciones genéricas degeneraron en el fenómeno paramilitar que tanta sangre le costó al país”, argumentó Gómez.