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La canciller Rosa Villavicencio reiteró el propósito del “gobierno del cambio” de transformar el servicio diplomático colombiano para que más personas accedan a él. Lo hizo al celebrar el inicio del programa Academia Diplomática Popular y mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores es cuestionado por los cambios propuestos en un borrador de decreto para los requisitos para embajadores y cónsules.
“La Cancillería decidió cambiar un paradigma. Las comunidades son, sin duda, el corazón de la diplomacia colombiana, es el reflejo de nuestro gobierno del cambio. La diplomacia no es solo para grandes salones. Nuestra bandera es la diplomacia comunitaria: así se presenta Colombia al mundo”, afirmó Villavicencio.
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El nuevo programa de la Cancillería, Academia Diplomática Popular, ofrece formación gratuita y presencial para que personas en territorios puedan acceder a la carrera diplomática y consular. El programa opera en 16 ciudades: Neiva, San Andrés Islas, Popayán, Bogotá, Cali, Pasto, Quibdó, Cúcuta, Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Valledupar, Tunja y Villavicencio. Este fin de semana, diplomáticos de carrera viajaron a estas ciudades para liderar jornadas presenciales en las que acompañaron a participantes que desean participar en el examen de ingreso a la carrera diplomático.
“Esta iniciativa busca descentralizar y democratizar el acceso a la Carrera Diplomática. Es la concreción de las orientaciones del presidente Gustavo Petro frente al fortalecimiento de nuestra diplomacia”, dijo Harol González Duque, director de la Academia.
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La iniciativa es promovida por la Cancillería en medio de las críticas que ha recibido un borrador de decreto que se conoció a finales de esta semana, con un cambio que el mismo presidente Petro ha defendido. En este, se plantea que los embajadores y cónsules nombrados por el jefe de Estado solo cumplan dos requisitos: tener 25 años y ser de nacionalidad colombiana por nacimiento. El mandatario ha insistido en que son los mismos requisitos que se exigen a los ministros y que, al ser nombrados por él, defienden sus políticas.
El decreto de tres páginas plantea que “los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central son empleos de dirección política y de representación inmediata del presidente de la República, cuyo ejercicio exige confianza plena y un margen amplio de discrecionalidad, en atención a la responsabilidad de ejecutar las directrices de política exterior definidas por el Gobierno Nacional”. Es decir, acoge el argumento del presidente Gustavo Petro de que, al ser cargos de confianza, debe tener la potestad de nombrar a quien considere, sin tener en cuenta otros requisitos.
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La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) –los sindicatos de la Cancillería– publicaron un comunicado en el que rechazaron la propuesta. Aseguraron que, de avalarse, profundizaría “el grave retroceso institucional que se está evidenciando”. Y criticaron el decreto al considerar que “rompe el equilibrio indispensable entre la carrera diplomática y los cargos de libre nombramiento”.
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