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En el Congreso avanza una iniciativa legislativa que podría llevar a la reincorporación de oficiales de nivel ejecutivo al servicio activo de la Policía Nacional, la cual incluye un tema que había pasado inadvertido y que desató polémica hasta esta semana.
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El proyecto está a la espera de que se agende la conciliación tras haberse aprobado en cuatro debates, dos en Senado (el 26 de agosto y el 18 de noviembre) y dos en Cámara (octubre de 2024 y junio de 2025). El articulado introduce cambios en los procesos de reincorporación de miembros retirados de la institución. Sin embargo, una disposición incluida en su articulado desató preocupación en sectores políticos al otorgar amplias facultades al presidente para reintegrar oficiales sin requisitos específicos, incluso a quienes salieron bajo cuestionamientos.
El senador Manuel Virgüez, del partido MIRA, explicó que el proyecto “va específicamente dirigido a miembros de la Policía Nacional para reincorporarlos, es decir, para reintegrarlos y ascenderlos”, una medida que originalmente buscaba reforzar el pie de fuerza ante el deterioro de la seguridad. No obstante, advirtió que el alcance de la norma terminó moviéndose en otra dirección.
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Según Virgüez, el punto crítico es un artículo que, en sus palabras, “le faculta al presidente para que él reintegre o reincorpore oficiales que han sido destituidos o se han retirado de manera libre, sin ningún tipo de requisito”. La preocupación se amplifica en el contexto del reciente escándalo por la presunta infiltración de disidencias de alias Calarcá a entidades del Estado, lo que para el senador vuelve indispensable blindar los procedimientos.
Los reparos del senador se fundamentan en el Artículo 70 de dicho proyecto, en el que se establece que “el personal de oficiales y del nivel ejecutivo retirado a solicitud propia o por llamamiento a calificar servicios, podrá ser reincorporado en cualquier tiempo, a petición de parte o por voluntad del Gobierno Nacional o de la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, previo concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional para oficiales o de la Junta de Clasificación y Evaluación para el nivel ejecutivo”.
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Virgüez insistió en que “nos preocupa que el presidente de la República de turno, sea cual sea, quede con esas facultades arbitrarias libres sin ninguna restricción”, y anticipó que su partido elevó solicitudes formales para evitar que las plenarias de Senado y Cámara aprueben la conciliación. En su lugar, propone impulsar una regulación más estricta que ponga límites claros a cualquier reincorporación.
El senador Nicolás Echeverry aseguró que este proyecto es importante, ya que equilibra a la Policía frente a otras fuerzas y hace “justicia en cuanto al salario y en cuanto al cargo de los oficiales”, pero manifestó que esta tarea debe ser responsabilidad de la Junta de Generales y que “debe ser regulada y no a merced del presidente”. Echeverry advirtió que el artículo debe ser corregido en la conciliación
Las advertencias sobre antecedentes disciplinarios y participación política
El senador también cuestionó que el proyecto excluya a las Fuerzas Militares y se enfoque únicamente en la Policía. Señaló que la norma introduce “una palabra muy extraña” en torno a los procesos de reintegro, que resulta especialmente inquietante a la luz de investigaciones recientes por vulneraciones en la reserva de información estatal. En su criterio, la reincorporación de oficiales debe tener controles estrictos para evitar riesgos para la seguridad nacional.
En cuanto a esto, Echeverry aseguró que los ponentes del proyecto tienen el compromiso de eliminar del articulado el apartado donde se señala que el presidente podría “reintegrar libremente”, pues reconoció que la expresión genera ambigüedades y hace pensar que no se tuvieron en cuenta los métodos que regulen estas reincorporaciones: “Excluyedo esta palabra del texto se da la garantía de querer que se equilibre la Policía y no que sea el presidente quien reintegre”, explicó el senador
Virgüez recalcó que la regulación debe incluir filtros rigurosos: “tengan algunas limitaciones respecto de su hoja de vida, su mérito, pero además que si han participado en política queden inhabilitados”. Señaló casos en los que miembros retirados, llamados a calificar servicios, han sido reincorporados pese a presunciones o investigaciones previas. “Normalmente es porque hay sospechas, hay investigaciones, hay presunciones”, añadió.
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Asimismo, insistió en que los funcionarios que hayan hecho campaña política no deberían volver al uniforme para proteger la imparcialidad institucional. “Se pierde la objetividad, la imparcialidad a la hora de portar nuevamente el uniforme”, advirtió.
Aunque la conciliación está lista para ser agendada, congresistas buscan frenar su aprobación. Virgüez anticipó que seguirán insistiendo en una regulación que preserve la transparencia y evite que la reincorporación de oficiales se convierta en una herramienta discrecional con efectos directos sobre la seguridad nacional.
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