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El proyecto de ley de sometimiento o acogimiento que fue presentado con mensaje de urgencia por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, sigue en una carrera contrarreloj que tiene como límite el 4 de noviembre, debido a que en esta fecha se vence la vigencia de la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997).
Este jueves habrá un foro en la Comisión Primera del Senado, con la presencia del ministro de Interior (e) y de Justicia, Iván Cancino, para preparar el campo de la discusión legislativa; además, se anunciará la discusión en la plenaria del Senado. Y la fecha de arranque de la discusión en la cámara alta será el viernes 30 de octubre. En el caso de la Cámara de Representantes, el proyecto será anunciado el lunes festivo para iniciar formalmente su discusión el martes 3 de noviembre, un día antes de que se venza el plazo para aprobarla.
El Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado, relacionado con la modificación y prórroga de la llamada ley de orden público, ya se aprobó en Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso, sin embargo, tiene hasta el próximo miércoles para ser aprobada por el Legislativo. Allí está la contrarreloj que tiene la administración con este texto, que fue presentado por el ahora exministro de Interior Rodrigo Lara.
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Las comisiones primeras conjuntas aprobaron la ponencia positiva con 21 votos por el sí y 1 por el no en Senado, y 21 por el sí y 10 por el no en Cámara. Días más tarde, el Consejo Superior de Política Criminal dio su aval con 14 votos a favor y uno en contra, allí tienen asiento delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del Interior y de Justicia y el Congreso, entre otros organismos de control.
La ponencia para el segundo debate tiene 29 artículos y presenta cambios como una vigencia que pasó de diez años, como se tenía pensado en un inicio, a cuatro años, para que coincida con el periodo del actual Gobierno. Otro de los cambios será que la prisión para involucrados en lavado de activos pasó de un año antes de acceder a una ruta de libertad condicional en el primer texto a mínimo tres en el segundo.
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Se conservan temas como las reducciones de hasta el 50 % para integrantes y del 30 % para líderes de las organizaciones; estos últimos deberán cumplir al menos diez años de prisión, aunque los responsables de reclutar menores tendrán beneficios más limitados, que fueron excluidos en un inicio del proyecto de ley.
"No solamente va a haber algún tipo de rebaja por la entrega de rutas de narcotráfico, sino también por laboratorios de drogas que no estén relacionados con la cocaína, como los laboratorios de pastillas, por ejemplo. También va a haber unos beneficios por erradicación manual de cultivos ilícitos. También van a tener beneficios por demostrar vínculos con corrupción pública, como contratación en beneficio de grupos ilegales. Y obviamente también habrá beneficios por relaciones con la política. Esto no es solo afirmar; tendrán que demostrar y tener un registro probatorio dentro del debido proceso que decidirán los jueces frente a ese tema”, aseguró el ministro Cancino.
El texto, que se discutirá sin jefe de Interior en firme —pues aún no hay decreto sobre el designado Alejandro Ordóñez—, es el piso jurídico para el proceso de sometimiento criminal que propone este Ejecutivo, en contraste con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.
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