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7 Sep 2020 - 10:00 p. m.

“Más capacidad del Ejecutivo no significa menos rendición de cuentas”

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, profundiza sobre la alarma que la organización emitió días atrás por la concentración de poder en el presidente Iván Duque, durante la pandemia. Dice que aunque el problema es estructural, empeora en esta crisis por el COVID-19, y hace falta más control político por parte del Congreso y un respeto real del Gobierno por la libertad de expresión.
Laura Angélica  Ospina

Laura Angélica Ospina

Periodista Política
Hernández reitera que más margen de maniobra para que el presidente tome decisiones no quiere decir menos control político./ Cortesía
Hernández reitera que más margen de maniobra para que el presidente tome decisiones no quiere decir menos control político./ Cortesía
Foto: Cortesía

Hace unos días, la corporación Transparencia Internacional y su capítulo Transparencia por Colombia, emitieron una alerta sobre la concentración del poder en el presidente Iván Duque durante la pandemia. Si bien la organización reconoce la necesidad de que el Ejecutivo tenga más margen de maniobra para tomar decisiones frente a la crisis generada por el COVID-19, advierte sobre un aumento indiscriminado en ese aspecto, sin un control político fuerte y con el sistema de pesos y contrapesos bastante debilitado.

(Lea: Advierten que en pandemia creció concentración del poder en manos de Duque)

En entrevista con Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explica que la lucha contra la corrupción, más allá de contratación irregular y robo de dineros públicos, tiene que ver de fondo con un efectivo control al poder. En ese sentido, la alerta se hizo pública en septiembre porque es el resultado de un monitoreo hacia los hechos de perfilamientos a periodistas, críticos del Gobierno, activistas y líderes políticos realizados por el Ejército, y la más reciente lista de influenciadores clasificada para Presidencia, la elección de los ternados del presidente a la Procuraduría, la Defensoría, el préstamo a Avianca, y el pobre control político ejercido por el Congreso.

Con todo, la organización enfatiza en que si bien el problema de cooptación del poder en Colombia es estructural, en un contexto como el actual, los efectos de ese fenómeno que aqueja al país se profundizan sin que haya un robusto debate público al respecto. En ese sentido, el Gobierno “se parece más a los países que concentran el poder que a los que respetan la separación de poderes”, dice Hernández.

El gobierno del presidente Iván Duque hizo, a principio de su mandato, un énfasis especial en la lucha contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver ese compromiso con la alarma de concentración de poder?

El gobierno del presidente, en sus inicios en 2018, empezó con una apuesta relevante en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, le ha faltado mucho más alcance en su implementación. De esos instrumentos que quedaron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, de esos planteamientos que se hicieron en campaña, se ha visto poco desarrollo en el contexto actual del país.

Consideramos que por distintas razones llegamos a un escenario en el que el sistema de control al poder termina siendo cuestionado por una preocupante concentración del poder en el Ejecutivo. ¿Eso qué tiene que ver con la lucha contra la corrupción? Sí. La lucha contra la corrupción es, en esencia, una lucha por mantener el control al poder y al abuso del poder.

Lo que pasa hoy en Colombia es que por las razones actuales, ese poder está tendiendo a ser concentrado en el Ejecutivo. Y eso nos genera una alarma frente al desequilibrio y desbalance que hay en relación con las otras ramas del poder público, frente a instrumentos fundamentales de control de poder en las democracias y en derechos como son la libertad de expresión, la libertad de información, de participación. Y ahí está la raíz de nuestra alerta y nuestra preocupación.

¿De qué se trata entonces la lucha contra la corrupción?

No se trata solamente de enviar propuestas de ley al Congreso o plantear políticas públicas. La lucha contra la corrupción es, sobre todo, utilizar esos instrumentos para impactar ámbitos específicos. Pero en paralelo a esto, que el Ejecutivo sepa respetar y operar bajo el rol de separación de poder.

Entonces, aquí entramos en un escenario un poco más amplio: ya no se trata de ver si el Gobierno está cumpliendo con sus promesas de campaña, en el PND, de política pública, sino de ver en qué contexto está operando bajo las otras ramas del poder. La ecuación que tenemos, después de monitorear este año que ha sido tan complicado, es que hoy en día ese contexto tiende a privilegiar más el poder del Ejecutivo frente a las otras ramas del poder, en detrimento de ellas y de las libertades descritas.

(Lea esta editorial: La transparencia no puede ser solo un discurso)

En esencia, el Congreso es el que ejerce el control político al Gobierno. Pero, últimamente se ha visto cercanía entre el Legislativo y Ejecutivo. Algunos atribuyen ese acercamiento a la mermelada y las sesiones a distancia. ¿Qué opina?

Una de las cosas que más nos llamó la atención cuando el entonces candidato Iván Duque estaba en campaña y luego cuando arrancó su gobierno, es que planteó la independencia total como parte de su lucha contra la corrupción. En palabras coloquiales: no mermelada en cargos, contratos, asignación de presupuesto. Ese planteamiento creó una relación complicada con el Congreso, que ha sido más amable en los últimos meses.

Ese cambio se debe a la apertura de la participación en el Gobierno de otras fuerzas políticas. Y eso cambia la ecuación. Ya no tenemos un Congreso distante y que controvierte en muchos ámbitos los planteamientos del Ejecutivo. Ahora es más favorable: la designación de los ternados del presidente en los órganos de control, la reforma al Sistema General de Regalías, entre otros, son señales de la cercanía con las fuerzas mayoritarias del Legislativo.

¿Y las sesiones virtuales?

Es un factor que contribuye a esta situación. La presión del Congreso de observar y controlar al Ejecutivo se ha visto afectado por no tener una situación de presencialidad en las interacciones con el Gobierno. No es ser crítico de la tecnología, pero lo que eso hace, en términos de interacción política, es limitar la posibilidad de deliberar de forma más profunda y efectiva.

(Conozca: “Contra la corrupción se requieren resultados rápidos”: Transparencia por Colombia)

Volviendo a la elección de procuradora, defensor y magistrado. Es común que los presidentes terminen proponiendo a sus cercanos en ese tipo de cargos. ¿Hay alguna diferencia con Duque?

Eso ha pasado en los mandatos de varios presidentes, por no decir que en todos, y obedece al diseño institucional de esta democracia: un primer mandatario tiene autonomía de presentar sus candidatos a las ternas de estos altos cargos en órganos de control. Pero lo que diferencia este gobierno con los anteriores es que todos sus candidatos quedaron electos. Eso es lo que genera un riesgo a la independencia de quienes van a liderar estos cargos. El gran problema es que no terminamos de hacer de manera suficiente la revisión del diseño institucional para preservar esa separación y equilibrio de poderes.

La situación sería muy distinta si bajo estas facultades de nominar terna y enviarla para su elección, el presidente lo hiciera al final de su mandato de manera que las personas que ejercen control lo hacen en el mandato siguiente. El problema es que esto sucede que el que nomina y los que eligen serán controlados por una persona que es cercana o muy cercana a quien hizo esa nominación.

La expectativa en la democracia es que al momento de nominar se escojan personas que sean suficientemente distantes incluso de su nominador. Pero los nominados fueron una exministra y en el caso de la Fiscalía, un amigo personal del presidente para esos cargos. Desde ese mismo momento, el respeto por la naturaleza del cargo se cuestiona, y se agrava cuando en la elección de esos cargos terminan imponiéndose criterios más políticos que de distancia entre quien va a controlar y quien va a ser controlado.

¿Qué tan afectadas se ven las autoridades locales con la concentración del poder en el ejecutivo?

Este también es un problema estructural en torno a la descentralización. En este caso, hemos visto que los mandatarios locales, por responder a la pandemia, han perdido el norte de mantener en cierta medida un equilibrio frente al Gobierno central, que ha incrementado su capacidad de generar normativas y movilizar recursos. Esta situación ha generado que haya un debilitamiento en el proceso de descentralización. Tienen menos margen de maniobra frente al Gobierno, porque dependen en gran medida de la capacidad de gestión de recursos, de articulación con el gobierno nacional y sus representantes en el Congreso.

¿El préstamo a Avianca es una de las acciones cuestionables en términos de transparencia al Gobierno?

¿Por qué no pudo haber un debate público suficientemente amplio y argumentado alrededor de ese préstamo? En gran medida por los factores de la pandemia y la acumulación de poder que eso representa. Este caso ilustra los riesgos que se corren cuando se concentra el poder, cuando aumenta la discrecionalidad y cuando los controles o son menores o tienen riesgo de no ser independientes. Entonces, muchas de las críticas alrededor de este préstamo tienen que ver con por qué se prioriza a esta empresa bajo unas particularidades como que ni siquiera tiene domicilio en el país. Y entonces la explicación de estos temas y el debate público en torno a este tipo de decisiones tienden a ser mucho más limitados.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha hecho muchos cuestionamientos sobre esto. ¿Cuál es el detalle de esos 25 billones de pesos que el Ministerio de hacienda ha dicho que tiene el FOME?¿Cuál es la explicación con suficiente antelación que le pueden dar al país de cómo esos recursos van a ser utilizados?

Todos estamos de acuerdo que en el marco de una pandemia, el gobierno nacional tenga más capacidad. Pero más margen de maniobra no significa menos rendición de cuentas. Lo que vemos es que esas decisiones en este contexto pueden correr el riesgo de favorecer intereses más particulares que intereses generales.

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En este contexto, ¿le ha hecho falta al Congreso tomar más las riendas del control político?

Por supuesto que sí. El Congreso que tenemos hoy atendiendo la situación de pandemia y la recuperación económica, se comporta de una manera distinta al Congreso que tuvimos al inicio de este periodo presidencial. Vemos un Congreso que ha estado en deuda con un ejercicio mucho más efectivo del control político.

Siempre se ha tenido miedo de que Colombia sea un régimen totalitario. ¿Cree que estaría pasando en este Gobierno lo que tanto se ha criticado?

Transparencia Internacional hace un ranking cada año sobre la afectación de la corrupción en 180 países. Los países menos afectados se caracterizan por una separación de poderes muy clara, con un sistema de pesos y contrapesos que funciona bien, respeto por la libertad de expresión, de prensa y la participación de la sociedad civil en decisiones de país. Si ese es el análisis de países que les está yendo bien en lucha contra la corrupción, y vemos la realidad en Colombia, vemos que tenemos todo lo contrario.

Sobre esto, cabe aclarar que el presidente tiene toda la autonomía para elegir su gobierno. La gente dice “el presidente puede gobernar con sus amigos”. Pero es que los órganos de control no son el gobierno. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Tenemos una concepción de respeto a la institucionalidad, pero que en la práctica no es congruente con ese discurso de separación de poderes y de evitar que lleguemos a una dictadura y de evitar cooptación. No era el propósito, pero la realidad dice que sí nos parecemos más a aquellos países donde se concentra el poder, que aquellos donde se controla y se separa efectivamente.

¿Cuál es la lectura de ustedes respecto a la relación entre este Gobierno y la libertad de expresión?

La libertad de expresión es uno de esos principios del sistema de pesos y contrapesos, en el que la ciudadanía también controla al poder. Cuando tenemos por cualquier motivo perfilamientos a periodistas, activistas, líderes políticos, estamos evidentemente en un escenario en el que se está poniendo en cuestión la libertad de expresión y eso es muy grave para una democracia que quiere ser moderna, respetuosa de los derechos humanos y una democracia que quiere sobresalir en un espectro internacional.

Ese caso, sumado a los ataques a los periodistas que pusieron en evidencia las políticas del Ejército de contar bajas y que pone en riesgo volver a falsos positivos, y el análisis de los influenciadores para Presidencia, genera una tendencia muy preocupante. Esto tiene cierto eco en perspectivas políticas que pueden terminar justificando y haciendo ver como válido el ataque a la libertad de expresión. El ataque a la libertad de expresión hace más difícil que una persona denuncie actos de corrupción, en un país que, por cierto, tiene mínima legislación para proteger a los denunciantes.

¿El presidente Iván Duque se está extralimitando en sus actuaciones frente a quienes critican su Gobierno y le hacen control desde diferentes frentes?

Cualquier acción que tenga algún tipo de detrimento o efecto negativo sobre la libertad de expresión es una extralimitación de la función de un gobernante. Este, en materia de libertad de expresión, cualquier presión y afectación a ese derecho pareciera que lo que busca es generar un detrimento al hecho de ser controlado.

(Robledo y el MOIR, ¿de salida del Polo?)

En perspectiva histórica, Colombia ha tenido muchos problemas para controlar el poder. ¿Hacia dónde vamos?

Los problemas de abuso de poder y de corrupción son estructurales y no se resuelven de un día para otro. Es una tendencia de hace años y se ve afectada por la violencia y el conflicto armado. Muchas personas dicen que ahora la corrupción se ve porque se acabo el conflicto armado. Pero en realidad, lo que pasaba antes es que la corrupción era algo funcional en esa dinámica de guerra. Y lo seguimos viendo en las zonas del país sigue existiendo la violencia, el asesinato de líderes, las economías ilegales, debilidad institucional, ausencia de medios de comunicación y nulas capacidades para la participación ciudadana. Entonces, creo que si empezamos a ver la problemática de corrupción, no solamente como un tema de unas cuantas plazas y unos contratos, sino como un tema de abuso del poder, podemos encontrar soluciones más de fondo. Hacia allá es a donde le hemos propuesto al país que podamos avanzar.

¿Qué hacer para avanzar en ese sentido?

Para generar un cambio en este aspecto no es necesario reformar la Constitución, como algunos proponen. Por ejemplo, en esas peticiones de reforma no se puede impedir de que el presidente de la República proponga en una terna a uno de sus mejores amigos. Ese no es el rol de una constituyente. Es lo que esperaríamos de un liderazgo muy fiel al espíritu del sistema de pesos y contra pesos. El cambio se hace a través del liderazgo político, una fuerte demanda de la sociedad civil para mejorar en este aspecto, y la acción de los medios de comunicación y la academia. Esos puntos son necesarios para que se respete la democracia y haya transparencia en el sistema que nos rige.

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