A horas de que arranque la discusión del proyecto de ley para revivir el Ministerio de la Igualdad fue radicada la ponencia de archivo. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y Germán Blanco (Conservador) la presentaron argumentando que existiría un significativo aumento en la contratación de personal que contrasta con las cifras de ejecución de la cartera.
La discusión en las comisiones primeras de Senado y de Cámara estaba programada para este martes, pero fue aplazada. Los ponentes en Senado son Clara López (Pacto Histórico) León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Carlos Benavides (Pacto Histórico), Julio Elías Chagüi (La U), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Paloma Valencia (Centro Democrático), Fabio Raúl Amín (Liberal), Julián Gallo (Comunes) y Germán Blanco (Conservador).
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Por la Cámara están Karyme Cotes (Liberal), Pedro Suárez (Pacto Histórico), Delcy Isaza (Conservador), Gersel Luis Pérez (Cambio Radical), Hernán Cadavid (Centro Democrático), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Jorge Eliécer Tamayo (La U), Luis Alberto Albán (Comunes), Marelen Castillo y Orlando Castillo (curul de paz).
Sobre la decisión de radicar la ponencia de archivo, la opositora Valencia aseguró que “en el Plan Nacional de Desarrollo metieron un mico que fue el Fondo del Ministerio de Igualdad [Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial], destinado con COP 1,9 billones y que lo maneja una fiducia”.
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Según la uribista, en la cartera habría “doble burocracia. Un ministerio que no hace nada tiene 540 funcionarios y más de 190 contratistas y en el fondo tienen: 233 contratistas y 26 contratos laborales completos. Tenemos el ministerio y el fondo. Como ejecutan a través de la fiducia, está todo por contrato privado”.
En la ponencia se indica que el fondo “no ha contratado programas, planes y proyectos necesarios para superar la desigualdad en Colombia, sino que, por el contrario, se ha dedicado a vincular personas mediante contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas y contratos laborales. No tiene sentido que el Ministerio prevea una planta de personal tan abultada cuando, en realidad, la mayor parte de los recursos se ejecutan a través de una Fiducia que también vincula funcionarios y contratistas”.
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Por otra parte, también aborda la conocida baja ejecución presupuestal del ministerio: “Uno de los aspectos más preocupantes del Ministerio de la Igualdad ha sido su pésima ejecución presupuestal. Transcurridos tres años desde su entrada en operación, esta entidad ha sido incapaz de llegar, siquiera, a una ejecución total del 10 %. Frente a los 11 proyectos de inversión que se están ejecutando en la vigencia 2025, a corte de octubre, 5 tenían 0 % de ejecución, 5 tienen una ejecución inferior al 3 % y solo 1 tiene un avance del 65,2 %. En total, transcurridos 10 meses de este año, la ejecución del componente de inversión llega a un escaso 2,7 %”.
Esta es la ponencia de archivo:
Tal y como lo contó El Espectador, a inicios de octubre, la cartera apenas había ejecutado el 1,9 % de un presupuesto que asciende a los COP 1,2 billones con una cifra de funcionamiento (COP 798.523 millones) que es mayor a la de inversión (COP 498.912 millones). En efecto, las demoras en la ejecución, en medio de la crisis fiscal a la que se enfrenta el país en 2026, podría golpear la discusión en el Congreso.
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Además de la ponencia de archivo promovida por Valencia y Blanco, hay otra que fue radicada por los representantes Hernán Cadavid y Marelen Castillo. A esta se suma la ponencia positiva y una alternativa, promovida por el representante Gersel Luis Pérez (Cambio Radical) que plantea cambios como que la cartera se llame Ministerio de Inclusión y Justicia Social y elimina dos viceministerios.
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