La entidad que el presidente Gustavo Petro creó con la promesa de devolverles la dignidad a quienes “han sido históricamente excluidos” pende de un hilo que está en manos de un Congreso en plena campaña electoral. Los 19 senadores y 33 representantes a la Cámara de las comisiones primeras constitucionales tienen la primera palabra sobre el futuro de la cartera más joven del Estado. La discusión será a contrarreloj, pues con el paso de los días se acerca la fecha límite que dio la Corte Constitucional (20 de junio de 2026) para volver a tramitar la ley que le dio vida al Ministerio de la Igualdad y aún no hay avances.
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El Gobierno llega a este punto crítico enfrentando un rosario de cuestionamientos por el manejo de la entidad, que, además, no ha estado exenta de ser escenario de fuego amigo y una alta rotación de funcionarios. Como lo contó El Espectador, la cartera ha estado bajo la lupa de la opinión pública por denuncias de acoso laboral, baja ejecución presupuestal, intentos de nombramientos sin experiencia y los manejos del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad.
A todo esto se suma el poco ambiente de discusión que recorre el Capitolio, ya que la mayoría de bancadas se volcó al juego de alianzas y movidas para 2026. Aunque se esperaba que este martes sesionaran las comisiones de manera conjunta, la mayoría de sus integrantes argumentó que no tenían disponibles los tiquetes aéreos para viajar desde sus regiones hasta Bogotá, por lo cual pidieron correr la sesión. Este diario pudo comprobar que, efectivamente, solo hasta la mañana de este mismo martes se empezó a gestionar la renovación del servicio con la empresa Subatours.
“No hay interés de discutir y citar los miércoles es perder el tiempo, porque todos los congresistas se van de viaje a hacer campaña y el quórum no alcanza . Además, no hay nadie del Gobierno presionando por ese proyecto e incluso por ninguna de las otras reformas”, dijo uno de los presidentes de las primeras que pidió no ser citado.
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Funcionarios de la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior reconocen que en este momento la prioridad del Gobierno es la reforma tributaria que se discute en las comisiones terceras, de la que dependen los COP 16,3 billones que le faltan al presupuesto de 2026. Esta es la misma situación que tiene en vilo a la reforma a la salud, la ley de sometimiento, la jurisdicción agraria y otras apuestas del Ejecutivo. Algunas voces en el Congreso aseguran que una vez se apruebe la reforma tributaria todos darán por terminado el periodo legislativo.
Entre tanto, la oposición prepara una arremetida contra el Ministerio y el Gobierno en general. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y el senador Germán Blanco (Conservador) radicaron ponencia negativa para pedir que se tumbe por completo la entidad argumentando que, como ya lo dijo la Corte, en su momento se creó sin aval fiscal y ahora estaría generando duplicidad de funciones con otras entidades y se podría utilizar para “gastar” en medio de elecciones.
Los resultados de 2024 son el punto de partida para pedir que no se le dé una segunda luz verde al ministerio. Ese año, la cartera recibió COP 1,6 billones, pero, según datos del Portal de Transparencia, la ejecución apenas llegó a 2,4 %. Además, la mayor parte de ese monto, cerca del 68 %, se fue para pago de salarios, arriendos y compra de bienes y servicios. Así las cosas, solo el 31 % se destinó a las políticas públicas para atender necesidades de las mujeres, la juventud, los territorios excluidos, la población LGBTQ+ y los pueblos étnicos.
A finales de ese año, la entonces ministra Francia Márquez argumentó que las malas cifras se debían a los retos propios de “crear una institución desde cero”, entre estas las barreras democráticas. Este año, antes de salir de la entidad en medio de su distanciamiento con el presidente Petro y las peleas con Armando Benedetti y Laura Sarabia, la también vicepresidenta aseguró que se sintió bloqueada y poco respaldada en su misión de hacer despegar el ministerio.
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Esos choques internos, según contaron desde la entidad, también afectaron la ejecución. Tras la salida de Márquez, al cargo llegó Carlos Rosero, quien incluso tuvo fuertes peleas con la saliente ministra. Sin embargo, aunque a finales de febrero asumió el cargo con la confianza de impulsar las inversiones, su gestión solo duró unos seis meses, pues también diferencias con el jefe de Estado lo dejaron fuera del gabinete y le dieron paso al actual ministro, Juan Carlos Florián.
Florián, por su parte, se ha enfrentado a las polémicas por su salida exprés del cargo y posterior reintegro para esquivar la ley de paridad de género en el gabinete, a lo que se suman las polémicas por el interés del Gobierno de nombrar como viceministra de Juventudes a Juliana Guerrero, quien sigue enfrentando dudas sobre la validez de su título de la Universidad San José y también fue objeto de polémica por ser la protagonista de varios vuelos del Ministerio del Interior por un valor de COP 213 millones y sin aparente justificación. Además, con Florián se presentó el regreso al cargo de viceministra de las Mujeres de Tamara Ospina, quien, como lo reveló este diario, enfrenta denuncias por acoso laboral, violencia política y racismo.
Los datos de 2025 le dan más gasolina a la oposición. Con corte al primer semestre, la cartera, con un presupuesto de COP 1,2 billones, tenía apenas una ejecución del 1,9 %. Los problemas de chequera no son los únicos. Pese a ser una entidad que nació en junio de 2023 con 744 cargos, solo hasta finales de 2024 se empezaron a llenar las 32 direcciones territoriales.
“En un contexto de déficit fiscal y necesidades urgentes en sectores como salud, educación y seguridad, mantener una cartera con semejante nivel de ineficiencia representa un alto costo de oportunidad para el país”, señalaron los congresistas que firmaron la ponencia de archivo.
El manejo de la entidad también está bajo la lupa de los órganos de control. De acuerdo con el informe de auditoría más reciente de la Contraloría, se encontraron deficiencias en las notas de los estados contables, irregularidades en la legalización de viáticos, ausencia de manuales contables, deficiencias en los procedimientos del proceso contractual y hasta la pérdida de recursos por reservas presupuestales no ejecutadas.
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¿Qué pasará con el Ministerio de la Igualdad en el Congreso?
En el panorama del debate apareció una ponencia alternativa que podría generar consensos. El texto propone cambiarle el nombre a “Ministerio de Inclusión y Justicia Social”, eliminar dos de los cinco viceministerios y darle dientes a las comisiones primeras del Congreso para hacer seguimiento a la gestión.
Sin embargo, de acuerdo con varios legisladores de esas mismas células legislativas, las cuentas para la aprobación o hundimiento definitivo del Ministerio de la Igualdad no dependerán tanto del pulso entre oficialismo y oposición, sino de que haya quórum para adelantar un debate que inicia desde cero y pone en juego una de las banderas sociales del petrismo.
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