El secretario general del Senado, Diego González, respondió a la petición del senador electo Wadith Manzur (Conservador) de posesionarse fuera del Congreso, al estar recluido por presunta implicación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Luego de ser revisada, la petición fue negada por el Congreso.
Manzur, pidió que la posesión pudiera darse de manera virtual o en la Escuela de Carabineros de la Policía, donde se encuentra privado de la libertad. En ese sentido se le respondió que el uso de estas herramientas tecnológicas para procesos legislativos tienen “por objeto ‘armonizar los procesos legislativos dentro del Congreso’ mediante la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer los trámites expresamente regulados por dicha normativa. Por consiguiente, sus disposiciones no resultan extensibles al acto de posesión de los congresistas”.
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En segundo lugar, el secretario del Senado manifestó que “la posesión de los congresistas debe cumplirse en el ámbito institucional de la respectiva Cámara y con observancia de las solemnidades previstas en el Reglamento del Congreso”. Y agregó: “Lo anterior se deriva de la estricta aplicación de lo establecido en el artículo 140 de la Constitución Política, conforme al cual ‘el Congreso tiene su sede en la capital de la República’, y de la interpretación efectuada por la Corte Constitucional, que identificó como regla de derecho que ‘la sede del Congreso es la capital de la República’ y a su vez precisó que “el Congreso tendrá una sola sede”.
En esta línea, se manifestó que “el Consejo de Estado ha señalado que la posesión es ‘una ceremonia solemne, establecida de manera detallada en el Reglamento del Congreso’ y que quienes se incorporen posteriormente ‘deberán posesionarse ante el Presidente de la Cámara respectiva, de modo que el acto debe cumplirse ante la autoridad legislativa competente y dentro del marco institucional de la Corporación, sin que el ordenamiento haya previsto, para este supuesto, la recepción del juramento en un establecimiento distinto“.
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De esta manera, se consideró que la corporación no encontró una norma expresa que permita realizar la posesión de los congresistas fuera del mecanismo previsto en la Ley 5ª de 1992. De acuerdo con esta ley, los congresistas tienen hasta ocho días después del 20 de julio para tomar posesión de su curul. Eso, en todo caso, puede ser objeto de excepciones, solamente si son de “fuerza mayor”, como ya lo contó El Espectador.
En marzo, cuando fue radicada la petición de Manzur, la Corte Suprema no se pronunció al respecto y prefirió enviar una solicitud al Senado. En ella se pidió definir si la medida de aseguramiento preventiva implicaba la imposibilidad absoluta de ejercer o materializar el mandato representativo derivado del voto popular, incluso en ausencia de sentencia condenatoria.
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“La Sala no tiene atribuciones consultivas o de emisión de conceptos, no se emitirá pronunciamiento. [...] El despacho remitirá copia de la petición a la Presidencia y la Mesa Directiva del Senado de la República, para lo de su cargo”, asegura la carta enviada por parte de la Corte a Lidio García, entonces presidente del Congreso.
Tres días después de las elecciones legislativas, el 11 de marzo, la alta corte formuló acusación por el delito de cohecho impropio contra cinco congresistas: Manzur, Manrique, Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal). Además, el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde) fue acusado por la presunta aceptación de dádivas. Según la investigación, todos habrían comprometido el ejercicio de sus funciones como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Sin embargo, únicamente Manzur y Manrique fueron cobijados con una medida de aseguramiento en centro carcelario.
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