Córdoba, Cortés y Toro: tres mujeres que “guerrean” en sus regiones por frenar crisis de inseguridad

Las gobernadoras Nubia Carolina Córdoba, Rafaela Cortés y Dilian Francisca Toro destacaron en el año por su lucha contra el flagelo de la violencia en sus departamentos.

Foto: El Espectador

Tan solo siete de las 32 gobernaciones de Colombia están bajo el mando de mujeres y de ellas, especialmente tres han tenido que asumir el recrudecimiento de la violencia en sus territorios. Chocó con Nubia Carolina Córdoba, Meta con Rafaela Cortés y Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca han afrontado una crisis de seguridad y el avance de los grupos criminales en sus departamentos, a la par que enfrentan una falta de recursos para revertir esta crisis e incluso, según su versión, un reducido apoyo del Gobierno Nacional.

Las mandatarias han tenido la tarea de mantener el control territorial en medio de un escenario en el que han incrementado los secuestros –en 118 % al corte de octubre, según el Ministerio de Defensa –, se ha presentado un aumento sustancial del fenómeno de la extorsión, que viene en ascenso desde el 2020 y que en el último año ha reportado más de 10.000 casos, siendo el tercer rubro más rentable para estructuras criminales. A su vez, se han registrado ataques a poblaciones civiles, principalmente en áreas rurales, los cuales son perpetrados por grupos ilegales y ponen a la Fuerza Pública en guardia.

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Según detallaron las tres mandatarias en diálogo con El Espectador, la confrontación por las economías ilegales y la retaliación contra la Policía y el Ejército han dejado en medio a poblaciones civiles que sufren finalmente los estragos de estos conflictos.

En Chocó, por ejemplo, la gobernadora Carolina señaló que son las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el control de los ríos – principales vías de ese departamento– los ejes que han agudizado un choque entre el Clan de Golfo y el ELN, desencadenando hasta 9 paros armados en los últimos 18 meses.

Esas situaciones, combinadas con las olas invernales por las que ha atravesado el departamento, son calificadas por la gobernadora como “emergencias traslapadas” que requieren “tomar decisiones de fondo. (...) Toca invertir una plata en el desminado. Las campañas en respuesta al riesgo de minas no pueden seguir siendo charlas, pues ya sabemos que una mina mata. El problema es que en el Chocó no sabemos dónde están. Pueden estar cerca a la casa, a la finca, la escuela, el pancoger, porque esa ha sido una estrategia de los grupos entre ellos”.

Con poco más de COP 1 billón para su gestión durante el año, sumado a los ingresos a través del Sistema General de Regalías (SGR) –del que Chocó ejecutó un 98,2 %, según el Departamento Nacional de Planeación–, la destinación de recursos no es suficiente para las necesidades de la región en materia tecnológica, algo que también se replica en Meta y Valle.

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Pese a los esfuerzos realizados por el propio Gobierno a través del Ministerio de Defensa, las tres gobernadoras reclaman más insumos para la Fuerza Pública, especialmente en inteligencia y elementos antidrones. Con corte a septiembre se han reportado más de 300 ataques con drones en el país, aunque es una cifra variable, pues su registro no se contabiliza totalmente por parte de esta cartera. En el Valle, Jamundí ha sido uno de los municipios más afectados por este flagelo, a pesar de que allí operan desde 2024 los primeros inhibidores de drones el país.

La gobernadora Toro advirtió que “no hemos tenido la articulación con el Gobierno Nacional. Con el Ministerio (de Defensa) sí, pero resulta que es que nosotros necesitamos capacidades para la Fuerza Pública. Con nuestro propio esfuerzo, con la tasa de seguridad que tenemos, hemos venido dando logística, la informática, transporte; dimos los antidrones, pero necesitamos más”.

Es más, la mandataria regional subrayó que esa brecha con la Casa de Nariño se agudizó con la falta de diálogo que, según su versión, no se ha producido solo este año. En diálogo con este diario precisó que sus lazos se mantienen principalmente con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Sobre el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no se ha reunido con él, pues en su última cita con el más alto funcionario de esa entidad aún estaba Juan Fernando Cristo al frente de la misma.

En medio de esas tensiones, el departamento se ha visto asediado por la estructura disidente de las Farc Jaime Martínez, que –según indican autoridades del departamento– fue la perpetradora del ataque terrorista a la Escuela Militar de Aviación en Cali, en agosto de este año.

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Tras ese ataque, desde la gobernación se habrían impulsado medidas para la anticipación de estos hechos, dando continuidad a la coordinación con el Ministerio de Defensa. Además, pese a las críticas de diversos sectores, incluido el propio presidente Gustavo Petro, la administración de Toro sostiene que la tasa de seguridad impuesta en una de sus administraciones previas es parte fundamental para el recaudo de los recursos que posteriormente se trasladan a la Fuerza Pública.

Esta medida, que ha sido implementada en otros departamentos como Antioquia, también es vista con buenos ojos por la gobernadora Cortés para el Meta. Según le dijo a El Espectador, el documento para esta tasa ya se encuentra construido y sería una de las alternativas para el recaudo de recursos para fortalecer opciones, especialmente de tecnología, para su región.

Cortés ha destacado que el avance de las medidas internas y la presencia del Ejército en el sur de su departamento han ayudado para la mitigación del flagelo de la violencia. Sin embargo, la extensión territorial del Meta, al ser el cuarto más grande del país, lo pone también como uno de los principales corredores para las disidencias de las Farc y a la vez, una de las regiones con más narcocultivos.

Aunque las estrategias para el tránsito a economías lícitas de las regiones han dado frutos en los principales sectores de esa región, municipios como Granada e incluso, la zona rural de La Macarena, se siguen viendo afectados por el flagelo de la violencia. Son estos dos de los sectores críticos que señala la mandataria y donde también se siguen viendo factores como la extorsión y las asonadas a las Fuerza Pública como principal preocupación.

Polémicas y controversias

A pesar de ello, sus respectivos mandatos no se encuentran exentos de la controversia. En el caso del Valle, la gobernadora Toro ha quedado señalada por sectores de oposición, e incluso el partido de la U (su partido), por diferencias en su gestión, muchos de ellos relacionados, precisamente, a la materia de seguridad.

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Asimismo, en La U ha surgido una facción opositora en cabeza del presidente de la Cámara, Julián López, quien cuenta con respaldo del Gobierno. Esa situación ha comprometido a Toro en su gestión, pues ha sido señalada por el propio López de dejarle sin aval para volver a Congreso, a pesar de que en sus declaraciones la mandataria insiste en estar alejada de la política por enfocarse en su gestión.

En el Meta el panorama no es muy alejado. Rafaela Cortés también tiene varias disonancias con el Centro Democrático que quedaron constatadas en los momentos previos a su elección, cuando incluso estuvo a punto de perder el aval de esta colectividad. Y aunque a última hora logró rescatarlo y llegó a la gobernación, existe una lejanía con la cúpula del partido, especialmente con el expresidente Álvaro Uribe. Su última conversación, según supo este diario, se produjo hace más de seis meses.

Y por los lados del Chocó, los altos índices de corrupción han dejado la lupa en el departamento, al punto que el exgobernador Efrén Palacios (2013-2016) fue condenado por la Corte Suprema a 22 años de prisión por estos delitos; David Emilio Mosquera a 7 años por pagos irregulares; mientras que Ariel Palacios fue vinculado a un escándalo de corrupción durante su gestión entre 2019 y 2023, aunque fue absuelto de los cargos.

Oposición al gobierno

Córdoba, Cortés y Toro han sido constantemente críticas de la gestión del gobierno de presidente Gustavo Petro, especialmente por lo que consideran es una lejanía con las regiones. Pese a las visitas del jefe de Estado a Cali, Quibdó y Villavicencio, estas no han tenido influencia para mitigar los efectos de la violencia. Es más, su caso no resulta único. De otras regiones también se han hecho señalamientos al mandato de Petro, caso reflejado por Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, o Andrés Julián Rendón, de Antioquia.

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En medio de este panorama, casi que la totalidad de mandatarios de las regiones insisten en una mayor implicación del gobierno central y una atención inmediata a las necesidades de estas. Estando en el ecuador de sus mandatos y próximos a entablar nuevas relaciones en la Casa de Nariño una vez el presidente Petro salga del poder, los principales llamados van justamente alrededor de atender la crisis en seguridad para el remate de los mandatos locales que cerrarán al término de 2027.

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