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Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, detalló este lunes el proyecto de acto legislativo que prepara el Gobierno de Iván Duque para garantizar las 16 curules en el Congreso previstas para las víctimas del conflicto en el Acuerdo de Paz firmado entre el Ejecutivo y la exguerrilla de las Farc.
Contexto: Las circunscripciones de paz que no fueron
Según el funcionario, el objetivo no es crear 16 nuevos puestos en la Cámara de Representantes, sino que haya una recomposición del Legislativo que garantice la representación de las personas más afectadas por el conflicto. Lo anterior, buscando que no haya costos fiscales para el Estado.
“El presidente nos ha comandado a trabajar para presentar a la mayor brevedad la reforma constitucional que les garantice a las víctimas esa representación, que venía prevista en el Acuerdo con las Farc. Darles las garantías y atender a las víctimas ha sido una prioridad”, sostuvo Archila en diálogo con la emisora W Radio.
No obstante, otra fue la lectura que hizo el senador Roy Barreras (Partido de la U) al anuncio. Según el congresista, se trata de una “trampa”, pues esas curules ya fueron aprobadas y el Gobierno se ha negado a promulgarlas, “oponiéndose a las Cortes y negándolas a través de la Agencia de Defensa Jurídica, a propósito, dirigida por Camilo Gómez candidato a fiscal”.
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En esa línea, Guillermo Rivera, exministro del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos, señaló que no es necesario presentar un proyecto de acto legislativo, sino que basta que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado “deje de oponerse a la acción de nulidad que cursa en el Consejo de Estado para que esta corporación declare que el proyecto que creó curules para las victimas fue aprobado, tal y como ocurrió”.
Ante ello, Archila manifestó que el acto legislativo que se presentó en la administración anterior “quedó en un vilo jurídico porque el Congreso consideró que no había las mayorías que se requerían para aprobar la reforma”. Para el funcionario, “es raro que se piense que si lo que queremos es tener todos los frentes para cumplirles a las víctimas, eso sea considerado como un engaño, es respetable pero exótico”.
Sobre la forma cómo se deben asignar esas curules, Archila recordó que el procedimiento está previsto en los Acuerdos de Paz: “Ahí están señaladas las condiciones para asegurarnos que sean las víctimas de las regiones más afectadas por la violencia. La intención nuestra es cumplir con ellas. No hay segunda intención en lo que piensa hacer el presidente”, agregó.
Previamente, la Corte Constitucional anunció que estudiará una tutela que presentó el senador Roy Barreras que busca revivir la iniciativa que otorgaba 16 curules que debían entregarse a las víctimas y que se hundió en medio de una polémica por la votación en el Congreso a finales de 2017. El alto tribunal seleccionó este lunes la acción judicial por la importancia jurídica del tema.
La Corte será el organismo que ponga punto final a la discusión sobre si dicha iniciativa legislativa fue aprobada o no. De acuerdo con Barreras, sí lo fue porque para el momento de la votación había cuatro curules no reemplazables de congresistas detenidos, por lo que los 50 avales que tuvo eran suficientes para su aprobación.
La tutela solicita “la protección de los derechos a la igualdad, al debido proceso, y a la participación política, vulnerados por la Mesa Directiva del Senado de la República”. Y lo hace a través de diversas consideraciones expuestas en siete páginas. Barreras argumenta que a la votación realizada en ambas corporaciones para decidir sobre dichas curules para los periodos de 2018-2022 y 2022-2026:
“En la Cámara de Representantes tuvo una votación de 92 por el ‘sí’ y 33 por el ‘no’. A su vez, en el Senado el informe tuvo 50 votos a favor y siete en contra. Es decir, en las dos cámaras obtuvo la mayoría absoluta requerida, por tratarse de un proyecto de Reforma Constitucional”, dice el recurso.