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Este 9 de septiembre, día en que se conmemoran las manifestaciones en contra de la violencia policial, suscitadas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de uniformados, alrededor de 40 organizaciones civiles radicarán su proyecto de reforma a la Policía, junto a 70.000 firmas ciudadanas de respaldo a la iniciativa.
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La construcción de la propuesta comenzó desde enero de este año e implicó una construcción colectiva, en territorios y con la ayuda de familiares de víctimas de violencia policial y jóvenes y estudiantes.
El ADN del proyecto busca renovar una Policía “para la paz”, mejorando su legitimidad y la confianza que refleja en la ciudadanía, así como reforzando las condiciones de los miembros de la institución.
“Esta reforma ciudadana tiene como ejes fundamentales garantizar una policía para la paz, una policía digna y que dignifique a través de la educación, la profesionalización y la promoción democrática de sus miembros. Buscamos fortalecer la transparencia institucional, que la policía sea cercana a la gente y sus comunidades, que garantice la vida e integridad de las personas y que quienes cometan errores sean juzgados por la justicia ordinaria, pedimos que se desmote el Esmad”, explicó el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien fue un promotor de la propuesta.
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La iniciativa también contempla todo lo relacionado con uso de armas y de fuerza. Queda prohibido cualquier dispositivo que produzcan impactos expansivos y desproporcionados. En caso de presentarse heridos, la Policía está llamada a garantizar la remisión del ciudadano a un centro de salud e informar de manera inmediata al Ministerio Público.
Aunque el proyecto propone el desmonte del Esmad, esto no significa que no habrá una división antimotines para manejo de “entornos complejos”. La actuación de esta unidad debe ser ordenada por el alcalde, una vez se hayan agotado otros medios como el diálogo y la concertación.
Esta división tendrá que actuar bajo los principios que plantea el proyecto y por ningún motivo está autorizada a usar armas de fuego, armas blancas o municipios de impacto expansivo. Así mismo, la iniciativa plantea que la justicia militar no tendrá fuero en casos en los que las conductas de los uniformados amenaces o vulneren los derechos humanos.
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“La reforma ciudadana a la Policía que hemos acompañado es muy importante, tenemos que construir un nuevo pacto con una policía más democrática y solidaria. Desde mi voz como víctima, como madre, queremos un cambio hacia una institución garante de la vida, de los derechos humanos, una policía tolerante, empática y al servicio de la comunidad. Las víctimas queremos justicia, verdad y garantías de no repetición”, dijo sobre las expectativas del proyecto Carolina Ordóñez, vocera de las víctimas del incendió del CAI de Soacha.
Todo el proyecto está transversalizado con los enfoques de derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, diferencial e interseccional, territorial, cultura ciudadana, legitimidad, construcción de paz y transparencia.