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Una solicitud enviada a la Fiscalía desde la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes generó una nueva división interna en el Pacto Histórico. El centro del debate está por el apoyo que los cinco integrantes del Pacto Histórico que hacen parte de esa célula legislativa le dieron al documento que pedía el traslado del expediente a nombre del expresidente Álvaro Uribe por su presunta relación en la creación de grupos paramilitares en Antioquia, algo que él ha negado.
Se trata de una carta firmada por el representante Carlos Cuenca (Cambio Radical), presidente la Comisión de Acusación, y remitida al despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. En esa carta se argumenta que, teniendo en cuenta que Uribe fue presidente entre 2002 y 2010, y que los hechos materia de investigación habrían ocurrido en 2003, “existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado” cuando era jefe de Estado.
“En sesión del (19) diecinueve de agosto de 2026 la Comisión aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes quien asuma el conocimiento de la referida actuación”, se lee en la carta.
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Aunque el pasado jueves la Fiscalía cerró de plano esa posibilidad y argumentó que no era suficiente que los hechos investigados hayan ocurrido en el periodo presidencial —es necesario que estén relacionados con el ejercicio del mando del Estado—, sí desató controversia en el partido de izquierdas. Especialmente sobre los representantes Jorge Hernán Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro y Alejandro Toro, quienes aprobaron la proposición.
Figuras como los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho, así como exintegrantes del gobierno del expresidente Gustavo Petro, rechazaron la determinación. La exsenadora María José Pizarro aseguró que la Fiscalía es la “única competente para investigar” y pidió a la Corte Constitucional ratificar esa competencia “para evitar dilaciones que solo conllevan a la impunidad”.
“Le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”, señaló el excandidato presidencial.
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El grupo de congresistas del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación respondió a través de un comunicado, en el que señalan que no existe “acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas” y que no promoverán “impunidad ni dilaciones”.
“Inicialmente consideramos razonable y jurídicamente pertinente clarificar la competencia de la autoridad encargada de adelantar la investigación”, señalan en la carta. Y agregan: “Respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”.
Incluso, argumentan que esa definición sobre la autoridad que tiene la potestad de investigar “es una garantía para la propia investigación, pero esa discusión procesal no puede convertirse en motivo para detenerla o dilatarla”. En todo caso, la controversia sí abrió discusiones internamente en el Pacto Histórico.
¿Qué pasará con el expediente?
Por el momento, la Fiscalía continuará con la investigación y faltan pocos días para la indagatoria programada para el próximo 4 de septiembre contra el exmandatario, quien ha reiterado en todo momento su inocencia. Con ese expediente, el ente investigador indaga cuatro episodios que marcaron la historia paramilitar de Antioquia en la década de 1990: la conformación de grupos armados en la hacienda Guacharacas y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.
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En todo caso, en la misma misiva que envió Cuenca a Camargo se detalla que, en caso de que el ente negara la solicitud, enviará una petición ante la Sala Plena de la Corte Constitucional para que sea esa corporación la que dirima la colisión.
El pasado 18 de junio, Uribe informó a través de sus redes sociales que la Fiscalía lo había llamado a indagatoria por su presunta relación con tres masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició formalmente las pesquisas por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Las indagaciones también cubren el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El ente investigador le sigue la pista a Uribe por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, bajo la hipótesis de que habría facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que tuvieron como base de operaciones la Hacienda Guacharacas.
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