La oposición llamará a pedir cuentas a los funcionarios del gobierno de Iván Duque cuyos nombres aparecen mencionados en el capítulo Colombia de la filtración de los Pandora Papers, que son millones de documentos de bufetes de abogados encargados de crear empresas en jurisdicciones con beneficios fiscales. En el caso colombiano, en el listado de implicados aparecen expresidentes, importantes empresarios y actuales funcionarios del Ejecutivo.
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Por el lado de la administración Duque, los principales nombres que figuran son los de Marta Lucía Ramírez (vicepresidenta y canciller), Ángela María Orozco (ministra de Transporte) y Lisandro Junco (director de la DIAN -entidad encargada del recaudo fiscal en Colombia-). Precisamente estos son los citados por la oposición para que afronten un debate de control político en la Cámara frente a este tema de dineros en empresas offshore.
Además de los tres mencionados en el asunto, en el requerimiento también se llamó al fiscal Francisco Barbosa, al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez, y al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Según el representante David Racero, en los próximos días se estará remitiendo el debido cuestionario a los funcionarios para su comparecencia ante la plenaria de la Cámara.
Contrario a otros debates de control político, el representante Racero aclaró que en este caso no pedirán que la Plenaria apruebe la proposición para convocar al debate, puesto que aprovecharán el estatuto de oposición. Este consagra que durante los cuatro años de legislatura, la oposición tiene tres sesiones en las que puede fijar el orden del día.
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En este caso, la oposición usará este derecho para destinar una sesión de la plenaria a este debate. Según David Racero, en menos de 10 días se llevará a cabo el debate en el que se pedirá cuentas a los funcionarios de la actual administración por figurar en este tema de escala transnacional.
La aparición de Junco Riveira entre los nombres de personas con empresas en paraísos fiscales ha despertado el rechazo de la oposición, que ha pedido la renuncia del director de la DIAN. Para este sector, es poco ético que la cabeza de la entidad encargada del recaudo fiscal figure en un listado de personas con estructuras normalmente usadas para la evasión de impuestos.
Lisando Junco figura en los Pandora Papers como dueño de una sociedad en Delaware, que también tiene a su nombre una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres. Sin embargo, este solo ha reconocido la existencia de la empresa en los Estados Unidos, aunque insiste en que esta debía ser mudada a la Florida y que su intención era que esta empresa canalizara los recursos que este podría recibir por asesorías en su plan de radicarse en el país norteamericano.
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Por otro lado, la vicepresidenta Ramírez y la ministra Orozco aparecen como accionistas de una empresa Offshore, que también tenía entre sus socios a Gustavo Hernández Frieri, procesado por lavado de dinero. Según las funcionarias, la intención era participar en una empresa que buscaba ser comisionista de bolsa en el continente. Además, expresaron que ya no figuraban en estas estructuras empresariales.