En la Casa de Nariño ven con preocupación cómo el tiempo les empieza a jugar en contra de su agenda legislativa. Con una campaña electoral en ciernes y una bancada opositora que se muestra reacia a discutir los proyectos claves del petrismo, desde el Gobierno han planteado una estrategia que pasa por una narrativa que han utilizado previamente: la del “bloqueo institucional”. Se trata de una movida en la que el presidente Gustavo Petro y su administración empiezan a ver cómo se enredan proyectos como el de la ley de financiamiento y el de la reforma a la salud a tan solo 40 días de que acabe el actual periodo legislativo.
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Tanto el jefe de Estado como su ministro del Interior, Armando Benedetti, son quienes han cuestionado de manera más directa a los senadores, pues incluso el jefe de la cartera política está anunciando “denuncias” contra congresistas de la Comisión Séptima, la célula legislativa que se ha convertido en una suerte de dolor de cabeza para el petrismo y su reforma a la salud.
El presidente Petro, por ejemplo, dijo que implementará un “plan B” para ese proyecto ante la falta de discusión. El ministro Benedetti, por su parte, afirmó que “es evidente que los ocho de la Comisión Séptima del Senado están haciendo un bloqueo institucional con las vísceras”. Aunque no los mencionó directamente, se refería a los senadores Miguel Ángel Pinto (Liberal), Nadia Blel y Esperanza Andrade (Conservador), Ana Paola Agudelo (Mira), Norma Hurtado (La U),, Beatriz Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (ASI), y Alirio Barrera y Honorio Henríquez (Centro Democrático).
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Fue esa comisión la que decidió detener el debate de la reforma a la salud argumentando que le falta aval fiscal y que, para saber si habrá la plata necesaria para aplicar los cambios que busca el gobierno en el sistema de salud, es necesario que se apruebe el proyecto de ley de financiamiento con la que el Ejecutivo espera fondear COP 16,3 billones de los COP 546 billones del presupuesto de 2026.
Pero ese freno de mano fue, precisamente, el que causó el viraje en la estrategia del Gobierno. Después de la convulsa legislatura pasada, en la que incluso Petro llegó a acusar al entonces presidente del Senado Efraín Cepeda (hoy precandidato del Partido Conservador), de promover un “golpe de Estado”, la relación parecía haberse enfriado, sin que llegara a ser armónica. Sin embargo, en las últimas 48 horas volvió la retórica del Ejecutivo acusando a la otra rama de frenar los planes del “gobierno del cambio”.
El argumento de los senadores que aprobaron ese freno es que la reforma a la salud requeriría en 2026 recursos, según cálculos, por el corte unos COP 109,9 billones y en 2027 aumentarían a COP 114 billones. Ante las críticas, varios senadores respondieron. Por ejemplo, Blel afirmó que “el presidente nunca comprendió que el Congreso ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia, sin subordinarse a los caprichos del Ejecutivo. Confío plenamente que cualquier arbitrariedad que tenga planeada, será frenada por una rama judicial autónoma e independiente”. Y Hurtado dijo: “El Gobierno ha insistido desde sus inicios en estrategias orientadas a desmontar el sistema de salud”.
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Y no pasa solo con la Comisión Séptima y la reforma a la salud. El otro gran frente de batalla es, precisamente, el proyecto de ley de financiamiento. Desde que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el presupuesto, en el Congreso pidieron que se recortara de manera significativa los recursos. En un primer momento, el presupuesto rondaba los COP 557 billones. Finalmente, fue aprobado con un recorte de COP 10 billones, quedando en COP 546 billones. Pero había voces que, incluso, pedían que se recortaran otros COP 16 billones. Es decir, que de tajo se cortara la necesidad de la ley de financiamiento que, por su naturaleza –implicaría modificaciones en el régimen tributario–, es vista por voces críticas como una reforma tributaria.
Los cálculos muestran que el Gobierno no tendría los votos necesarios para pasar ese proyecto. A ello se suma, además, el antecedente de 2024 cuando el Ejecutivo presentó un proyecto similar, que también se hundió en diciembre. Por la naturaleza de la propuesta, debe ser discutida en las comisiones económicas, es decir, Tercera y Cuarta. Y en el Senado, la mayoría de los votos en ambas serían negativos, lo que complica el margen de negociación de la Casa de Nariño. A ello hay que agregar que el presidente Petro ha dicho en varias ocasiones, además, que él no “negocia” ya con el Congreso, sino “con el pueblo”.
En la Comisión Tercera, que tiene 14 senadores, ocho votos serían en contra. Y en la Comisión Cuarta, con 17 asientos, serían 11. Se trata de congresistas de los partidos de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, así como de representantes de las alas antipetristas del Liberal y de La U. E, incluso, de colectividades que tienen cierta cercanía ideológica con el progresismo, como es el caso de la Alianza Verde con la senadora Angélica Lozano, quien ha insistido en que la actual situación fiscal del país no permitiría aumentar varios impuestos, como lo plantea el proyecto.
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Hay otros frentes, aunque no han tenido un impulso marcado del gobierno. Es el caso del proyecto de ley de la jurisdicción agraria que está en riesgo de quedar archivada. En la Cámara de Representantes ya van varias semanas en las que no se discute, pese a estar en el primer punto de la agenda.
Incluso, el ministro de Energía, Edwin Palma, ya terció en la discusión y acusó al Congreso de detener la discusión del proyecto de ley para reformar las tarifas de energía, articulado que fue criticado por los principales gremios del sector que consideran que, lejos de disminuirlas, las aumentaría. “El Congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto. Ahora piden un estudio que dure 6 meses y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, no han presentado una sola, ni para un tema por sencillo que parezca”, afirmó Palma. Benedetti, en respuesta, afirmó que presentará mensaje de urgencia a ese proyecto.
En ese contexto, el Gobierno Petro comienza a ver cómo los planes de mover sus principales reformas antes del inicio de 2026 parecieran más difíciles de cumplir. Y cuando regresen los congresistas a las sesiones ordinarias, a mediados de febrero del año entrante, la discusión estará en las elecciones con varios senadores y representantes moviéndose no para discutir leyes, sino para reelegirse en sus curules.
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