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A dos días de su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro se dirigió al país en una alocución presidencial en la que insistió en un intento de terminar su mandato anticipadamente, lo que el propio jefe de Estado calificó como un “golpe de Estado”, que se estaría gestando en su contra y reafirmó su compromiso con el acuerdo nacional, del que en el pasado afirmó le habían dirigido una “puñalada trapera”. Con esta intervención, marcó la pauta de la narrativa que el mandatario busca presentar mientras sus proyectos enfrentan debates en el Congreso, su gabinete es acechado por tensiones internas y la investigación contra su campaña presidencial sigue su curso en el Consejo Nacional Electoral.
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Un discurso grabado en Gigante, Huila, donde el mandatario había entregado las primeras 940 hectáreas productivas a 94 familias (333 personas) que fueron desplazadas para la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo, Petro resumió la narrativa que ha seguido en las últimas semanas que, además, estaría en su discurso ante la ONU. Sumado a la transición energética, el cambio climático, las drogas y la paz, estaría el “bloqueo institucional” que enfrenta en el Congreso y, en medio de reuniones con altos funcionarios estadounidenses, ya se planteó una cooperación por las amenazas que ha denunciado el jefe de Estado contra su vida.
“Nunca un presidente estuvo bajo tanta sevicia y perfidia”, apuntó. Y añadió que “para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno buscan un golpe parlamentario, una votación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.
Ese golpe es donde el mandatario tiene la mirada puesta, y ha sido central en sus últimas declaraciones ante la opinión pública, tanto en discursos como en su cuenta de X. La razón, además, sería la investigación que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña que lo llevó al poder por presuntas irregularidades en las cuentas. El órgano fue recientemente declarado competente por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para llevar a cabo la investigación, eso sí, sin tocar el fuero presidencial y solo enfocado en lo administrativo.
De acuerdo con el mandatario, el CNE no podría llevar a cabo tal investigación, pues sería inconstitucional. Y lo ha hecho saber a través de diversas declaraciones que incluso generaron que el pasado lunes, cuando se discutía el expediente en el órgano, los magistrados manifestaran preocupación por su seguridad y llegaran personas a las inmediaciones del Consejo Electoral para protestar contra la discusión del texto.
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Aunque sin soltar esta visión más confrontativa, en su intervención también hizo un llamado al “acuerdo nacional”— incluso invitando por medio de redes sociales a la oposición al diálogo— y afirmó que era la vía para “lograr la paz dialogando y que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila”, en ocasiones anteriores no ha tenido un tono así de conciliador. Tan solo el fin de semana pasado, en el marco de la Asamblea Nacional del Pacto Histórico, el mandatario indicó que este había recibido una “puñalada trapera” por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), con quien mantiene una disputa por el tema del presupuesto, y siguiendo la línea que ya había tenido con su antecesor, Iván Name (Alianza Verde).
“Todos tenemos que aportar desde el gobierno y desde la oposición. Tenemos que entender que, si seguimos en este escalamiento de la violencia verbal, vamos a tener serios problemas en las elecciones de 2026. Yo estoy muy preocupado. El problema es que en Colombia esos niveles tan altos de confrontación verbal, que está sucediendo en muchas democracias del mundo, tienen un peligro adicional de pasar a las armas”, le dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a El Espectador el pasado viernes.
Por el momento, las tensiones entre la Casa de Nariño y el Congreso se mantienen. La discusión alrededor del Presupuesto General para 2025 agitó las aguas después de que las comisiones encargadas del debate no aceptaran el monto propuesto y el presidente afirmara que lo que no saliera por el Legislativo sería presentado por decreto. A eso se sumó la reforma a la salud, radicada sin previo anuncio el viernes 13 de septiembre, y que ha sido señalada de ser parecida a la que se hundió en la Comisión Séptima del Senado en la pasada legislatura.
La reforma laboral, por su lado, avanza en la Cámara de Representantes, encabezada por Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), cercano al proyecto político del progresismo. Si bien el mandatario ha mantenido sus declaraciones sobre un bloqueo institucional del Congreso, se enfrenta a otra votación clave que, hasta el momento, resultaría a su favor: la elección de la cabeza de la Procuraduría. Esta semana se conoció que su candidato sería Gregorio Eljach, el actual secretario del Senado, que ha amasado los votos del Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal, además de los que se esperan de la coalición del Pacto Histórico.
Pero con su decisión también llegaron críticas por no haber escogido a una persona de la convocatoria abierta, sino al que habría integrado la lista de la Corte Suprema. Petro ha defendido su elección, afirmando que era su derecho constitucional el “ternar candidato a procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y [su] despacho”.
“No quiero un procurador que se pliegue al gobierno, pero indudablemente lo que menos quiero es un procurador que convierta la procuraduría en una policía política como hizo Ordoñez o Cabello”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.
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Otro frente de lucha que mantuvo el presidente en su discurso fue el de las altas cortes, contra las que ha lanzado pullas por tumbar decisiones del Ejecutivo. Ya Petro ha dirigido críticas hacia la Corte Constitucional, que tumbó artículos del Plan Nacional de Desarrollo y el decreto que dio creación al Ministerio de Igualdad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, por vicios en el trámite; así como contra el Consejo de Estado, que ha anulado sus nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y en lo diplomático.
Por otro lado, el Ejecutivo tampoco podrá soltar la discusión de la paz, que ha sido también un punto clave en su política exterior. La suspensión de los diálogos con el ELN tras varios ataques de la guerrilla contra la población asestó un golpe contra la paz total y dejó al Gobierno sin su apuesta más ambiciosa para entablar negociaciones con grupos armados ilegales.
Una semana agitada viene para la Casa de Nariño. Además de su intervención ante otros jefes de Estado en instancias internacionales, buscará apoyos para el progresismo y el respaldo del Legislativo, que mantiene una posición firme en proyectos clave del Ejecutivo.
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