El senador Richard Fuelantala, quien actualmente ocupa una de las curules designadas para los indígenas en la cámara alta, relató varias de las preocupaciones que tienen sus comunidades con las políticas del presidente Gustavo Petro y la forma en que se relacionan con ellas desde la Casa de Nariño en plena época electoral.
Advirtió que varios de los programas y recursos que se destinan a los indígenas presuntamente tienen intereses políticos detrás, los cuales —según su relato— son auspiciados por líderes de esta comunidades que apoyan al Ejecutivo para mantener prebendas.
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“Su manejo está monopolizado por algunos pocos líderes indígenas, con grandes dudas sobre su correcta ejecución. El mismo Gobierno ha ocultado información que permita hacer seguimiento a las inversiones”, precisó el senador.
Estos mensajes surgen después de que El Espectador revelara la ruta de acción que tiene la Presidencia de Gustavo Petro con los sectores indígenas y los recursos que se les han entregado mientras el país avanza en una campaña proselitista. Aquí puede ver el artículo completo.
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No obstante, es claro que Fuelantala terminó distanciado del Gobierno luego de los debates en el Congreso en torno a algunas de las reformas que la Casa de Nariño quiso impulsar.
¿Cómo ve usted la relación entre el Gobierno del presidente Petro y las organizaciones indígenas?
Se debe diferenciar entre las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Nacional de Concertación y el resto de organizaciones indígenas, entendidas estas como cabildos o asociaciones de cabildos y comunidades no resguardadas. Para el primer caso, las organizaciones que hacen parte de la mesa de concertación mantienen reuniones periódicas con delegados del Gobierno en las que los voceros de estas organizaciones hacen peticiones y el Ejecutivo busca dar respuesta; es una relación cordial.
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¿Están cohesionadas estas organizaciones a partir de esos diálogos?
Hay una desconexión entre los voceros de estas organizaciones y las bases comunitarias, ya que muchas de estas solicitudes no resuelven los problemas de fondo de las comunidades indígenas distribuidas en los 115 pueblos. Y, para el segundo caso que mencionaba, el de las organizaciones indígenas, cabildos y comunidades no resguardadas, no tienen ningún mecanismo para el relacionamiento salvo los condicionamientos bajo presión de la movilización social expresada de diferentes maneras como paros, bloqueos o manifestaciones públicas.
¿Cree que existe un plan de fortalecimiento por parte del presidente Petro hacia esas comunidades por cuenta de las elecciones?
Revisando detalladamente el Plan Nacional de Desarrollo, y a pesar de que el Gobierno destinó gran cantidad de recursos para adelantar la consulta previa con miras a plasmar las soluciones a las problemáticas de las comunidades indígenas, no encontramos ningún indicador que permita mejorar las condiciones en las cuales viven las comunidades indígenas. Hay vacíos muy profundos en torno a acciones del Gobierno que busquen solucionar los problemas de fondo que tienen nuestras comunidades; las acciones que realiza el Gobierno Nacional son aisladas y no responden a ningún plan.
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¿Se les hacen seguimiento a los planes que el Gobierno delinea para apoyar a las comunidades indígenas?
El Gobierno Nacional ha destinado grandes cantidades de recursos a organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Nacional de Concertación, ya sea de manera directa o a través de fiducias, destinados a proyectos improvisados, descontextualizados y repetitivos, que no solucionan de fondo las problemáticas de nuestras comunidades.
¿Cómo lee la coyuntura de manifestaciones de sectores indígenas en plena campaña electoral?
El Gobierno Nacional ha instrumentalizado a las organizaciones indígenas y a sus movimientos buscando capitalizar electoralmente a favor de sus pretensiones. Y las autoridades indígenas condicionan a sus bases comunitarias, muchas veces con amenazas de pérdida de derechos a programas sociales, ofertados por el mismo Gobierno, para votar por candidatos que favorecen los intereses del Gobierno. Eso se ha repetido en los últimos años y desafortunadamente los entes de control, nacional e internacional, no han hecho ningún pronunciamiento.
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¿El Gobierno actual le ha dado suficiente prioridad a estas organizaciones y comunidades?
El Gobierno no le ha dado prioridad a los problemas económicos y sociales de las comunidades indígenas. Cabe citar lo prometido a la comunidad Wayúu en la Guajira, cuyas enormes carencias, especialmente de agua y donde la pobreza e inseguridad alimentaria supera de lejos los promedios nacionales, vemos que en muchos casos la situación ha empeorado.
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Por Luna Mejía Farías
