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Desde la mañana del 2 de abril hasta la tarde del viernes 4 de abril, un centenar de cuentas publicaron en X con el hashtag #ConsultaPopularSí. Días antes, el 18 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro llamó a sus seguidores a manifestarse en favor de su reforma laboral –que ese mismo día se hundió en la Comisión Séptima del Senado–, varias de las cuentas que usaron la primera etiqueta, movieron en esa misma red #ALasCallesEste18, que llegó a un pico de 2,25 millones en impresiones.
No se trató de una movida ocasional u orgánica. Son cuentas con varias características en común. Cada una suma varios miles de seguidores, algunas superando los 100.000 y suelen utilizar emojis referentes al progresismo o a la izquierda, como aguacates o abejas, que se referencian a propuestas de Petro, como cuando dijo que esa fruta “es más importante que el petróleo”. También, interactúan entre sí y con perfiles de algunos de los funcionarios más visibles del Gobierno, incluyendo al presidente, a varios ministros y a los responsables de entidades relevantes. Y coordinan el posicionamiento de mensajes y tendencias, como se puede observar en la siguiente publicación del pasado 11 de marzo:
¿Firmes con la Consulta Popular?
— Akenatón (@Jokeraton) March 12, 2025
¡Escriban Presente!!!
1000 twitts más!!!#NoHundanLaLaboral
Pero además, y como confirmó El Espectador rastreando bases públicas de contratación, un número significativo tiene contratos con entidades gubernamentales. En concreto, se identificaron 18 influenciadores que tienen contratos de 2025 que suman $731 millones, incluso algunos con relaciones contractuales paralelas con distintas entidades. Estos han sido celebrados con, entre otros, los ministerios de Salud y Minas, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
También figura la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se ha visto envuelto en el peor escándalo de corrupción del Gobierno actual por un billonario desfalco por el que ya fue condenado a cinco años de prisión su exsubdirector Sneyder Pinilla y de paso enreda a personas muy cercanas al jefe de Estado. Varios de los contratistas han celebrado acuerdos desde agosto de 2022, que superan –en total– los $1.500 millones.
Influenciadores contratistas
Desde hace ya varias semanas, El Espectador ha hecho seguimiento a más de 100 cuentas en esa red social, que es uno de los principales medios de comunicación del presidente Petro, que –de manera coordinada– comparten no solo mensajes, sino también información positiva para el Gobierno. Pero también se “enfrentan” con influenciadores e, incluso, líderes políticos de otras tendencias ideológicas.
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En el grupo de influenciadores contratistas que encontró este medio están caras que se han vuelto conocidas, precisamente, por su activismo digital. Es el caso de Levy Rincón (@LevyRincon) y Walter Rodríguez (@MeDicenWally), que tienen un espacio en RTVC llamado “Política al revés”. Ellos mismos los dieron a conocer en redes, conscientes de la crítica porque en varias ocasiones negaron que fueran contratistas. Además, está David Rozo (@DonIzquierdo_), con uno vigente por $11 millones en la misma entidad.
En la SIC de Cielo Rusinque, se identificaron por lo menos tres influenciadoras. La primera es Laura Beltrán (@smilelalis), quien tiene un contrato por $133 millones. Luego está Diana Marcela Portilla (@Nometiente2), que tiene un contrato por $42 millones y que, además, su activismo digital la tiene enfrentada con el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, en los estrados judiciales.
La tercera es Valentina Gutiérrez Araújo (@Valentinarauj18) un contrato por $39 millones. Tiene, además, otros dos contratos con el Ministerio del interior y el DPS por $28 y $36 millones, respectivamente.
Entre otras figuras relevantes en los círculos petristas en X aparecen Elizabeth Ortiz (@ElizbethCris7), con contratos en los ministerios de Salud y Minas por $46 y $114 millones, respectivamente; Hanwen Zhang (@hanwenzhang1982), experta en estadística quien, hasta 2024, tuvo contratos con el DANE e ICFES; Laura Julieth Martínez (@LaJulietaMM), contratada en la UNGRD por $101 millones; y Urías Velásquez (Uriasv), quien es periodista y economista, y hoy cuenta con un contrato por $157 millones en el SENA.
Además, hay funcionarios con mayor exposición mediática como Luis Pérez Casas, quien fue destituido e inhabilitado por 12 años cuando ejercía como superintendente de Subsidio Familiar; María Nini Echeverry, actual superintendente delegada para la Protección al Usuario en la Superintendencia de Salud; y Gabriel Escobar, actual secretario del Interior del gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, quien es de la cuerda del exgobernador y precandidato presidencial Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana), cercano a Petro.
De hecho, varias fuentes aseguran que el hijo de un alto funcionario, muy cercano al jefe de Estado, estaría detrás de esta estrategia digital y tendría un espacio en la Casa de Nariño.
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En todo caso, el uso de líderes digitales para la promoción de ideas no es exclusivo del presidente Petro, aunque desde su Gobierno se destinen recursos públicos para contratar a varios influenciadores.
Este diario también adelantó un rastreo de influenciadores que se identifican como de ideología de derecha o cercanos a partidos como el Centro Democrático. En este mapeo fueron más de 40 las cuentas –incluyendo a concejales que hicieron carrera primero como influenciadores en redes–, que utilizan su cuenta en X como un medio de comunicación para sus ideas. Resaltan casos como el de Russy Millán, a quien Petro, en 2023, pidió que fuera investigado por la Fiscalía por “amenazar” al entonces director de la SAE y hoy ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
Esta persona ha amenazado de muerte a nuestro funcionario Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicito a la fiscalía ubicar su verdadera personalidad e iniciar el proceso judicial https://t.co/Emm8jgihGs
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2023
En ese grupo también se encuentran otras personas como Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y del presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie; Jaime Arizabaleta, quien en 2023 se lanzó a la Alcaldía de Cali y es cercano a Cabal; Andrés “El Gury” Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático y quien cobró relevancia por impulsar la fallida revocatoria de mandato contra el polémico exalcalde Daniel Quintero, hoy precandidato presidencial e investigado penalmente por posible corrupción.
Rodríguez no es el único político con un cargo que opera dentro de estas “tropas” digitales. También aparecen allí los concejales de Bogotá Humberto “Papo” Amín y Daniel Briceño, quien en varias ocasiones ha publicado millonarios contratos celebrados por el Gobierno Nacional, como cuando reveló el costo del Concierto de la Esperanza en apoyo a Palestina en 2024. Y hay además empresarios como Mario Hernández y Sebastián Toro, CEO de Arena Alfa, reconocida en el sector económico como una escuela sobre mercados financieros.
El control del discurso
El Espectador, a través de seguimiento diario en redes y usando la herramienta de escucha social Brand24 –que monitorea las conversaciones digitales–, determinó que, en efecto, hay un fuerte pulso entre ambos grupos. Se trata, más allá de una competencia por likes y compartidos, de un enfrentamiento por el control de los discursos que se mueven en redes sociales.
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Un ejemplo de ello ocurrió el 18 de marzo pasado. Ese día fue la primera movilización luego de que el presidente Petro llamara a la consulta popular, cuyas preguntas llegarían al Senado a mediados de abril y que, de salir adelante, se realizaría entre octubre y noviembre próximos con un costo, solo con la cita a urnas y sin contar la campaña, de más de $600.000 millones.
Ese día, en X, hubo dos hashtag movidos por creadores digitales de uno y otro lado. Desde el petrismo, se utilizó el mencionado #ALaCalleEste18. Y en la oposición se impulsó la etiqueta #PetroYoNoMarcho. Ambos, aunque han seguido utilizándose, tuvieron su pico ese martes desde mediodía hasta pasadas las 3 de la tarde, que fueron dos momentos claves. Sobre las 12:00 p.m., el presidente habló en la Plaza de Bolívar. Y, cerca de tres horas después, la Comisión Séptima hundió, con 9 votos, la reforma laboral.
El hashtag de los opositores tuvo un alcance máximo de 367.000 impresiones, es decir, veces que personas vieron publicaciones al respecto en X (una sola cuenta pudo ver alguna publicación más de una vez). Mientras tanto, el progresismo llegó a 2,25 millones de impresiones, mostrando una actividad coordinada para posicionar la conversación más allá de las arengas en las calles de varias ciudades.
Y es que el Gobierno ha dado especial prioridad al uso de influenciadores, incluso defendiéndolo, como cuando Bolívar dijo que la contratación de creadores de contenido es legítima.
“Lo que creo es que les duelen sus tuits y sus posts porque desmienten las calumnias y desnudan a las mafias de la corrupción y la contratación”, afirmó el director del DPS en agosto pasado. Y también preguntó: “¿En qué parte de los códigos penales o disciplinarios dice que darles trabajo a los influenciadores es delito?, ¿en qué parte dice que quienes se dedican a las redes sociales no pueden trabajar?, ¿todos los gobiernos han gastado miles de millones en publicidad y el nuestro no puede contratarlos para sus comunicaciones?”.
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El mismo presidente ha mostrado la relevancia que, para él, tiene la comunicación directa con sus seguidores a través de su cuenta en X, la principal tribuna discursiva del jefe de Estado, luego de los plazoletazos. Después de la crisis diplomática con Estados Unidos en enero pasado que desató una publicación suya en esa red, durante un discurso, el pasado 13 de febrero, afirmó: “Le tienen temor a mis trinos porque ya se ven más que cualquier programa de televisión”.
¿En qué parte de los códigos penales o disciplinarios dice que darle trabajo a los influencers es delito?
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 10, 2024
¿En qué parte dice que quienes se dedican a las redes sociales no pueden trabajar?
¿Todos los gobiernos han gastado miles de millones en publicidad y el nuestro no puede…
Y no se ha quedado solo en palabras. En noviembre pasado, la Presidencia publicó la directiva 11 de 2024 en la que definió cómo funcionará lo que, meses antes en un evento con medios comunitarios, Petro denominó “ley de tercios”.
“A partir del año 2025, las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional procurarán, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, destinar una partida correspondiente al 33,3% de los recursos asignados para los Planes de Medios y/o Comunicaciones, para la divulgación de información oficial, campañas institucionales de interés y contenido social a través del servicio público de radiodifusión sonora comunitario y de televisión comunitaria, medios de comunicación alternativos, radiodifusión digital y nuevas tecnologías”, se lee en dicha directiva.
Es decir, una tercera parte de la contratación debe ir a medios “tradicionales” (incluyendo esta casa editorial), medios alternativos y medios que usen nuevas tecnologías, categoría en la que entrarían los creadores.
En una investigación reciente sobre la contratación de pauta, El Espectador encontró que, solo en 2024, el Gobierno contrató más de $63.508 millones en temas relacionados con publicidad con las tres principales centrales de medio, que son canales públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé. Y si se suma todo el gasto en propaganda desde el 7 de agosto de 2022 hasta enero de 2025, la cifra se dispara a $131.535 millones.
Así las cosas, se trata de una estrategia que, incluso desde su campaña en 2022, el presidente Petro ha utilizado, como una forma de amplificar su discurso en medios que él mismo ha catalogado como claves para su proyecto político. Y será una estrategia que se profundizará en las campañas de la consulta popular, promoviendo el Sí frente a otros sectores que ya hablan del No o de abstención, y para las elecciones al Congreso y a la Presidencia, donde espera que el progresismo se mantenga hasta, por lo menos, 2030.
Nota: En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, El Espectador rectifica la información publicada los días 5, 6 y 7 de abril de 2025 en la nota titulada “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita la campaña”.
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Por Leonardo Botero Fernández
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