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A nueve meses de su salida de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro insistió en la realización de una constituyente como respuesta a lo que él calificó como un “movimiento político” contra su gobierno. Así lo dijo luego de que en la Corte Constitucional hubiera empate, 4 - 4 votos, en la discusión sobre la reforma pensional.
“La instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la asamblea constituyente debe ponerse en práctica”, dijo el presidente en su cuenta en X. Y agregó: “No nos debemos dejar quitar la posibilidad que Colombia sea un país de oportunidades para progresar y de esperanza y no una finca de seis sujetos que la manejan para enriquecerse y excluyen a todos los demás, incluido los viejos que ya no pueden trabajar”.
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Aseguró el primer mandatario que “La constitución dice Estado Social de Derecho y por ninguna parte aparece la palabra exclusión y fascismo”.
Sin embargo, desde hacía ya un mes el presidente no se pronunciaba sobre la constituyente. Aunque ha sido un tema constante desde abril de 2024, cuando en Cali lo mencionó por primera vez, parecía que en octubre pasado el tema volvería a convertirse en un punto álgido de discusión en la agenda pública. En ese momento, y previo a su intempestiva renuncia, el entonces ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre presentó el borrador de un proyecto de ley para esa iniciativa.
Parte de la corte constitucional se mueve para hundir la reforma pensional, sería un gran insulto a la idea de construir un estado social de derecho.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
Que aversión tan terrible a qué la gente trabajadora de Colombia tenga derecho a pensionarse.
No sé si el odio a Petro los lleva…
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En esa propuesta planteó que la Constituyente tenga 71 delegatarios y dure tres meses. Los asambleístas se dividirían así: 44 elegidos por listas nacionales con paridad de hombres y mujeres, dos delegatarios al pueblo afrodescendiente, dos de pueblos indígenas, dos representantes de campesinos, dos de víctimas, dos sindicalistas, dos de jóvenes, dos pertenecientes al pueblo rom, dos de pueblos raizales y palenqueros, seis que representen a colombianos en el exterior, dos delegatarias de madres cabeza de familia, y tres personas representantes LGBTIQ+.
Pero, además, el proyecto de ley le daría facultades extraordinarias al presidente Petro para definir los requisitos de los delegatarios: “Revístase al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para expedir normas con fuerza material de ley en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno que cada uno de ellos implementará para la presentación de las listas de candidatos correspondientes”.
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Pero con la salida de Montealegre de gabinete –en medio de sus choques con el ministro del interior, Armando Benedetti– la discusión quedó en veremos.
Ahora, con el freno de mano a la discusión de la reforma pensional –que por los tiempos, no se resolvería sino hasta el primer semestre de 2026–, el presidente expuso de nuevo la posibilidad que se haga. Un planteamiento que llega, además, mientras el Ejecutivo enfrenta un nuevo escándalo que pone en jaque varios de los proyectos reformistas del petrismo.
“Parte de la corte constitucional se mueve para hundir la reforma pensional, sería un gran insulto a la idea de construir un estado social de derecho [...] Es un verdadero movimiento de tipo político y no jurídico, para hundir la reforma pensional”, aseguró Petro.
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