Petro habló de “politización” en las cortes, defendió las marchas y desató controversia

El presidente Gustavo Petro, el viernes, en la cumbre con los gobernadores del país en Cartagena, dijo que las marchas del 8 de febrero fueron pacíficas. / Presidencia

Foto: Juan Diego Cano

La decisión del presidente Gustavo Petro de ratificar que, a su juicio, hay un supuesto intento de desestabilización contra su Gobierno orquestado por sectores políticos y judiciales, generó una serie de reacciones desde diferentes orillas.

Lo que dijo el mandatario es que supuestamente hay un “lawfare”, ya no habló de “ruptura institucional”, que tendría como objetivo –de acuerdo con la narrativa que está impulsando en redes y con sus afines– “que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas, sino al gobierno mismo”.

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Y aunque dijo que mantendrá las garantías de la Rama Judicial bajo el precepto de que su Gobierno, según él, sí quiere “construir un verdadero Estado de Derecho”, ya que de acuerdo con lo que dijo los anteriores mandatarios no lo hicieron, Petro habló de la politización de las actuales cortes y advirtió que las tres mujeres de la terna para elegir fiscal general (Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago) cumplen con todos los requisitos.

“El influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes”, precisó Petro, quien agregó que “todos los poderes públicos son controlables por el pueblo. Del pueblo emana todo poder público. No hay aristocracia, debe haber una democracia, en una democracia el pueblo es soberano y tiene el derecho de controlar y expresarse. Por tanto este gobierno dará garantía a toda movilización ciudadana sin violencia”.

Esto en plata blanca, es un mensaje explícito de que mantendrá la presión en las calles para defender su mandato y sus propuestas políticas, independiente a si tiene o no apoyo en el Congreso y en los altos tribunales.

Toda esta narrativa, que confirma lo dicho por El Espectador en su reciente edición dominical en torno a que potenciará esta estrategia durante los más de dos años que le quedan en el poder para buscar respaldo popular y que en el 2026 haya otro mandatario de izquierda, generó una serie de reacciones.

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“El presidente Petro está abriendo caminos muy peligrosos. Empezó diciendo que la ruptura y el golpe blando venían de la Fiscalía por investigar sus cuentas de campaña. Ahora dice que estamos en ‘lawfare’ y que ‘la justicia’ va tras el hundimiento de las reformas y el gobierno. ¿Está ambientando el presidente una guerra contra las Cortes?”, cuestión la representante Catherine Juvinao, de la oficialista Alianza Verde.

En un sentido similar se pronunció el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático –partido que contrario a los verdes sí es de oposición–, quien aseguró que es el momento de rodear la institucionalidad por encima de las tonalidades políticas para evitar la inestabilidad de la democracia colombiana.

“La elección del Fiscal debe hacerse en los términos de los magistrados de la Corte Suprema, no en los del presidente Petro. Este es un llamado a rodear la institucionalidad de la justicia”, precisó Uribe.

Y desde el Pacto Histórico se pronunció el representante David Racero, quien aprovechó para consultar si Alianza Verde aceptará o no el llamado del Centro Democrático de salirse de la coalición petrista ante todo el ruido que se ha desatado en los menos de dos meses que lleva este 2024.

“¿Partido Verde le hará caso al Centro Democrático? La senadora (Paloma) Valencia asume la cercanía entre dichas colectividades. ¿Cálculo político o afinidad ideológica? Cualquiera de las dos razones sería evidente el fraude democrático”, enfatizó Racero.

Todo esto demuestra que la presión sobre la Corte se mantendrá desde diversos sectores, así desde el Gobierno intenten matizar sus posturas, y que la pugnacidad con las otras ramas del poder público (Judicial y Legislativa) podrá aumentar de tono si estas terminan yendo en contra de los intereses de la Casa de Nariño (Ejecutivo).

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