El pasado viernes 3 de octubre, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aceptaron la renuncia de Roosvelt Rodríguez al cargo de superintendente de Notariado y Registro. En un primer momento, la decisión que se tomó desde la Casa de Nariño fue encargar de esas funciones a Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia; sin embargo, horas después se conoció el nombre del nuevo encargado de manejar la entidad.
Según la página de aspirantes de la Presidencia de la República, el nuevo supernotariado será Ricardo Agudelo Sedano, un abogado con maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo y especialista en servicios públicos domiciliarios. De acuerdo con su hoja de vida, ha trabajado en la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Renovación del Territorio, entre otras entidades.
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Con esta movida sale del alto gobierno una ficha cercana al Partido de La U, ya que Roosvelt Rodríguez, quien llegó al cargo al inicio de esta administración, también fue senador de ese partido y cercano a Dilian Francisca Toro, en su momento jefa de esa colectividad y hoy gobernadora del Valle.
El cambio en la Supernotariado también se produjo en medio de la polémica por las presuntas irregularidades en el concurso de notarios. Cabe anotar que a principios de septiembre el presidente Petro dijo que le ordenó a la Superintendencia suspender el concurso para elección de nuevos notarios, el primero en su tipo que se realiza en diez años en Colombia. Desde antes, el jefe de Estado había asegurado que en el proceso para cubrir 300 vacantes habría presuntas irregularidades.
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“El superintendente delegado de funciones constitucionales del presidente de la República tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones y así se cumplirá la orden de la justicia que respeto”, dijo en ese momento a través de un mensaje en su cuenta de X.
Según el mandatario, “las notarías no son para la politiquería. No hagan trampas con las elecciones, ni usen la justicia y la buena fe para eso. Para que se inscriban en un concurso mentiroso, donde los que quedarán tienen que pagar mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos. Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los y las abogadas de Colombia”.
Como lo contó este diario, en 2023 la Superintendencia anunció más de 300 vacantes abiertas para que nuevos funcionarios lleguen a estos apetecidos cargos que se desocupan una vez cada 10 años y que, en algunos casos, dejan ganancias de más de $100 millones por distintos trámites. Sin embargo, la edición enfrentó a una crisis por denuncias de falta de transparencia y de garantías que llevaron, dentro de otras cosas, a que dos funcionarios que hacían parte de la evaluación del proceso renunciaran y pidieran a la Procuraduría poner la lupa sobre el concurso.
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