En un documento de 104 págnas conocido en su totalidad por El Espectador se le da viabilidad para primer debate a la ley de sometimiento del presidente Gustavo Petro, con la cual busca crear un marco normativo para los procesos de desarme de las narcobandas que operan en Colombia.
En uno de sus apartados quedó claro que se darán beneficios de hasta 60 % de reducción en las penas, tras cumplir ciertos requisitos. También se mantiene la posibilidad de que conserven parte de las fortunas ilícitas, pese a las advertencias de diferentes sectores, expertos, e incluso la propia Corte Suprema de Justicia.
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La ponencia fue presentada por el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) y tiene respaldo de los sectores de la U, Comunes y algunos independientes, quienes resaltan en la necesidad de la medida. No obstante, la iniciativa cuenta con mayorías adversas, además de un concepto negativo emitido por la Corte Suprema, donde se hizo énfasis en 10 puntos críticos en el articulado inicial presentado el 20 de julio por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
En sus principales puntos abordados, la ponencia establece un marco de aplicación diferenciado entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Grupos Armados Organizados (GAO), lo que implica la participación de quienes hicieron parte de los procesos de Justicia y Paz durante administraciones previas - especialmente exintegrantes de las AUC - y quienes hoy se encuentran cobijados bajo la figura de Gestores de Paz. Allí, por ejemplo, resaltan nombres como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40′ y Diego Fernando Murillo Bejarano ‘Don Berna’.
Sobre este punto la Corte puntualizó que era necesario excluir a quienes, tras la suscripción de un proceso de paz, delinquieron con posterioridad, lo que dejaría fuera de este marco regulatorio que hoy sostienen diálogos con el Gobierno como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, facción disidente de la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’.
Sin embargo, en el texto se manifiesta que “la incorporación de las personas excluidas de otros regímenes transicionales en esta ley,como consecuencia de su sometimiento y voluntad de tránsito a la vida civil, tiene como fin la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición como pilares de los procedimientos contenido en la Ley”.
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En materia penas, la propuesta establece una alternativa de privación de libertad de entre 5 y 8 años para los integrantes de estos grupos con niveles de responsabilidad y grados de culpabilidad en las cúpulas de las estructuras armadas; entre 2 y 5 años para miembros que sin haber tenido rol de dirección o capacidad de mando en el plan criminal que hayan participado de las graves violaciones a los derechos humanos ycrímenes de guerra; y entre 8 y 10 años a quienes ya se sometieron a procesos de paz.
Otro de los puntos controvertidos radica en que, tras cumplir ocho años de prisión, o dos quintas partes de la pena efectiva, “siempre que se verifique una contribución efectiva a los derechos de lasvíctimas”. Y no suficiente con ello, un nuevo beneficio al que accederían los amparados por este marco normativo es “la posibilidad de conservar hasta un 12 % de los bienes entregados, a título individual, previa autorización judicial y dentro del marco de los procedimientos establecidos por la ley”.
Finalmente, el texto señala al bloque Comuneros del Sur; el Estado Mayor de Bloques y Frentes, donde se incluyen el Frente 33 de disidencias de las Farc o la disidencia de alías ‘Calarcá’; y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano como GAOML que se encuentran en diálogos de paz. También se destacan los espacios de diálogo en Medellín, Quibdó y Buenaventura con las bandas de estas ciudades; además de acercamientos con el ELN y las autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
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¿Qué futuro tiene el proyecto?
En primera instancia es clave señalar que fue precisamente este proyecto, y su lento trámite en la Comisión Primera de la Cámara, los que provocaron una disputa entre Montealegre y el ministro del Interior, Armando Benedetti, que derivó - junto con otras controversias - en la salida de Montealegre de la cartera. Ello ya deja fracturado el interés desde el Ejecutivo para el impulso del proyecto, que ahora tendrá que ser sustentado por Augusto Ocampo, ministro de Justicia encargado.
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Por otro lado, más aterrizado en el Legislativo, existe de forma simultánea una ponencia de archivo que fue suscrita por los representantes Julio César Triana (Cambio Radical), José Jaime Uscategui (Centro Democrático), Juan Daniel Peñuela (Conservador) y Marelen Castillo (Oposición), quienes argumentaron una inviabilidad de la iniciativa. Además, este texto que pide el hundimiento del esta ley de sometimiento cuenta con respaldos desde la bancada liberal, independientes y conservadores, lo que pone la carga de votos en contra de su avance a la plenaria.
Es más, Triana instó al gobierno Petro y su bancada en la Comisión a que retire el proyecto, pues “no somete a los delincuentes al Estado, sino que somete al Estado colombiano a los delincuentes”. El congresista también remarcó ese concepto negativo presentado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y argumentó la existencia de un vicio de procedimiento en su presentación al considerarla como un proyecto estatutario y no ordinario.
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