La conmoción en el interior del gabinete por la solicitud de renuncia a los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; Comercio, Diana Morales; y TIC, Julián Molina, se mitigó en las últimas 24 horas. El panorama se transformó radicalmente este domingo, luego del regreso del presidente Gustavo Petro al país tras su paso por Japón. Al retomar sus funciones en Palacio, el mandatario ordenó programar una serie de reuniones de alto nivel para evaluar los efectos de la derrota de su coalición en el Senado por la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.
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Según fuentes del alto gobierno, en el encuentro del domingo, aunque el presidente Petro no se refirió directamente a la suerte de los tres ministros que estarían en la cuerda floja, sí habló de la necesidad de hacer cambios urgentes. El jefe de Estado citó a sus principales alfiles para hacerles un jalón de orejas por las demoras en cada cartera para comunicar los resultados de la gestión, pues, como ya se los había dicho públicamente en un consejo de ministros, la orden es fortalecer la difusión de los logros antes de que la campaña electoral de 2026 controle la agenda.
En este punto, Petro señaló que no cumplir con dicha tarea sí podría desencadenar el cambio de equipos en las entidades e incluso en la salida de ministros. Sin embargo, la falta de una referencia al posible nuevo remezón reforzó una tesis que venía tomando fuerza desde el fin de semana en el Congreso y en varios despachos del Ejecutivo: el presidente aún necesita de un mínimo de votos de su coalición para intentar asegurar los recursos que marcarán el epílogo de su administración y para la aprobación en sí de algunas iniciativas de su agenda social.
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En el gabinete reconocen que la fractura pasajera con sus aliados de la Alianza Verde, el Partido Liberal y La U —colectividades que tienen como representantes a los ministros Sanguino, Morales y Molina— puso a tambalear los trámites del Presupuesto General de 2026, la reforma tributaria, la ley de sometimiento que es clave para la paz total, la reforma a la salud, la ley de competencia, entre otras apuestas que hacen tránsito en el Legislativo.
Solo en el Senado, esos tres partidos le suman a la coalición oficialista, en cuentas moderadas, entre 20 y 22 votos; mientras que en la Cámara pueden superar fácilmente los 40. En la Comisión Tercera, por ejemplo, clave para los debates del presupuesto y la tributaria y hasta el momento adversa al Gobierno, están en juego apoyos de estos tres sectores como los de Juan Diego Echavarría, Karina Espinosa (liberales), Carolina Espitia (Alianza Verde) y José Alfredo Gnecco (La U).
De hecho, funcionarios del Ministerio del Interior manifestaron internamente su inconformidad por la decisión, pues señalaron que llevan más de cuatro semanas conversando con los congresistas para llegar a consensos sobre el presupuesto y su ley de financiamiento. Este lunes, precisamente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, volvió a reunirse con los ponentes y coordinadores del proyecto, además de varios ministros, para aclarar dudas sobre las partidas solicitadas para la próxima vigencia.
Mientras los bloques opositores se mueven para reducir el monto del presupuesto en cerca de $26 billones, los alfiles del Gobierno intentan convencer a los congresistas de que hay gastos inflexibles y que no aprobar una tributaria afectaría exclusivamente la inversión. Como lo contó este diario, hay un amplio sector de legisladores, entre ellos varios de los partidos tradicionales que están en la coalición, que están dispuestos a negociar en la discusión, teniendo en cuenta que una reducción en las cifras del gasto podría afectar el flujo de recursos a sus regiones y, por ende, las opciones para demostrar gestión en plena campaña.
Lo cierto es que Petro tiene sobre la mesa las tres renuncias que el jueves pidió, vía telefónica, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, pero hasta el momento no ha demostrado una intención firme de querer aceptarlas. Uno de los ministros le dijo a El Espectador que el presidente pasó rápidamente de querer tomar represalias contra los llamados “traidores” que habrían votado por Camargo a “enviar un mensaje de atención a los verdes, los liberales y los de La U”.
Así mismo, desde el gabinete le dijeron a este diario que parte de la decisión de dejar en remojo los cambios obedece a que Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, también creen que en la elección de magistrado perdieron no solo votos de los tres partidos en cuestión, sino también varios del Pacto Histórico. “Les solicito no hacer uso del voto secreto y mostrar de manera pública su voto. Lo secreto es de las mafias”, les dijo el presidente a los legisladores progresistas este domingo. Según el ministro ya citado, el presidente “tiene que resolver primero las fracturas en su partido antes de revisar las alianzas con otras fuerzas”.
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El alto en el camino del posible nuevo remezón también se ha visto en la prudencia de funcionarios como el ministro Benedetti y la directora Rodríguez, que de estar al frente de las movidas pasaron a desmarcarse totalmente. “Es una pregunta para el presidente de la República. Es el fuero de él, es autónomo al decidir quién se va y quién se queda”, señaló este lunes el jefe de la cartera política al ser cuestionado por la reconfiguración.
En medio de la tensión entre los cambios y la búsqueda de apoyos en el Congreso, en el Gobierno hay preocupación por el factor regiones, ya que, según dicen, también son conscientes de que los liderazgos regionales son claves para movilizar los votos. En este tema hay dos coyunturas que pueden influir: la discusión de la ley de competencias para girar más recursos a los entes territoriales y las peleas del presidente con varios líderes regionales, como los alcaldes de las capitales.
En el primer caso, el Ministerio del Interior ya tiene listo un borrador de proyecto para negociar con las regiones, pero desde ya hay voces en contra de las cargas que recibirían municipios y departamentos, a lo que se suma que las mayorías opositoras del Senado en la elección de magistrado destaparon el interrogante sobre si el Gobierno tiene los votos para aprobar esta normativa.
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Y por el otro lado, el jefe de Estado sostiene un duro rifirrafe con los alcaldes de Medellín (Federico Gutiérrez) y Cali (Alejandro Eder) por viajar a Washington para hacerle saber al gobierno de Donald Trump la importancia de su ayuda en la lucha contra las drogas, esto en medio de la incertidumbre en torno a la decisión que tomará esa administración de certificar o no al país en la materia. De hecho, Benedetti anunció que denunciará a los mandatarios por “usurpación de funciones” y el propio Petro le dijo a Gutiérrez que las críticas al viaje no son ataques y amenazas contra los alcaldes, sino una defensa de la democracia y de su derecho a conducir las relaciones diplomáticas.
Por ahora, la premura por los votos del Congreso obligó a Petro a dejar en reposo los cambios, aún cuando es claro que el presidente quiere rodearse, en sus últimos meses de gobierno, de funcionarios que cumplan sus apuestas sin peros. Desde la Casa de Nariño insisten en que los puestos de todos los ministros y de las entidades adscritas a las carteras, especialmente las que están en manos de los partidos, siguen a disposición del mandatario y que no se pueden descartar definitivamente los movimientos en tanto la coalición no dé resultados en debates como el del presupuesto y la tributaria, que serán el termómetro definitivo para conocer el rumbo de la relación Gobierno-Congreso.
¿Qué pasará con la coalición y el gabinete de Petro tras derrota en el Senado?
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Por David Efrén Ortega
