En el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya existe una ponencia con la cual se pide abrir una investigación formal contra la campaña del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con información conocida por El Espectador, el documento es del despacho del magistrado Alfonso Campo, del Partido Conservador, quien sustenta su petición de que exista un proceso administrativo formal por supuestas irregularidades en temas relacionados con publicidad electoral.
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Este diario estableció que la ponencia en la cual se pide la imputación de cargos administrativos ha sido llevada al menos en dos ocasiones a la sala plena del Consejo Electoral, pero en medio de los debates se ha solicitado el aplazamiento de su estudio de fondo.
“Por medio de la cual se abre investigación administrativa y se formulan cargos en contra del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego por la presunta vulneración a los artículos 34 y 35 de la Ley 1475 de 2011, en lo concerniente a la realización de gastos anticipados y propaganda electoral anticipada con ocasión de las elecciones presidenciales para el periodo 2022 2026″, se lee en el encabezado de la ponencia del magistrado Campo.
Según el CNE, la propaganda electoral es “toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular”.
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En todo caso, este proceso –que aún sigue en una etapa preliminar hasta tanto el pleno del CNE decida si le da o no viabilidad jurídica– es diferente al expediente por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro, el cual se lleva en los despachos de los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.
Según otras fuentes del tribunal electoral, la ponencia de estos magistrados se radicaría ante la sala plena antes de que finalice este mes de abril y podría tener prioridad sobre la del togado conservador. No obstante, antes de que se abra o no una investigación formal debe analizarse y votarse por todos los integrantes del CNE.
De hecho, el magistrado Ortiz le viene siguiendo el rastro a los pagos que hizo la campaña por publicidad y se solicitó la facturación electrónica del señor José Orlando Riveros Casas, quien de acuerdo con la plataforma del Registro Único Empresarial, es el representante de la empresa de publicidad Grafikar y —según los libros contables de la campaña— es quien recibió la mayor cantidad de dinero como persona natural: más de $2.200 millones por propaganda electoral.
Esta es la ponencia que estableció El Espectador:
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