La relación fragmentada con el Congreso, la crisis ministerial y la ola de violencia que se tomó el país atravesó la cumbre de los gobernadores con el presidente Gustavo Petro. Con varios pendientes en la lista de promesas para las regiones —que empieza con una ley de competencias para el Sistema General de Participaciones que no ha sido discutida con los mandatarios locales— el mandatario aterrizó cuatro horas después de lo esperado en el evento y sentó su posición en medio de los frentes de pelea que tienen a la Casa de Nariño buscando vías para llegar a consensos.
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Previo a la llegada del mandatario a la reunión, los gobernadores ya habían puesto sobre la mesa cuáles serían los tres puntos sobre los que harían énfasis ante Petro: la seguridad, con la ola de violencia que se tomó el Catatumbo y continúa en El Plateado; la autonomía regional; y la respuesta a la crisis ambiental, específicamente con la época de inundaciones, seguida por una de sequías, que dejó paralizadas a varias zonas del país.
Aunque cada uno de estos problemas fue mencionado extensamente por los representantes de los mandatarios, en voces de Nubia Carolina Córdoba (Chocó), William Villamizar (Norte de Santander) y Lucy García Montes (Sucre) —que en cada departamento enfrenta una crisis diferente—, en su discurso, el mandatario se refirió a sus viajes internacionales, nombró al general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa e incluso lanzó contra la Corte Constitucional, que actualmente estudia la denuncia contra la reforma pensional: Por ello, al final de su intervención, fue criticado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, para que respondiera a las peticiones de las regiones.
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Eso sí, otros temas tampoco pasaron de agache, menos cuando tres ministros de Petro se quedaron después de que el mandatario partiera para escuchar cada una de las protestas de los gobernadores: Gustavo García (Interior), Martha Carvajalino (Agricultura) y María Fernanda Rojas (Transporte). En medio de toda esa discusión, quedó la preocupación por la crisis fiscal que impactó al Gobierno —cuya ley de financiamiento se hundió en las comisiones económicas y se enfrenta a un presupuesto desfinanciado— y alrededor de lo cual los gobernadores presentaron sus preocupaciones por las bajas rentas que no han permitido el avance de sus proyectos.
Y, en ese punto, varios mencionaron que “no [tienen] los recursos para asumir rodas las competencias y situaciones de fondo”, como lo mencionó Córdoba, cuyo departamento pasa por una crisis de violencia por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Allí volvió a traerse a colación aquel polémico consejo de ministros televisado que dejó a una gran parte del gabinete en interinidad y que sigue sumando nuevos integrantes a sus filas. Los gobernadores que se dirigieron al mandatario, entre ellos Villamizar, fueron enfáticos en que siguen esperando las inversiones proyectadas y que la salida de Alexander López del Departamento Nacional de Planeación (DNP) solo terminaría por aplazar esa inversión, tasada en $10 billones que serían destinados al Catatumbo, Cauca y Nariño para planes territoriales de paz.
“Quisiéramos pedirle que el doctor Alexander no se fuera”, dijo el saliente presidente de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador Carlos Amaya (Boyacá). Y agregó: “Uno avanza con un equipo y luego llega otro equipo y tiene que volver a empezar”.
E incluso con una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada, para los gobernadores, todavía queda un largo trecho para solucionar el hueco fiscal que les respira en el cuello. Allí es donde entra otro de los pendientes del Gobierno: la ley de competencias que permitirá la implementación de esa modificación a la Constitución y que, hasta el momento, no ha sido compartido con quienes serían, justamente, los más beneficiados por la medida.
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Amaya tuvo que entrar a mediar con el presidente para que pudiera avanzar esa discusión —lo que habría ocurrido en ese encuentro entre los dos en Medio Oriente—, pues queda menos de un año para que se presente el proyecto y se logre su aprobación. Aunque con el proyecto de acto legislativo del SGP el trámite avanzó rápidamente después de que Juan Fernando Cristo llegara a la cartera de la política y se apropiara del liderazgo para obtener los apoyos necesarios —con guiño del mandatario incluido— faltará ver si el ministro García cuenta con la misma maestría para lograrlo.
“El acto legislativo lo hice apoyar por el Gobierno. El Congreso es autónomo con eso y también quería aprobarlo”, dijo.
El panorama tampoco está fácil para eso. La relación fragmentada con el Congreso deja varias dudas sobre si será posible que la reforma laboral como la de la salud puedan seguir su paso tranquilamente, o enfrentarse a ser hundidas. A todo eso no le sumó que el mandatario hablara de un paredón virtual para quienes votaran en contra de sus proyectos, así como la lista revelada por el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, con los nombres de los congresistas que presuntamente le habrían hecho recomendaciones para puestos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Ambos fueron, según dicen los pasillos del Congreso, un golpe para ambas cámaras, que ahora ven con más recelo a su vecino en la Casa de Nariño. Y por las demoras en la llegada del presidente, no pudo entablar un diálogo directo ni con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), ni con el del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quienes tuvieron que partir antes de que Petro llegara al recinto.
Un actor sería clave en esas negociaciones: Armando Benedetti, el jefe de despacho de Petro que fue mencionado, con nombre completo, por cada uno de los gobernadores que se pararon en el auditorio para dirigirse al mandatario. Mientras se mueve ente bancadas para asegurar los votos necesarios para los proyectos del Gobierno, desde las regiones esperan su maestría para concretar las promesas pendientes del Ejecutivo.
Aunque desde las regiones subrayaron la necesidad del trabajo articulado, planteado enfáticamente en las voces de Amaya y el entrante presidente de Fededepartamentos, el gobernador Erasmo Zuleta (Córdoba), la situación está lejos de ser armónica con todos los mandatarios. Y si bien el mensaje central fue de que “si le va bien al Gobierno [les] va bien a todos”, también volvieron al foco las relaciones difíciles que ha mantenido el Ejecutivo con algunos gobiernos locales. Específicamente, con Antioquia, cuyo gobernador, Andrés Julián Rendón, no asistió al evento.
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La situación se complica cuando se tiene en cuenta que el saliente Amaya tenía una marcada afinidad con el “Gobierno del cambio” y citas directamente con el presidente. Pero Zuleta ha mantenido las distancias y entrará a una línea de mayor oposición hacia la Casa de Nariño, así como su vicepresidenta, la gobernadora Córdoba, quien no lo ha pensado dos veces a la hora de reclamarle al Ejecutivo sus promesas incumplidas. Incluso, en esa misma línea entraría la gobernadora Rafaela Cortés (Meta), otra que también se ha plantado frente a la administración de Petro, cuando llegue a la cabeza de Fededepartamentos en 2026.
En esas tres horas en las que el mandatario estuvo en el recinto, las distancias entre las regiones y el Gobierno nacional se hicieron evidentes. En todo caso, el evento cerrará este jueves, en otro encuentro de mandatarios y, esta vez, con la presencia del procurador, Gregorio Eljach.
Lo cierto es que, en un año preelectoral, donde las regiones que apoyaron férreamente al mandatario son golpeadas por la violencia y las crisis fiscal, así como el cambio de gabinete, dejan vacíos en el Plan de Desarrollo, la Casa de Nariño tiene una lista de pendientes que, como ya lo había revelado el mismo mandatario, sigue creciendo.
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