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El Gobierno del presidente Gustavo Petro defendió en diversos escenarios lo que considera es la necesidad de declarar otra emergencia económica para atender la crisis invernal que se desató en el país, pese a los informes de diversas organizaciones, entre ellas la Contraloría y Colombia Compra Eficiente, que advirtieron que la contratación estatal en el primer mes de 2026 y antes de la Ley de Garantías se disparó hasta super los COP 30 billones.
Lo que busca el Ejecutivo son al menos COP 8 billones para atender la crisis en torno al frente frío que entró por el norte del territorio nacional, para lo cual —entre otras medidas— se anunció la imposición de un impuesto al patrimonio para15.000 grandes empresas que tengan patrimonios líquidos superiores a los COP 10.000 millones.
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“Los recursos para la reactivación no saldrán del presupuesto, pero sí habrá aumento en los fondos de compensación, financiados con los nuevos impuestos, con el objetivo de bajar la tasa de interés real para la producción de alimentos y agroindustria en toda la región, con destino a pequeños y medianos empresarios, y al campesinado en Urabá chocoano, Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre, Nordeste antioqueño, Mojana, depresión Momposina”, precisó Petro.
De hecho, durante el más reciente consejo de ministros televisado, que se realizó en la noche de este jueves en la Casa de Nariño, no solo se defendió este proceso sino que defendió la forma en que se aplicarán los nuevos gravámenes.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el impuesto al patrimonio contempla una tarifa de 0,6 % para patrimonios líquidos superiores a COP 10.000 millones y de 1,2 % para aquellos que estén por encima de los COP 31.000 millones.
“La tasa efectiva de tributación de personas jurídicas a medida que va aumentando el nivel de patrimonio va disminuyendo la tarifa efectiva de tributación. En promedio el valor de la tasa efectiva de tributación en personas jurídicas globalmente está en cerca del 28 %. Y particularmente en las grandes empresas empieza a disminuir hasta llegar al 21,3 %”, afirmó.
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En esa misma línea, el Ejecutivo se encuentra en una confrontación pública y verbal con la Corte Constitucional por haber suspendido la anterior emergencia económica, decretada desde el pasado 29 de diciembre, en la cual el foco era la recaudación de recursos para financiar el presupuesto y los programas oficialistas.
“Las circunstancias de la realidad y el sufrimiento de miles de colombianos desbordan cualquier análisis desde lo ideológico. Uno de los principios fundamentales del Estado es la solidaridad y el Gobierno requiere de las herramientas de la emergencia económica para darle una pronta ayuda a las familias damnificadas y que se pueda avanzar en una reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia”, precisó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al confirmar que se le pidió al alto tribunal levantar la suspensión de dicha emergencia.
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En medio de todo esto se conoció un nuevo informe, esta vez de la Contraloría, que pone bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en época electoral. El ente de control señaló que se presentó “un elevado número de contratos por valor de COP 32,88 billones durante el mes de enero y previo a la restricción”. De hecho, en el informe se detalla que solo en la última semana del mes pasado se movió el 45 % de esos recursos.
En el informe de la Contraloría se habla de 521.269 contratos de contratación directa firmados en enero. “El orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, y las corporaciones autónomas aportaron 7.961 contratos por $0,3 billones”, aclaró la entidad.
Para emergencia y estados de conmoción interior los empresarios pagaron en los gobiernos de Uribe y Santos, desde empresas más pequeñas, hasta 4,8% de sus patrimonios líquidos, mientras para la emergencia solo se habla de 0,6% de patrimonio líquido.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026
He pedido diferenciarlas… https://t.co/Br0oO1yopA
Así mismo, de estos datos llama la atención que las órdenes de prestación de servicios (OPS) en el orden nacional aumentaron en 56.842 contratos y COP 6,03 billones, esto en comparación con el mismo periodo de 2022, alcanzando 164.813 contratos por COP 14,87 billones en 2026, frente a los 107.971 que costaron COP 8,84 billones en 2022.
A esto se suma que un reciente informe de Colombia Compra Eficiente (CCE) reveló cuáles fueron las entidades que más contrataron previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Además, hizo un recopilado de todas las ciudades que más destinaron recursos en vinculaciones. De acuerdo con el director, Cristóbal Padilla Tejada, solo en enero se movieron COP 37 billones en total, una cifra que incluso supera a la estimada por la Contraloría.
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El informe revela que fue el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) la entidad que más realizó vinculaciones. En total, la entidad que dirige Jorge Londoño Ulloa, cuota de Alianza Verde, firmó 37.626 contratos que sumaron COP 1,7 billones. Después está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Astrid Cáceres, que firmó 15.627 contratos por un valor de COP 1,2 billones; la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, con 3.123 contratos (COP 508 mil millones); y el Ministerio de Educación de Daniel Rojas, con 966 contratos (COP 442 mil millones).
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