Plan de austeridad de Gobierno Petro limitará condiciones para empleados públicos

El Ministerio de Hacienda hará seguimiento del cumplimiento de la directiva presidencial.

Foto: Pexels

Gustavo Petro firmó una directiva presidencial el pasado 17 de septiembre (2022) que modificará las condiciones de muchos empleados públicos en el país, con el objetivo de impartir medidas para “fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público”, dice el documento.

Estas directrices deberán ser aplicadas por todas las entidades de la rama ejecutiva y, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Hacienda harán seguimiento a su cumplimiento.

(Lea: “Es importante que las reformas se hagan al inicio del mandato Petro”, jefe de la MOE-UE)

Dentro de las medidas se limitará la contratación por prestación de servicios de apoyo a la gestión, así como se hará mayor control sobre los viajes, vacaciones, vehículos, el arrendamiento de sedes y, hasta se adoptará una directriz para ahorrar servicios públicos al interior de las entidades.

Limitaciones a la contratación publica

De acuerdo con la directiva, las entidades públicas solo podrán celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión cuando “estos sean estrictamente necesarios por el volumen de trabajo que tenga a su cargo su personal de planta, o por la necesidad de conocimientos especializados”.

(Lea también: “Educación servirá de cimiento para la paz total: Petro ante la ONU”)

Sin embargo, de acuerdo con el texto, la necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente en los documentos precontractuales, haciendo explicito “las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo”.

Asimismo, no se podrán entregar contratos de este tipo a personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas, lo cual se debe verificar previamente en la plataforma del SECOP.

(Le invitamos a leer: “Los apoyos y rechazos políticos que despertó el diálogo entre gobierno y disidencias”)

Vacaciones para empleados públicos

La directiva prohibirá la indemnización de vacaciones y los “jefes de talento humano se encargarán de la planeación de los periodos de disfrute de vacaciones de todo el personal de planta desde el inicio de cada anualidad, y propenderán por el cumplimiento del plan anual de vacaciones”.

Viajes, comisiones y viáticos

Respecto a los viajes, las entidades “deberán justificar la necesidad de cada viaje y la razón por la cual no se utilizan los medios virtuales, así como el número de personas que viajarán, indicando la necesidad de su asistencia y el rol que cada una cumplirá”.

(Le podría interesar: “La guerra no sirve para nada”: Rodrigo Londoño)

Adicionalmente, de acuerdo con el texto se deberán planificar los viajes trimestrales con anticipación, especificando las fechas de los viajes requeridos durante el correspondiente trimestre, “con el objeto de optimizar el costo de los respectivos tiquetes, teniendo en cuenta que siempre se viajará en clase económica”, de acuerdo con la directiva.

Vehículos

“Sólo podrán asignar vehículos oficiales a funcionarios del nivel directivo y excepcionalmente con previa justificación, a funcionarios del nivel asesor (...) No podrá asignarse vehículos oficiales a contratistas”, a lo que se suma que debe avanzarse en la transición energética, reemplazando los vehículos que funcionen con combustibles fósiles por vehículos eléctricos u otras fuentes alternativas de energía.

(Lea: “Ellos rompen círculos de pobreza con la enseñanza de finanzas para niños y jóvenes”)

Servicios públicos y vigilancia

Asimismo, para ahorrar en servicio públicos como el agua y la luz, la directiva del presidente Petro también busca implementar medidas medioambientales y de ahorro, tal como “grifos y bombillos ahorradores, temporizadores, paneles solares”, al interior de las sedes de la entidades.

En este mismo sentido, para ahorrar, deberá evaluarse la posibilidad de implementar dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas u otros dispositivos, “con el fin de reducir contratos de vigilancia”, dice el documento.